El partido político local "Ceuta Ya" ha exigido a Juan Vivas que rompa su silencio y se pronuncie sobre los pactos de su formación política, el PP con Vox, a resultas del acuerdo sobre priorizar a los nacionales en políticas de ayudas, (a nuestra gente), ante quienes nos llegan como inmigrantes ilegales invadiendo nuestras fronteras.

Este partido localista quiere poner en un brete al presidente de Ceuta quien, por cierto, tiene más caras que un mosaico como lo ha retratado  el líder de Vox en Ceuta: "Parece mentira que los de "Ceuta Ya" todavía no conozcan a Juan Vivas. Este tipo lo mismo se come una "harera" en Sidi Embarek por la tarde que aparece al día siguiente en Mérida o Zaragoza dando sus bendiciones a los pactos de María Guardiola y Jorge Azcón; o, mejor aún, tocándole las palmas a Alberto Núñez Feijóo, cuando toque, que tocará".

"Su único objetivo -ha escrito Juan Sergio Redondo-, es mantener el sillón, y si para eso tiene que cambiar de principios como de calzoncillos que nadie dude que lo hará". Y concluye en su argumentario diciendo que "a Juan Vivas le va a salir la prioridad nacional hasta por las orejas".

Hay partidos como "Ceuta Ya" con una piel muy fina, muy dados a soliviantarse por cuestiones que afecten a pronunciamientos de la derecha y, muy tolerantes a otras conductas, incluso atroces, que revisten de normalidad. Por ejemplo, a mí me parece una aberración democrática que el partido del Gobierno, con Sánchez a la cabeza, no tenga escrúpulos en pactar con una formación con gente que tiene las manos manchadas de sangre como Bildu, brazo político de ETA. A mí me solivianta, que el PSOE entregue las instituciones y los cambios legislativos como moneda de cambio para compensar sus cesiones a los partidos independentistas, catalanes y vascos. A mí me producen sarpullidos que un presidente del Gobierno de España rinda pleitesía y pacte (unas veces con intermediación de Santos Cerdán hoy imputado por corrupción y otras con Zapatero, no muy lejos todavía de la imputación por sus negocietes con Venezuela) y lo hagan fuera de España, donde se encuentra el fugado de la Justicia, Puigdemont.  No menos alarmante es que un presidente tenga a su mujer y hermano imputados por varios delitos, que no de cuentas del alojamiento de su hermano en la Moncloa y que el cúmulo de casos de corrupción que asolan ahora al PSOE que lidera, parezca que no le afecte. Y mucho más perverso es el silencio de todos los partidos que le apoyan convertidos en cómplices de lo que parece una conspiración política nacional para destruir España a cualquier precio.

¿Qué coste vamos a tener con sus "ocurrencias" de nacionalizar inmigrantes con solo cinco meses de estancia irregular en España? ¿Y el camelo de los nietos que vivan en el extranjero? Las cifras que acumulan estas conductas para buscar votos bajo las piedras son terroríficas y esta situación implica muchas cosas: obtener un certificado de vulnerabilidad otorga prioridad para conseguir vivienda social, prioridad en las listas de espera de Sanidad, derecho al pago mínimo vital, derecho a percibir dinero por cada hijo y los okupas no pueden ser expulsados.

El desembarco de África en España, tras obtener los "papeles" deriva en pedir la situación de vulnerabilidad de forma inmediata para recibir el ingreso mínimo vital. Esto es que millón y medio de inmigrantes africanos van a recibir la friolera de mil millones de euros en solo un año. Una salvajada insoportable para la Hacienda pública cuyo déficit es actualmente de 2,2% del PIB y a principios de este año la deuda pública ha superado los 1,7% billones de euros. Para quienes están acostumbrados a subvenciones y "paguitas", les parecerá una anecdota pero no para quienes pagamos impuestos y cada vez más al alza. Mientras tanto, Pedro Sánchez -publica La Razón esta semana-, duplica el sablazo a los trabajadores en el IRPF: la Agencia Tributaria recauda un 85% más por el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, para alcanzar el marco histórico de 142.466 millones de euros en 2025 y un tipo impositivo récord del 15,1%. Quiere decirse que, en ocho años, el Gobierno ha duplicado la carga impositiva sobre los trabajadores, impulsado por la inflación y la falta de ajustes de los tramos fiscales.

Aunque no se han subido los tipos de forma directa, la llamada "progresividad en frío" hace que muchos contribuyentes paguen más sin ganar poder adquisitivo, lo que dispara la recaudación récord aumentando la presión fiscal sobre salarios y clases medias. Este es el Gobierno de progreso que tanto propugna el Ejecutivo de Sánchez y sus cómplices. El yugo que nos oprime cada vez más y más.

Sánchez destruye España y cierra 2025 con una deuda del 100,7%, perpetua un endeudamiento asfixiante, consolidando al país como el gran lastre económico de la Unión Europea. El "boom" de las nacionalizaciones en la era Sánchez: más de un millón y, sobre todo, marroquíes. Esto no alarma ni a "Ceuta Ya" ni a partidos de izquierda con el panorama económico de un Gobierno sin presupuestos durante tres años, incumpliendo la Constitución, ellos que argumentan de inconstitucionalidad la prioridad de atención para los nacionales. Sánchez se ha olvidado de la cultura del esfuerzo y quiere un país de vagos donde las subvenciones y "paguitas" dobleguen la conciencia y voluntad de posibles votantes en forma ese "voto cautivo" en las urnas.

"Ceuta Ya" que exige a Vivas explicaciones sobre la "prioridad nacional" conociendo lo pusilánime que es, se olvida que, como "cachorros" de sus veteranos referentes, Mohamed Ali y Juan Luis Aróstegui parecen desconocer un concepto que el Partido Democrático y Social (PDSC), formación localista de corte musulmán fundada en 1994 y que marcó un hito en 1.995 convirtiendo en diputado de la Asamblea al primer diputado musulmán: Mustafa Mizzián, puso en el tablero político. Llegó a tener 3 escaños en la Asamblea y pactó con el PP, siendo Mizzián una figura pionera en la representación política de los musulmanes ceutíes y él fue el promotor de un concepto que fue muy bien aceptado en la sociedad "caballa" de entonces: la discriminación positiva, traducida en estrategia política que históricamente favorece a colectivos desfavorecidos para garantizar la igualdad real de oportunidades. Buscar corregir desigualdades históricas mediante trato diferencial, no busca perpetuar la desigualdad, sino nivelar el campo de juego. Ahora bien, se "olvidaba" el principio de igualdad, mérito y capacidad, que ha de prevalecer en la Administración pública. Un artilugio político igual al del PP-VOX con la prioridad nacional en el trato, donde el nacional español queda actualmente relegado por las políticas interesadas de izquierdas.

En política, los posicionamientos son muy loables, desde criterios razonados. El mismo Juan Luis Aróstegui en su etapa de líder del Partido Socialista del Pueblo de Ceuta (PSPC), decía cuando se le atribuía poco respaldo electoral pese a su excelente verbo y oratoria, que él tenía lo que llamaba "un voto de calidad", distinguiendo el nivel formativo de sus votantes y sin tener en cuenta el principio de que una persona es un voto, sin distingos de cualificación profesional. Quiere decirse, señores de "Ceuta Ya", que ni en el caso de Mizzián con su "discriminación positiva", ni en el de Aróstegui con su llamado "voto de calidad", nadie se rasgó las vestiduras ni echó las patas por alto o puso el grito en el cielo como signos de escándalo. Sin embargo, ahora sí: Cuando Vox fuerza al PP a impulsar la atención prioritaria a los españoles de origen, a nuestros nacionales que pudieran estar marginados por la invasión descontrolada de inmigrantes y las políticas electoralistas de apoyo, se clama al cielo como un escándalo de proporciones estratosféricas.

Cuando el coste de un MENA es de 90 euros diarios y en puntos críticos como Ceuta el de los MENA es de 30.000 euros, mantenimiento de unos 500 puede suponer 35.000 euros diarios; en infraestructuras como el CETI, el coste diario para unos 800 adultos asciende a 72.000 euros al día y el coste anual global de la inmigración ilegal lo situan entorno a los 2.000 millones de euros, destinados a acogida y en menor medida a retornos, aunque estudios más críticos elevan la cifra de "exceso de inmigración" a 30.000 millones de euros anuales, nos llevan estas cifras a reflexionar sobre la caja de nuestras pensiones, de quienes hemos cotizado durante 48 años y nos atemorizan que este capítulo corre peligro o se engrosa ahora, nada menos que con pensiones no contributivas de gentes que se regularizan. Por otra parte, surgen al hilo de estas anómalas situaciones los fraudes y la picaresca española: el Gobierno de Sánchez acelera la nacionalidad de mas de 256.000 inmigrantes con un contrato millonario que impactara en el censo electoral. El Gobierno (según O.K. Diario) debate ampliar "sine die" las nacionalizaciones del exilio tras recibir 2,5 millones de peticiones. Y no ve en esto Sánchez ningún sentido solidario ni de derechos humanos sino una mina de oro electoral. Al estilo del humorista José Mota: las gallinas que salen (quienes no le votaremos jamás, y cada vez somos más), por las gallinas que entran (la inmigración invasora).

No quiero ver a esa anciana que me crucé este finde en Carrefour comprando pescado y diciendo que, aunque Javier Guerrero le salvó la vida por una hernia de hiato, no puede continuar asistiendo a su consulta porque no está en el hospital y ella tiene una pensión muy baja. Lo lamentable es que, como ella, son millones los españoles con pensiones muy por debajo de lo que cuesta al Gobierno un MENA. De ahí la "prioridad a los nacionales" que propugna Vox y que ha compartido el PP en Extremadura y Aragón. Hay que descubrir esa farsa de la gran trampa de los vulnerables con la hipocresía de por medio: Conseguir fácil y gratis el certificado de vulnerabilidad que lo hacen 50 entidades en toda España (8 de Murcia) y los ayuntamientos. Ojo con el alquiler de vivienda a los nuevos nacionalizados.

Decía Moliere que "la hipocresía es el colmo de todas las maldades" y, aquí, en política, ejemplos haberlos haylos. Y muchos, de manera que ojo avizor al panorama que se nos viene encima.