La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) ha advertido de la “grave situación” que atraviesan las pymes en España y ha atribuido su empeoramiento al deterioro del diálogo social con el Ministerio de Trabajo. La organización asegura que la exclusión de las patronales de debates clave evidencia un alejamiento de la realidad empresarial y eleva el riesgo para el tejido productivo, en el que las pequeñas y medianas empresas concentran el 99% de las compañías del país.

En su argumentario, CEPYME recuerda que el artículo 7 de la Constitución Española ampara la libertad de organización de las asociaciones empresariales y su derecho a defender los intereses económicos y sociales de sus miembros. Bajo esa premisa, la patronal insiste en que su posición no pretende “obstaculizar” la acción del Ejecutivo, sino ejercer una defensa legítima de las pymes ante medidas que —sostiene— impactan de forma directa en su supervivencia y competitividad.

La confederación asegura que representa a las pymes españolas a través de una red de organizaciones territoriales, provinciales y sectoriales, un entramado que, según subraya, refuerza la cohesión interna y le permite trasladar al Gobierno una visión “directa” de la realidad de cada territorio y actividad.

Entre los principales obstáculos, CEPYME sitúa el exceso de burocracia y la sobrerregulación, que —advierte— disparan los costes administrativos y restan tiempo y recursos a la actividad productiva. El impacto, añade, es especialmente severo en las microempresas, que a menudo carecen de estructura para asumir nuevas cargas.

A esta situación se suma, según la patronal, una elevada presión fiscal y el incremento de los costes laborales y operativos. CEPYME menciona, entre otros factores, las subidas del salario mínimo y la incorporación de nuevas obligaciones laborales, elementos que reducirían márgenes y dificultarían la inversión. La vulnerabilidad de la microempresa, las dificultades para acometer la digitalización, la incertidumbre normativa y la falta de seguridad jurídica completan un escenario que, a su juicio, requiere medidas inmediatas.

La organización avisa de que, de no corregirse el rumbo, el impacto se traducirá en más cierres de comercios, mayor despoblación y una pérdida de cohesión territorial.

Por ello, CEPYME reclama al Gobierno un diálogo social “efectivo y transparente” que incorpore las necesidades reales de las pymes y evite decisiones unilaterales que, sostiene, comprometen la inversión, la competitividad y la estabilidad económica. Entre sus propuestas, pide medidas diferenciales y proporcionales, incentivos fiscales y acompañamiento para acelerar la digitalización.

La patronal reafirma, además, su compromiso con un crecimiento “sostenible” de las pymes y con un modelo económico basado en la competitividad, la innovación y la creación de empleo, en coordinación con sus organizaciones territoriales, provinciales y sectoriales.

CEPYME concluye que seguirá trabajando para que “la voz de las pymes” se escuche y para participar en todas las decisiones que condicionan su futuro.