La presión migratoria en Ceuta ha llegado al Senado. La Comisión de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha aprobado una moción impulsada por la senadora del Partido Popular, Cristina Díaz, para exigir al Gobierno de España más recursos, mayor transparencia y la elaboración de un plan específico que permita afrontar el incremento de llegadas irregulares en la ciudad autónoma. 

La propuesta ha salido adelante a pesar del voto en contra del PSOE y la ausencia de Vox durante la votación. Díaz ha defendido que Ceuta atraviesa una situación excepcional, con datos que evidencian un fuerte incremento de la presión migratoria: en lo que va de 2026 han accedido a la ciudad 2.101 personas de forma irregular, frente a las 489 del mismo periodo del año anterior, lo que supone un aumento del 330%. 

La senadora ha subrayado la paradoja de este repunte local frente al descenso general en el conjunto del país, donde las llegadas irregulares han caído un 43%. A su juicio, estos datos reflejan una tendencia estructural más que episodios puntuales y evidencian una falta de previsión por parte del Ejecutivo central.

Díaz también ha cuestionado la fiabilidad de las estadísticas oficiales, asegurando que no reflejan la presión real que soportan las fuerzas de seguridad sobre el terreno. Según ha explicado, los registros solo contabilizan las entradas efectivas, pero dejan fuera intentos de acceso, interceptaciones en el mar, devoluciones en frontera o actuaciones en coordinación con Marruecos. En momentos de mayor intensidad, ha afirmado, se pueden registrar entre 8.000 y 10.000 intentos mensuales, una cifra muy superior a los datos oficiales. 

Otro de los puntos centrales del debate ha sido la falta de medios. La senadora ha denunciado la insuficiencia de efectivos y recursos materiales para cubrir todo el perímetro fronterizo terrestre y marítimo, así como carencias en herramientas operativas básicas y el deterioro de infraestructuras como el doble vallado o los espigones.

Además, ha puesto el foco en el componente humanitario de la crisis migratoria, recordando que al menos dieciséis personas han perdido la vida ahogadas en las costas ceutíes en lo que va de año. Para Díaz, este dato evidencia que no se trata únicamente de un problema de control fronterizo, sino de una situación que exige respuestas más eficaces y coordinadas.

La presión migratoria también tiene consecuencias directas sobre los recursos de acogida. Según ha advertido, el aumento de llegadas provoca la saturación del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), lo que obliga a recurrir a soluciones provisionales que no deberían formar parte de la gestión ordinaria. 

En este contexto, la moción aprobada reclama refuerzos humanos y materiales, la creación de un plan específico para Ceuta, traslados automáticos antes de situaciones de colapso, acceso a datos más completos sobre la presión migratoria y una financiación adecuada, especialmente en lo relativo a la atención de menores.

Díaz ha defendido que la cooperación con Marruecos es necesaria, pero ha insistido en que no puede sustituir la responsabilidad del Estado en la gestión de una frontera que es tanto nacional como europea. Asimismo, ha reclamado una mayor implicación institucional con la ciudad, que, asegura, soporta las consecuencias de un fenómeno que no genera ni controla. 

La senadora ha concluido advirtiendo que el Gobierno no puede seguir dando la misma respuesta ante un escenario que ha cambiado radicalmente. “Con un incremento del 330% de inmigración irregular, Ceuta necesita una actuación proporcional a la magnitud del problema”, ha afirmado