El Gobierno de Ceuta ha acordado este martes paralizar de forma cautelar el proceso selectivo de Obimasa para la cobertura de tres plazas de expertos forestales tras la controversia surgida en torno a las calificaciones del examen teórico y los vínculos familiares de algunos de los aspirantes que habrían obtenido la máxima puntuación.

La decisión ha sido anunciada por el portavoz del Ejecutivo, Alejandro Ramírez, quien ha explicado que el asunto ha sido abordado en su condición de presidente del Consejo de Administración de la sociedad municipal. Según ha detallado, los procesos selectivos de Obimasa están delegados en un tribunal designado conforme a las bases, que asume la elaboración, custodia y corrección de las pruebas, así como el desarrollo completo de la convocatoria.

El tribunal está presidido por el gerente de la empresa pública, mientras que el secretario y los vocales son trabajadores de la propia sociedad, siendo este órgano el responsable directo del procedimiento. Ramírez ha señalado que, tras recabar información con la dirección de la sociedad, se ha trasladado que el examen fue elaborado por el propio tribunal el día previo a su celebración y realizado bajo su supervisión.

La polémica se ha desatado tras la publicación de los resultados de un examen tipo test de 60 preguntas, en el que varios aspirantes habrían obtenido la máxima puntuación, un hecho que ha generado sorpresa en el ámbito político y sindical, especialmente tras conocerse la existencia de posibles relaciones familiares entre algunos de esos candidatos y personal vinculado a la empresa pública.

El portavoz ha confirmado que ya se han recibido escritos de varios grupos de la Asamblea solicitando información del expediente, y que ha mantenido contactos con estas formaciones antes de su comparecencia. Finalmente, el Gobierno ha optado por paralizar el proceso hasta que se aclaren todas las circunstancias y se disponga de toda la información necesaria, con el objetivo de garantizar la transparencia y la seguridad jurídica de la convocatoria.

Ramírez ha añadido que cualquier avance o decisión futura será comunicado tanto al Consejo de Administración de la sociedad como a la opinión pública, al tratarse de un proceso que afecta directamente a la cobertura de empleo público en la empresa municipal.