El Gobierno ha reconocido que Ceuta acumula 2.218 expedientes de valoración de discapacidad pendientes de resolución, según la respuesta remitida a una batería de preguntas formuladas por los senadores del Partido Popular Cristina Díaz Moreno y Abdelhakim Abdeselam.

La contestación oficial confirma, además, que 1.751 de esos expedientes llevan más de seis meses de espera, por encima del plazo máximo establecido por el Real Decreto 888/2022. Esto supone que casi ocho de cada diez solicitudes pendientes se encuentran fuera del plazo legal, mientras que el tiempo medio de espera se sitúa actualmente entre un año y medio y dos años.

Para el Partido Popular, estos datos evidencian el colapso del sistema de valoración de la discapacidad en la ciudad y reflejan la situación de cientos de familias que esperan el reconocimiento de un derecho del que dependen prestaciones, ayudas y recursos esenciales.

Los populares critican también que el Ejecutivo no haya respondido de forma completa a varias de las cuestiones planteadas. Según señalan, el Gobierno no detalla cuántas personas llevan esperando más de un año o más de dieciocho meses, ni facilita el número de menores pendientes de valoración. Tampoco cuantifica cuántos ciudadanos han visto retrasado el acceso a prestaciones, ayudas o beneficios por no disponer a tiempo del reconocimiento de su grado de discapacidad.

En materia de dependencia, el Gobierno admite igualmente la existencia de expedientes pendientes de valoración y revisión. El PP considera esta situación “inaceptable” y recuerda que, al tratarse de una competencia gestionada directamente por el IMSERSO en Ceuta, corresponde al Gobierno de España garantizar una atención ágil y ajustada a los plazos legales.

La respuesta del Ejecutivo menciona una futura convocatoria de una plaza de médico, posibles contrataciones, reorganizaciones internas y formación del personal. Sin embargo, el Partido Popular reprocha que no se fije ninguna fecha para acabar con la lista de espera, ni objetivos concretos de reducción de expedientes, ni un calendario para volver a cumplir el plazo legal.

La senadora Cristina Díaz Moreno ha afirmado que “el propio Gobierno reconoce por escrito que miles de ceutíes esperan durante años el reconocimiento de un derecho básico”. “Detrás de cada expediente hay una persona y una familia que no puede acceder a prestaciones, apoyos o recursos esenciales porque la Administración no cumple los plazos que ella misma establece”, ha señalado.

“Los ceutíes exigimos soluciones. El Gobierno lleva años prometiendo mejoras que nunca terminan de llegar y esta respuesta vuelve a demostrarlo. Reconocen que existe un colapso, pero son incapaces de decir cuándo dejará de existir. Esa es la diferencia entre anunciar y gestionar. Mientras ellos anuncian, los ciudadanos siguen esperando”, ha añadido Díaz Moreno.

La senadora ha insistido en que Ceuta depende directamente del IMSERSO y que el Gobierno “no puede trasladar responsabilidades a otras administraciones”. A su juicio, la gestión es exclusivamente estatal y también lo es la obligación de garantizar que ningún ciudadano tenga que esperar hasta dos años para que se le reconozca un derecho previsto por ley.

El Partido Popular anuncia que continuará impulsando iniciativas parlamentarias para exigir una respuesta inmediata que permita normalizar el funcionamiento del Centro Base de Discapacidad, reforzar los equipos de valoración y garantizar que los ciudadanos de Ceuta reciban la atención que reclaman.