El 10 de febrero de este año, Juan Jesús Vivas cumplió 25 años al frente de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

Veinticinco años. Un cuarto de siglo. El presidente autonómico con más tiempo ininterrumpido en el cargo en toda España.

Hubo acto. Hubo elogios. Hubo aplausos. Y en medio de todo eso... hubo una frase. Una sola frase que pasó casi desapercibida entre los halagos. El propio Vivas admitió, ante los medios, que Ceuta arrastra competencias sin desarrollar... y que el Estatuto de Autonomía tiene, en sus palabras, "margen por explorar".

Una frase dicha de pasada.

Pero quien lleva veinticinco años gobernando... no puede decirla de pasada.

Vamos a empezar por el principio, porque esto tiene miga jurídica pero también consecuencias muy concretas para la vida de los ceutíes.

Cuando en 1995 se aprobó el Estatuto de Autonomía de Ceuta la Ley Orgánica 1/1995 se le otorgaron a la Ciudad competencias sobre 25 materias. Veinticinco. Urbanismo, patrimonio cultural, turismo, protección de menores, comercio interior, espectáculos públicos, casinos y juegos... la lista es larga y relevante.

El problema es que Ceuta tiene una limitación estructural que la distingue del resto de comunidades autónomas: su Asamblea no tiene capacidad legislativa propiamente dicha. No puede aprobar leyes con el mismo rango que las que aprueban los parlamentos de Andalucía, Cataluña o Madrid. Lo que puede hacer es aprobar reglamentos. Normas de desarrollo. Reglas de organización interna.

Es una diferencia importante. Pero no es una excusa para no hacer nada.

Y aquí viene el dato que más me llama la atención: en más de dos décadas de vigencia del Estatuto, la Asamblea de Ceuta ha aprobado únicamente 56 reglamentos. Cincuenta y seis. Eso supone un ritmo de 2,4 reglamentos por año... en una institución con competencias sobre 25 materias distintas.

Hagan el cálculo.

Ahora bien, seamos justos. Algo hay. Si uno revisa el portal normativo oficial de la Ciudad Autónoma encuentra algunos reglamentos propios: uno de Turismo, de 2010. Reglamentos sobre Patrimonio Cultural, de 2000 y 2001. Un Reglamento de Protección del Patrimonio Documental, de 2003. Y el Reglamento del Área de Menores, de 2001.

Bien. Existen. Eso hay que reconocerlo.

Pero fíjense en las fechas. El más reciente es de 2010. El de Menores es de 2001.

Dos mil uno.

Desde entonces han entrado en vigor la LOPIVI, la Ley Orgánica de protección integral a la infancia frente a la violencia, en 2021. Han cambiado las normas del Código Civil sobre tutela. Ha habido modificaciones sustanciales en la legislación de protección de menores. Y este mismo año 2025 el Gobierno aprobó un Real Decreto-ley específico sobre menores no acompañados que dice, sin ambigüedades, que Ceuta y Melilla han asumido con carácter exclusivo las competencias en materia de infancia y servicios sociales.

Competencia exclusiva. Y el reglamento que regula esa competencia tiene 25 años.

Un reglamento de 2001 no puede dar respuesta a la realidad de 2026. Pero sigue siendo la norma aplicable.

Permítanme detenerme aquí, porque este es el punto más grave.

Ceuta, por su posición geográfica, es uno de los territorios de España donde la llegada de menores extranjeros no acompañados ha sido más intensa y más constante. Hubo una crisis grave en 2006. Otra en 2010. La crisis de mayo de 2021 que dio la vuelta al mundo. Y la presión no ha cesado desde entonces.

El Estado, en el Real Decreto-ley de 2025, lo reconoce formalmente: sobre Ceuta recae la responsabilidad exclusiva de proteger, tutelar y atender a esos menores.

Y Ceuta lleva todo ese tiempo gestionando esa responsabilidad exclusiva con un marco normativo propio que tiene un cuarto de siglo de antigüedad.

Ningún parlamento autonómico de la España peninsular aceptaría afrontar una crisis de esa envergadura con una norma así de envejecida. Nadie lo consentiría. Y si ocurriera, sería noticia.

En Ceuta, en cambio, pasa. Y no es noticia.

Sé lo que algunos van a decir. Lo escucho antes de que lo digan.

"Es que Ceuta no tiene capacidad legislativa como las comunidades autónomas. No se le puede pedir lo mismo."

Entendido. Pero eso no cierra el debate, lo abre.

Porque el propio análisis jurídico del Estatuto publicado, verificable dice algo muy claro: la Ciudad de Ceuta, sin necesidad de que el Estado le dé permiso expreso, puede dictar reglamentos propios sobre las materias que le han sido atribuidas. Puede hacerlo con autonomía. Puede actualizar sus normas. Puede desarrollar su marco legal en los ámbitos donde tiene competencia.

Ese margen existe desde 1995. Lleva 31 años existiendo. Y ha sido, en buena medida, ignorado.

No estamos hablando de pedir más poder al Estado. Estamos hablando de ejercer el que ya se tiene.

Se ha hablado mucho en estos días de la estabilidad que da el largo mandato de Vivas. Y es un argumento con parte de razón: la continuidad permite planificar, da coherencia, evita los vaivenes que sufren otras administraciones.

Pero hay una confusión que conviene deshacer.

Estabilidad institucional no es lo mismo que desarrollo institucional.

Una administración puede llevar 25 años en el mismo sitio... y seguir teniendo las mismas normas de hace 25 años. Puede haber gestionado sin grandes sobresaltos... y haber dejado sin desarrollar el marco legal que la ciudad necesita.

La estabilidad es condición necesaria. No es condición suficiente.

Y cuando al cabo de un cuarto de siglo el propio presidente reconoce que hay competencias sin desarrollar y margen por explorar... lo que esa frase dice, entre líneas, es que eso que quedó pendiente podría haberse hecho. Y no se hizo.

Las elecciones a la Asamblea de Ceuta están previstas para 2027. Queda tiempo. Pero no tanto.

Lo que deberíamos exigir a cualquier candidato o candidata que aspire a gobernar Ceuta no es que pida más competencias al Estado. Es algo más sencillo y más concreto: que diga qué marcos normativos propios se compromete a aprobar, en qué materias, y en qué plazos.

¿Qué harán con el Reglamento de Menores, que tiene 25 años? ¿Cuándo van a actualizar los instrumentos que regulan la atención a los más vulnerables de nuestra ciudad? ¿Tienen un plan para desarrollar las competencias que el Estatuto lleva tres décadas ofreciendo y que nadie ha terminado de usar?

Esas son las preguntas que merecen respuesta pública.

Vivas tuvo razón en reconocer que queda margen por explorar.

Lo que no dijo... y nadie le preguntó... es por qué ese margen lleva 25 años esperando.