Este sábado, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, viajará a Ceuta con motivo del Día de Europa para reivindicar la españolidad y europeidad de la ciudad autónoma y de Melilla. El gesto es impecablemente fotogénico. También es una trampa narrativa en la que Ceuta lleva demasiadas décadas atrapada.

Nadie discute que Ceuta es España. Nadie en la ciudad lo ha puesto en duda desde dentro. El problema no es la españolidad. El problema es precisamente lo que se esconde detrás de ese eslogan cada vez que se acercan unas elecciones: la nada concreta, la visita ritual, el discurso que no cuesta nada y no compromete nada.

Mientras tanto, los datos hablan por sí solos con una frialdad que ningún acto institucional puede disimular.

Según la Encuesta de Población Activa del INE para el año 2025, Ceuta registra una tasa de desempleo del 22,21%, la segunda más alta de todo el territorio español, solo superada por Melilla. No es una anomalía coyuntural. Es una constante estructural que los sucesivos gobiernos, nacionales y locales, han gestionado con declaraciones y han resuelto con banderas.

La situación de pobreza añade otra capa de urgencia que los titulares sobre la soberanía tapan con eficacia. El indicador AROPE ha señalado que en 2024 más del 40% de la ciudadanía ceutí ha padecido necesidades, situando a Ceuta como la segunda ciudad de España con mayor índice de pobreza y exclusión social. Cuatro de cada diez personas. No en una estadística lejana, sino en el mismo territorio donde el Partido Popular insiste en que la protección de Ceuta y Melilla "no es opcional ni negociable" . Proteger la soberanía, sí. Proteger a los ciudadanos de la exclusión, aparentemente, en otro folio del programa.

En materia de vivienda, la realidad tampoco mejora con eslóganes. El caso Emvicesa ha ilustrado durante años lo que ocurre cuando las instituciones fallan a sus propios ciudadanos desde dentro. El mayor caso de corrupción en la historia de Ceuta llegó a su desenlace judicial casi una década después de salir a la luz, con la condena del exgerente Antonio López a cinco años de cárcel por haber amañado la lista de adjudicación de 317 viviendas de protección oficial. Y lejos de cerrarse como cicatriz, el expediente continúa abierto en términos de gestión: el auditor externo encargado de fiscalizar las cuentas de Emvicesa al cierre de 2025 declaró que no pudo obtener evidencia suficiente de los saldos pendientes de cobro y pago entre la sociedad y la Ciudad Autónoma, y que la empresa estima en 3,4 millones de euros el dinero que no conseguirá recaudar en el próximo lustro.

Feijóo defenderá el papel de Ceuta como frontera sur de España y de la Unión Europea, y abogará por reforzar la presencia de las instituciones del Estado y por un estatuto equiparable al de las regiones ultraperiféricas europeas. La propuesta del estatuto ultraperiférico no es nueva se lleva pidiendo en distintos formatos desde hace lustros y tiene un mérito técnico que merece análisis serio. Pero llegar a Ceuta a anunciarla el sábado del Día de Europa, con las elecciones en el horizonte, sin un calendario, sin un compromiso presupuestario, sin un articulado concreto, convierte un instrumento potencialmente útil en otro estandarte de campaña.

Lo que Ceuta necesita no pasa por que nadie le confirme que es española. Pasa por políticas activas de empleo que rompan la dependencia estructural del sector público. Pasa por una empresa de vivienda pública que funcione con transparencia y que adjudique pisos por criterios técnicos y sociales, no por compromisos informales. Pasa por recursos educativos y sanitarios equivalentes a los del resto del territorio. Pasa por que las instituciones nacionales del color que sean no aparezcan en la ciudad únicamente cuando toca movilizar el voto.

El viaje se produce en un contexto marcado por el debate político sobre la gestión del Gobierno en relación con el norte de África y, en particular, con Marruecos, y por informaciones que apuntan a la preocupación sobre la situación de Ceuta y Melilla en el tablero internacional.  El argumento geopolítico es legítimo y real. Pero la geopolítica no paga el alquiler de los 8.760 parados que cerró el año en Ceuta, ni saca a las familias del umbral de exclusión, ni explica por qué el auditor de una empresa pública municipal no puede cuadrar sus cuentas.

Feijóo vendrá, habrá fotos, habrá discursos sobre Europa y la patria, y el lunes Ceuta seguirá siendo la segunda ciudad con mayor tasa de paro de España y una de las que encabeza el mapa de la exclusión social. La españolidad no se demuestra con visitas. Se demuestra con que un ciudadano de Ceuta tenga las mismas oportunidades reales que uno de Valladolid o de Málaga.

Hasta entonces, el Día de Europa en Ceuta seguirá siendo, sobre todo, un día de campaña.

Jose Antonio Carbonell Buzzian