La implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales en el INGESA de Ceuta, prevista a partir del próximo 1 de junio, ha abierto un nuevo frente de confrontación entre la Administración sanitaria y los sindicatos, que mantienen posiciones enfrentadas sobre el impacto real de la medida en el funcionamiento de la sanidad pública.

Desde Comisiones Obreras se valora positivamente la reducción horaria como una “reivindicación histórica” de los trabajadores, aunque advierte de que su aplicación puede generar un aumento de la sobrecarga laboral si no se acompaña de un refuerzo suficiente de las plantillas. El sindicato sostiene que tanto la Atención Primaria como el Hospital Universitario soportan actualmente una elevada presión asistencial y teme que la reducción de jornada termine afectando a la calidad del servicio.

Entre sus propuestas, CCOO plantea el cierre de los centros de salud los sábados y que la atención en esa franja sea asumida por el SUAP, con un aumento específico de personal. La organización sindical considera que mantener abiertos los centros durante los fines de semana obligaría a redistribuir efectivos en detrimento de los días laborables, donde se concentra la mayor demanda asistencial.

Además, el sindicato reclama la apertura urgente de una mesa de negociación para adaptar el funcionamiento del SUAP y del 061 al nuevo marco horario, al entender que la normativa actual se encuentra desfasada y no contempla la implantación de las 35 horas.

Postura institucional

Frente a estas críticas, el INGESA ha respondido con dureza mediante un comunicado en el que acusa a algunos representantes sindicales de difundir “bulos”, “errores” y “falsedades” sobre la nueva regulación. El organismo defiende que la medida supondrá una reducción de hasta 119 horas anuales para gran parte de la plantilla, manteniendo intactas las retribuciones, e incluso una disminución mayor en los servicios con turnos rotatorios y nocturnos.

La Administración sanitaria subraya además que el INGESA es uno de los primeros organismos de la Administración General del Estado en confirmar la aplicación efectiva de las 35 horas desde el 1 de junio. También insiste en que la nueva resolución incorpora mejoras relacionadas con permisos, conciliación y flexibilidad horaria, rechazando que exista “merma de derechos consolidados” para los trabajadores.

El cruce de declaraciones evidencia la tensión existente entre ambas partes a pocos días de la entrada en vigor de la nueva jornada laboral. Mientras los sindicatos exigen más recursos humanos y una reorganización del sistema sanitario para evitar un deterioro asistencial, el INGESA defiende que la medida supone un avance laboral sin precedentes y acusa a algunos sectores de mantener una campaña de desinformación sobre sus efectos reales.