Las encuestas electorales no son neutrales. Nunca lo han sido. Pero en el ecosistema mediático actual han dejado de ser una simple fotografía imperfecta de la opinión pública para convertirse en un actor más dentro del propio proceso político.

El problema no es solo metodológico, aunque también lo sea. Márgenes de error, sesgos de muestra, cocinas opacas. El verdadero problema es estructural. Las encuestas ya no se limitan a medir la realidad, contribuyen a construirla. Generan expectativas, orientan el debate público y condicionan el comportamiento de los votantes. Lo que debería ser un instrumento descriptivo se ha transformado en un mecanismo performativo.

Este fenómeno no es nuevo. A principios del siglo XX, Walter Lippmann advirtió que los ciudadanos no reaccionan a la realidad objetiva, sino a un “pseudoentorno”. Una representación simplificada, mediada y necesariamente incompleta del mundo. Hoy, ese pseudoentorno se alimenta en gran medida de datos demoscópicos convertidos en relato.

Las redes sociales han acelerado este proceso. Cada encuesta se convierte en tendencia, cada estimación en argumento, cada proyección en munición política. El resultado es una conversación pública que gira en torno a escenarios hipotéticos más que a hechos verificables. La política se desplaza así hacia un terreno cercano a la ficción, donde lo importante no es lo que ocurre, sino lo que se dice que puede ocurrir.

El episodio electoral de 2023 en España marcó un punto de inflexión. Los fallos de predicción erosionaron la credibilidad de buena parte del sector, especialmente entre segmentos concretos del electorado. Lejos de provocar una retirada, la reacción fue intensificar la producción y amplificación de encuestas.

En algunos casos, con oscilaciones difíciles de justificar únicamente por cambios reales en la opinión pública.

Formaciones como Vox han sido un ejemplo recurrente de esta volatilidad demoscópica. Subidas y bajadas abruptas en estimaciones que, más allá de su precisión final, han servido para mantener activado un determinado clima de expectativas. Un clima que alimenta la atención mediática y, con ella, el propio negocio de la demoscopia.

No es necesario suponer una conspiración para entender el fenómeno. Basta con observar los incentivos. Las encuestas generan tráfico, titulares y conversación. Los medios las necesitan. Los partidos las utilizan. Y los ciudadanos, inmersos en ese flujo constante de información, terminan reaccionando no tanto a la realidad política como a su representación estadística.

Ahí es donde la advertencia de Lippmann adquiere plena vigencia. El riesgo no es equivocarse en una predicción concreta. El riesgo es que el conjunto del debate público se desarrolle dentro de un pseudoentorno donde las percepciones sustituyen a los hechos.

La respuesta no pasa por prohibir las encuestas ni por ignorarlas de forma acrítica. Pasa por devolverlas a su lugar. Entender sus límites, exigir transparencia metodológica y, sobre todo, resistir la tentación de convertir cada estimación en una verdad anticipada.

Si una comunidad política consiente que la política se base en expectativas infladas y realidades proyectadas, deja de debatir sobre lo que es para centrarse únicamente en lo que parece. En ese desplazamiento, no se pierde solo precisión estadística, sino calidad democrática.

Juan Sergio Redondo Pacheco

Fundación DENAES