El Tribunal Supremo ha hecho pública este lunes la esperada sentencia del conocido como 'caso mascarillas', imponiendo duras penas de prisión al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, a su exasesor, Koldo García, y al empresario Víctor de Aldama por las adjudicaciones irregulares de contratos de material sanitario durante la pandemia. La resolución, adoptada por unanimidad de la Sala Penal, considera acreditada la existencia de una trama que se aprovechó de la posición institucional de Ábalos para obtener beneficios económicos y favores personales

La sentencia condena a Ábalos a 24 años y tres meses de prisión por los delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. Aunque la suma de las penas supera las dos décadas, el máximo efectivo de cumplimiento queda fijado en 16 años y medio. El alto tribunal considera probado que el exministro utilizó su posición para favorecer intereses privados a cambio de contraprestaciones económicas y beneficios personales.

Por su parte, Koldo García ha sido condenado a 19 años y ocho meses de cárcel, con un límite máximo de cumplimiento de 15 años. Los magistrados entienden que desempeñó un papel esencial en el funcionamiento de la trama, actuando como intermediario entre las empresas beneficiadas y las estructuras del Ministerio de Transportes.

La condena más reducida corresponde al empresario Víctor de Aldama, sentenciado a cuatro años y medio de prisión. Sin embargo, el Supremo ha acordado suspender su ingreso en la cárcel debido a su colaboración con la Justicia, una cuestión que había generado debate entre los magistrados durante los últimos días previos al fallo. Para mantener ese beneficio deberá cumplir varias condiciones, entre ellas no delinquir, presentar informes periódicos sobre su actividad y realizar trabajos en beneficio de la comunidad.

Durante el juicio, que se prolongó durante 14 sesiones y quedó visto para sentencia a principios de mayo, la Fiscalía sostuvo que existía una organización criminal encabezada por Ábalos y articulada junto a Koldo García y Aldama para influir en adjudicaciones públicas relacionadas con la compra de mascarillas durante la emergencia sanitaria. Las defensas rechazaron esas acusaciones y solicitaron la absolución de los procesados.

La resolución judicial tiene además una importante trascendencia política y judicial. Se trata de la primera sentencia del entramado investigado en torno al caso Koldo y podría influir en otras causas que continúan abiertas en la Audiencia Nacional relacionadas con contratos públicos, presuntas comisiones y otras adjudicaciones investigadas.