Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han personado este miércoles en la sede federal del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, para entregar un requerimiento judicial de documentación en el marco de la investigación que dirige el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sobre el denominado ‘caso Leire’.

Según fuentes jurídicas consultadas por la Cadena SER, se investiga si existió una supuesta operación de 'fontanería' mediante la exmilitante Leire Díez para impedir que progresasen procedimientos judiciales que afectasen al PSOE o al entorno del presidente del Gobierno.

Para tal efecto, se habrían llevado a cabo operaciones de desprestigio de jueces, fiscales o de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, entre otros. Los investigadores tienen indicios de que el PSOE habría pagado por esos servicios y el juez ha enviado un requerimiento este miércoles a la sede socialista para confirmar o descartar este extremo.

La SER también ha informado de que el juez Pedraz ha imputado al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán; al exconsejero andaluz Gaspar Zarrías; y al empresario amigo de Leire Díez, Javier Pérez Dolset, así como al abogado Ismael Oliver por delitos de organización criminal, diversos cohechos, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado.

También se incrimina -al menos como cómplice- a la nueva gerente del PSOE, Ana María Fuentes, a quien le atribuye un posible delito de falsedad en documento mercantil por la emisión de facturas falsas. El juez también investiga al abogado Jacobo Teijelo y al guardia civil Juan Sánchez por delitos de revelación de secretos, cohecho y contra las instituciones del Estado.

El magistrado considera que la actividad presuntamente delictiva investigada es grave, tanto por las penas que pudieran imponerse como por el elevado importe de las transacciones económicas objeto de investigación, por lo que considera proporcionados los requerimientos acordados. Además de los requerimientos practicados, añade la Cadena SER, el juez ha ordenado el registro de los domicilios de Gaspar Zarrías, Pérez Dolset y de Santos Cerdán, considerado el líder de la trama.

"Máxima colaboración"

Desde Ferraz, han insistido en que no se trata de un registro policial, sino de un requerimiento de información solicitado por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. El PSOE ha trasladado públicamente su “absoluta disposición” a colaborar con la Justicia y ha negado que las diligencias estén relacionadas con una presunta financiación irregular del partido.

La entrada de la UCO en Ferraz ha provocado una fuerte reacción política en Madrid y ha intensificado la presión sobre el Gobierno de Pedro Sánchez, que este miércoles se encuentra en Roma. Desde Moncloa y la dirección federal socialista se ha reiterado el mensaje de “máxima colaboración” con las actuaciones judiciales y de respeto al procedimiento abierto por la Audiencia Nacional.