Los datos y los hechos desmienten cualquier intento de minimizar la amenaza. El sur de España ha dejado de ser solo una puerta de entrada del hachís para convertirse en un espacio de convergencia de rutas, métodos y organizaciones con una capacidad logística y financiera extraordinaria. El Departamento de Seguridad Nacional ha advertido de una mayor agresividad de los narcotraficantes y de su capacidad ofensiva, incluido el uso de armamento de guerra, mientras el propio Estado reconoce la extensión del fenómeno hacia nuevas zonas como Huelva o el entorno del Guadalquivir. A ello se suma la constatación de que las narcolanchas no son ya una excepción, sino parte de un paisaje criminal cada vez más estable y desafiante. 

Es verdad que el Ministerio del Interior exhibe balances de operaciones, detenciones e incautaciones. Y sería injusto negar el esfuerzo diario de la Guardia Civil, la Policía Nacional, Vigilancia Aduanera y los órganos judiciales. Pero precisamente ahí está el núcleo del problema: una cosa es el sacrificio de los servidores públicos y otra muy distinta la suficiencia de la estrategia política que los sostiene. Que aumenten las incautaciones o la presión policial no significa que el Estado haya recuperado la iniciativa. A menudo significa, más bien, que los agentes están conteniendo como pueden una amenaza que no deja de mutar, expandirse y elevar su nivel de violencia.

La falta de medios humanos y materiales es, a estas alturas, un reproche estructural. No se combate a organizaciones que operan con inteligencia, dinero, tecnología, potentes embarcaciones y armamento creciente con plantillas tensionadas, medios marítimos insuficientes, desgaste acumulado y cobertura desigual sobre el terreno. Cuando los narcotraficantes pueden elegir rutas, desplazar bases, vigilar movimientos de las fuerzas de seguridad y explotar la geografía del litoral y de los ríos, cada carencia del Estado se convierte en una ventaja para el delincuente. El resultado es demoledor: los agentes se ven obligados a asumir riesgos extraordinarios mientras los clanes elevan su audacia con la convicción de que el sistema llega tarde a casi todo. No es casual que asociaciones profesionales de la Guardia Civil y sindicatos policiales lleven años alertando de una desproporción cada vez más obscena entre lo que tienen los agentes y lo que despliega el narco. Cuando esas mismas organizaciones denuncian que en el flanco sur podrían moverse ya cientos de narcolanchas —con estimaciones que sitúan la cifra por encima de las 600—, lo que están describiendo no es un exceso retórico, sino la sensación de haber perdido el monopolio de la presencia efectiva en amplias zonas del litoral. Y los narcos parten y desarrollan sus operaciones desde la logística que se establece, por los criminales, en Marruecos con conexiones en el sur de España.

A esa insuficiencia material se añade otra no menos grave: la inseguridad jurídica percibida por quienes están en primera línea. Ningún servidor público debería verse forzado a elegir, en cuestión de segundos, entre proteger su vida y la de terceros o temer que cualquier actuación decidida quede después sometida a un escrutinio descontextualizado. El flanco sur necesita respaldo legal claro, protocolos operativos actualizados y reglas de enfrentamiento inequívocas, proporcionadas y adaptadas a un escenario donde el narco ya no actúa como simple transportista clandestino, sino como una estructura criminal dispuesta a intimidar, embestir, corromper y, llegado el caso, matar. En ese contexto, la reclamación constante de asociaciones de la Guardia Civil y sindicatos de la Policía para que ambos cuerpos sean reconocidos como profesiones de riesgo no es un privilegio corporativo, sino la exigencia mínima de que el Estado admita la naturaleza real del trabajo que les exige. Esa petición, reiterada durante años, sigue tropezando con dilaciones, bloqueos y evasivas políticas que resultan todavía más difíciles de justificar después de cada tragedia. Un Estado de derecho fuerte no es el que duda siempre; es el que fija límites nítidos, protege a sus agentes y exige responsabilidades con seguridad jurídica.

Además, reducir esta crisis a una sucesión de operaciones policiales sería un error de diagnóstico. El narcotráfico erosiona la autoridad del Estado, degrada la convivencia, contamina economías locales y normaliza entre demasiados jóvenes la idea de que la ley es negociable y el delito rentable. Allí donde el poder público aparece intermitente, el narco ocupa espacio simbólico y material: compra silencios, impone miedos y exhibe una impunidad que destruye la confianza ciudadana. Lo que está en juego no es solo la seguridad de una franja costera, sino el principio mismo de que en España manda la ley y no el clan mejor armado.

Por eso resulta insuficiente la respuesta del Gobierno cuando se limita a defender balances, anunciar refuerzos parciales o reaccionar tras cada tragedia. El flanco sur necesita una política de Estado sostenida, no una cadena de respuestas coyunturales. Hace falta reforzar de verdad las plantillas, modernizar los medios marítimos y tecnológicos, blindar el apoyo judicial y fiscal, mejorar la coordinación entre cuerpos y asumir, sin eufemismos, que nos enfrentamos a organizaciones criminales con capacidad paramilitar en algunos escenarios. También hace falta escuchar de una vez a quienes llevan años avisando desde dentro: asociaciones profesionales y sindicatos que reclaman más medios, más protección jurídica y el reconocimiento de Policía Nacional y Guardia Civil como profesiones de riesgo sin que el Gobierno haya dado una respuesta a la altura. Las últimas muertes de dos guardias civiles en aguas de Huelva, en plena persecución de una narcolancha, no pueden despacharse como un episodio aislado ni como una desgracia inevitable del servicio o denominada de "accidente laboral" que dijo la candidata del PSOE a las elecciones de Andalucía y la no presencia del ministro Marlaska en el entierro de estos dos servidores públicos. Son, además de una tragedia humana, una enmienda dolorosa a años de advertencias ignoradas. Y la pitada al ministro del Interior en el último acto celebrado en Baeza, protagonizada por asistentes, familiares y entorno del cuerpo cuando evocó a los agentes fallecidos, no debería leerse como una mera falta de protocolo, sino como un síntoma visible del profundo desgaste de la confianza y del rechazo que su gestión provoca en amplios sectores de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Lo verdaderamente irresponsable no es decirlo con crudeza, sino seguir administrando el problema como si bastara con aguantar. España no puede permitirse que sus servidores públicos peleen en inferioridad mientras el narco gana terreno, confianza y capacidad de fuego. La primera obligación del Estado es garantizar que quienes lo defienden no sean enviados a esa batalla con menos medios, menos respaldo y más dudas que sus enemigos.