Conozco las fronteras de Ceuta y Melilla bastante bien, podría decir con toda humildad que nunca he sido un ingenuo que haya sucumbido a los titulares que sobre ella se han escrito. El problema es grave y global.

Mi visión es menos entusiasta por tener que abordar soluciones que ni siquiera a largo plazo se sabe cómo va a resultar.

Muy cerquita de la fecha en la que se publica esta opinión, un 4 de noviembre de 1950, los representantes de 13 Gobiernos firmaban  el “Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales” y se abría un largo y complejo camino dentro del derecho Comunitario con gobiernos cambiantes cada dos por tres.

 
Hoy día el rastro dejado atrás desde la entusiasta firma inicial es, para mí, desolador y por tal motivo ni siquiera entro en el tema de la participación de países europeos en el Mundial del 2022 en Qatar.

La cosa es que, por centrarnos, el laberinto de leyes y sus interpretaciones que sobrevuelan el vallado de Ceuta y Melilla es para volverse locos. Por ejemplo, la existencia de numerosos casos en los que la Comisión y el Tribunal han llegado a “conclusiones opuestas sobre violaciones del Convenio”. Para que se hagan una idea, les puedo decir que bajo esa circunstancia durante los 35 primeros años (1950-85) ya había del orden de 20 discrepancias sobre “interpretaciones” dentro de la alta política y autoridad judicial. Después se han ido añadiendo otras del tipo “limitaciones a los hechos”, o “cuestiones deliberadamente no resueltas a pesar de plantearse en el caso específico”.

Por hacernos a una idea, ya no voy a hablar de las leyes europeas que interpretaron al fugado expresidente de la Generalitat, el Sr. Puigdemont, o sobre si España va a llegar a la final del mundial en un país en el que las mujeres españolas que vayan allí van a tener que ir vestidas de diferente manera a como lo hacen en España sencillamente para que no las detengan. Lo que tenemos enredado en las concertinas es pura palabrería legal de obligado cumplimiento de vez en cuando.