La lucha contra el narcotráfico en el sur de España ha vuelto a poner sobre la mesa una vieja reivindicación de los cuerpos de seguridad: contar con un protocolo específico que permita neutralizar narcolanchas en plena persecución marítima.

La posibilidad de autorizar disparos dirigidos a los motores de estas embarcaciones habría sido planteada hace aproximadamente un año en reuniones operativas entre mandos policiales y responsables del Ministerio del Interior, aunque finalmente no salió adelante, según informa este martes el periódico La Razón.

El asunto ha recuperado fuerza tras el último episodio mortal registrado en aguas del litoral andaluz, un nuevo golpe que ha reabierto el debate sobre los recursos y herramientas con los que trabajan Guardia Civil y Policía Nacional frente a redes criminales cada vez más sofisticadas.

Fuentes vinculadas a la seguridad en el Estrecho recuerdan que las organizaciones dedicadas al narcotráfico operan actualmente con embarcaciones de alta potencia, capaces de alcanzar velocidades extremas y ejecutar maniobras de riesgo durante las persecuciones. En ese contexto, asociaciones profesionales llevan tiempo reclamando una actualización de los protocolos de actuación y mayor cobertura jurídica para los agentes desplegados en el mar.

La propuesta estudiada pasaba por permitir disparos selectivos a los motores de las narcolanchas, una medida que ya se emplea en otros escenarios internacionales para intentar detener embarcaciones sin poner en riesgo directo a los tripulantes. Sin embargo, la iniciativa no prosperó.

El debate coincide, además, con el aumento de la presión política en torno al narcotráfico en el Campo de Gibraltar y la costa andaluza. Diferentes formaciones han reclamado en las últimas semanas reforzar el Servicio Marítimo, recuperar unidades especializadas y endurecer las medidas contra las mafias que operan en el Estrecho.

Mientras tanto, sindicatos y asociaciones policiales insisten en que la prioridad pasa por dotar a los agentes de más medios materiales, embarcaciones más rápidas y protocolos adaptados a una realidad criminal que, aseguran, “ha evolucionado mucho más rápido que la respuesta institucional”.