Hay una pregunta que los medios de Ceuta han evitado formular con precisión esta semana, a pesar de que los datos para hacerlo estaban sobre la mesa desde el primer día. No es si hubo irregularidades en las oposiciones de Obimasa para tres plazas de Experto en Medio Forestal. Es algo más incómodo: ¿cuántas leyes habrían podido vulnerarse simultáneamente en un solo proceso selectivo?

La respuesta, construida exclusivamente con hechos verificados y normas vigentes, es inquietante.

Lo que ocurrió, sin adornos

El 11 de junio de 2026, tres aspirantes al concurso-oposición convocado por Obimasa obtuvieron la máxima puntuación posible en la prueba teórica: 60 aciertos sobre 60 preguntas, sin un solo fallo. Estadísticamente, un resultado así es excepcional en cualquier proceso selectivo público. Que ocurra simultáneamente en tres personas distintas, en una prueba tipo test en la que los errores restan puntos, ya merecería explicación.

Pero hay un detalle que convierte la excepcionalidad estadística en algo mucho más difícil de ignorar. Los tres opositores que obtuvieron ese pleno mantienen vínculos familiares, más o menos directos, con trabajadores de la empresa municipal. Uno de ellos es sobrino del presidente del Comité de empresa. Otro es hijo de un trabajador. La tercera mantiene una relación de pareja con el hijo de otro empleado.

Hasta aquí, la noticia que sí se ha publicado. Lo que no se ha analizado es el andamiaje procesal que lo rodea.

El examen que se hizo el mismo día

El tribunal elaboró el examen el mismo día de la prueba, introduciendo el temario en herramientas de inteligencia artificial y solicitando la generación de 300 preguntas, distribuidas en tres bloques de 20. A continuación, se pidió un segundo examen y se entregó a los opositores una mezcla de ambas pruebas, de modo que no todos los aspirantes respondieron exactamente al mismo cuestionario. La corrección se realizó también el mismo día. 

Este punto merece detenerse. La elaboración del examen mediante IA el mismo día de la prueba, sin publicación previa de la plantilla de corrección ni verificación externa, abre tres vectores de vulnerabilidad jurídica que ningún medio ha desarrollado hasta ahora.

Las leyes que están en juego

El primer vector es la composición del tribunal. Fernando Ramos Oliva, director gerente de Obimasa, presidía el órgano calificador encargado de evaluar el proceso. (El Periódico de Ceuta) El artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), establece que los órganos de selección deben actuar con imparcialidad, profesionalidad e independencia, y excluye expresamente a las personas de designación política de estos órganos. El gerente de Obimasa es un cargo de designación directa del Gobierno local. Su presencia al frente del tribunal no es un matiz: es una incompatibilidad que el propio TREBEP señala con claridad.

El segundo vector es la custodia y la integridad del examen. La elaboración de la prueba el mismo día de su realización, mediante herramientas de IA sin supervisión externa y sin publicación previa de criterios de corrección, contraviene los principios del artículo 55 del TREBEP, que exige que los procedimientos de acceso al empleo público se rijan por los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Una prueba que no es igual para todos los opositores porque los cuestionarios mezclados podían tener niveles de dificultad distintos pone en cuestión el principio de igualdad en su formulación más básica.

El tercer vector es el que nadie ha nombrado todavía: la vigilancia del proceso. La vigilancia del examen estuvo a cargo de tres ayudantes pertenecientes a la propia plantilla de Obimasa. En un proceso donde los aspirantes con mejores resultados mantienen vínculos familiares con empleados de la misma empresa, que sean precisamente esos empleados quienes controlen la sala constituye un conflicto de interés documentado y verificable.

El antecedente que hace más grave el presente

Las oposiciones de Obimasa no tienen historial limpio. Un proceso selectivo anterior desarrollado en la misma empresa también generó recursos y terminó en los tribunales, en aquella ocasión a raíz de una disputa en la valoración de méritos de uno de los aspirantes. 

Una irregularidad aislada puede ser un error. Dos procesos consecutivos con dudas documentadas sobre su imparcialidad configuran un patrón. Y los patrones, en Derecho Administrativo, tienen consecuencias distintas a los episodios puntuales.

La reacción que revela más de lo que pretende

El propio consejero de Medio Ambiente y presidente del Consejo de Administración de Obimasa, Alejandro Ramírez, reconoció en una reunión interna su extrañeza ante los resultados. Su reacción pública, sin embargo, fue invitar a presentar denuncia y recurso ante el propio tribunal que preside el gerente cuestionado. Es decir: ante la sospecha de que el órgano evaluador puede no ser imparcial, la solución propuesta es recurrir ante ese mismo órgano.

El artículo 112 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común reconoce el derecho a interponer recursos administrativos. Pero cuando el órgano que debe resolver el recurso de reposición es el mismo que preside quien está en el centro de las dudas, el remedio propuesto por el consejero no es una garantía: es una trampa procesal.

Lo que la oposición hace y lo que debería hacer

El PSOE ha exigido la paralización cautelar del proceso y ha advertido de que, si el Gobierno no facilita las plantillas de corrección y el expediente completo, trasladará toda la documentación a la Fiscalía de Ceuta. CCOO ha solicitado el expediente íntegro y ha puesto sus servicios jurídicos a disposición de los aspirantes afectados. Ceuta Ya! ha registrado formalmente su petición de documentación ante la Consejería de Medio Ambiente. 

Todo esto está bien. Pero hay una pregunta que ninguna de estas formaciones ha respondido públicamente: ¿por qué esperar a que el Gobierno entregue o no la documentación para ir a la Fiscalía? Los indicios documentados son ya suficientes para fundamentar una denuncia por presunta vulneración de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público, recogidos en el artículo 23.2 de la Constitución Española, y para solicitar la adopción de medidas cautelares ante la jurisdicción contencioso-administrativa con base en el artículo 130 de la Ley 29/1998 reguladora de dicha jurisdicción.

La paralización del proceso no requiere esperar la entrega voluntaria del expediente. Requiere voluntad de ejercer las acciones legales disponibles.

El contexto que lo convierte en sistémico

Este proceso no ocurre en el vacío. Ocurre en una empresa municipal que forma parte del mismo conglomerado de Obimasa, Servilimpce y ACEMSA, las tres bajo un único mando ejecutivo no electo, en un momento en que ACEMSA tiene un proceso penal abierto en la Fiscalía por indicios de prevaricación, tráfico de influencias e información privilegiada. El propio Mohamed Mustafa ha advertido del miedo que esta situación está generando entre quienes se preparan para los próximos procesos selectivos de Servilimpce y ACEMSA.

Ese miedo no es irracional. Es la respuesta lógica de ciudadanos que observan un patrón y sacan conclusiones.

La prueba práctica está convocada para el 3 de julio

La siguiente fase del proceso, una prueba práctica sobre manejo de maquinaria forestal está prevista para el 3 de julio, con el mismo tribunal al cargo. La valoración de esa prueba es subjetiva. Si el proceso no se paraliza antes de esa fecha, las dudas sobre la prueba teórica quedarán enterradas bajo una segunda evaluación que el mismo órgano cuestionado habrá calificado.

El reloj corre. Y la pregunta sigue sin respuesta pública: ¿a qué esperan?