Hay una pregunta que ningún medio de Ceuta ha formulado con claridad, aunque los datos para hacerlo llevan meses sobre la mesa. ¿Por qué el Gobierno de Juan Vivas ha decidido concentrar el mando ejecutivo de las tres principales empresas municipales del área de Medio Ambiente en una sola persona, precisamente mientras una de ellas tiene un proceso penal abierto en la Fiscalía?

La respuesta oficial no existe. Nadie la ha pedido con esa formulación exacta. Este artículo lo hace.

El hombre del que hablamos, Juan Manuel Sánchez Valderrama es gerente de ACEMSA y en 2026 ha pasado además a ejercer el mando superior sobre Obimace y Servilimpce, las otras dos grandes empresas municipales del área de Medio Ambiente.

No es un nombramiento menor. Las tres entidades gestionan el agua, la limpieza urbana y el mantenimiento de infraestructuras de una ciudad con 85.000 habitantes. Su presupuesto combinado supera los 80 millones de euros anuales en subvenciones públicas,  solo ACEMSA recibió en 2025 subvenciones por valor de 45.752.280 euros. 

Sánchez Valderrama no es un cargo electo. No responde ante la ciudadanía. Es designado por el Gobierno del PP y su continuidad depende exclusivamente de la voluntad de Juan Vivas.

Lo que dice la Fiscalía

Esto es lo que nadie ha puesto en el centro del debate: la Fiscalía aprecia indicios de prevaricación, tráfico de influencias y utilización continuada de secreto e información privilegiada por funcionario público en relación con ACEMSA. Un trabajador de la empresa se habría concertado con otro empleado de Emvicesa, vinculado a una empresa de construcción, para amañar la adjudicación de obras públicas, facilitando a la empresa favorecida información sobre expedientes antes de su publicación oficial.

Hay un proceso penal en curso. Con indicios formalmente apreciados por el Ministerio Público. En ese contexto institucional, el Gobierno local no ha considerado necesario revisar el modelo de gobernanza de la empresa ni explicar públicamente sus criterios de gestión. Al contrario: ha ampliado el perímetro de mando del mismo gerente.

El patrón contable que el interventor ya documentó

El informe del interventor municipal fue taxativo: la causa de la situación financiera de ACEMSA radica en que la empresa asumió más compromisos de los que podía afrontar con sus recursos, a pesar de que los ingresos se percibieron con normalidad y en las cantidades previstas. El problema no es de ingresos, sino de gestión del gasto.

Dicho con toda claridad: los datos oficiales descartan que la crisis financiera de ACEMSA se deba a que los ciudadanos no paguen. Los ciudadanos pagaron. El dinero entró. El problema está en cómo se gastó.

Y aun así, la empresa acumula una deuda con proveedores de obras, servicios y suministros de 8.084.037 euros, frente a un saldo bancario de apenas 700.000 euros, lo que hace materialmente imposible atender los compromisos pendientes a corto plazo.

La contratación: un año sin papeles

La semana pasada se añadió un nuevo episodio. El MDyC denunció que ACEMSA aprobó reconocimientos extrajudiciales de deuda que superan los 160.000 euros por servicios prestados sin contrato. En el caso de Limpiezas Ceuta S.L., los servicios se habrían prestado sin contrato durante más de un año. Los localistas advirtieron que el fraccionamiento de contratos está expresamente prohibido por la Ley de Contratos del Sector Público. 

Esto no es un error administrativo puntual. Es un patrón documentado y reiterado. Las cuentas de 2023 incluían ya 10 millones de euros distribuidos en 233 contratos menores, a razón de un contrato por día laborable, lo que generó dudas fundadas sobre si se utilizó para fragmentar contratos de mayor cuantía, algo expresamente prohibido por la Ley de Contratos del Sector Público. 

La obra que nunca termina y el crematorio que nadie pidió

Si quedaba alguna duda sobre el estilo de gestión, el último episodio la despeja. El consejero Alejandro Ramírez y el propio Sánchez Valderrama acudieron al Consejo de Administración de ACEMSA con una propuesta para introducir un crematorio de mascotas dentro de la obra de la nueva base de Servilimpce, elevando el coste del espacio en 1.395.000 euros adicionales sobre los 8,1 millones inicialmente presupuestados. Miembros del Consejo de Administración interpretaron el movimiento como un intento de sortear trámites legales preceptivos. 

Para lo que sí hay plazo, aparentemente, es para gastar. Para licitar correctamente, los plazos no aparecen.

La pregunta que exige respuesta pública

El ordenamiento jurídico español dispone de instrumentos precisos para estas situaciones. El artículo 432 del Código Penal tipifica la malversación de caudales públicos. El artículo 404 tipifica la prevaricación administrativa cuando una autoridad dicta resoluciones arbitrarias a sabiendas de su injusticia. El artículo 262 de la Ley de Contratos del Sector Público establece que el fraccionamiento fraudulento de contratos para eludir los umbrales de publicidad constituye una infracción grave.

La Fiscalía ya aprecia indicios en relación con ACEMSA. Los partidos de la oposición han denunciado irregularidades en múltiples ocasiones ante el Consejo de Administración, sin que ninguno, hasta la fecha, haya trasladado formalmente al Ministerio Fiscal el patrón sistemático de contratación irregular que ahora se extiende ya a tres empresas bajo un mismo mando.

Esa es la pregunta que este artículo deja sobre la mesa: si hay indicios de prevaricación en ACEMSA, si el interventor municipal ha documentado una gestión del gasto manifiestamente deficiente, y si el fraccionamiento de contratos es una práctica reiterada y reconocida, ¿por qué ningún grupo político ha presentado una denuncia formal ante la Fiscalía que abarque el conjunto del patrón y no solo sus episodios individuales?

La respuesta, probablemente, sea tan incómoda como la pregunta.