La investigación española sobre los narcotúneles localizados en el entorno del polígono del Tarajal, en Ceuta, choca con un obstáculo que se repite: la ausencia de información desde el lado marroquí. Tras el hallazgo de una segunda galería a principios de abril y el precinto del conducto por parte de la Policía Nacional, los investigadores siguen a la espera de datos sobre el punto de salida en Marruecos y sobre quién pudo participar en la construcción y el uso de la infraestructura.

Fuentes jurídicas citadas en la investigación señalan que Marruecos no ha respondido a las comisiones rogatorias enviadas desde España. En el procedimiento anterior, instruido en la Audiencia Nacional, la magistrada María Tardón habría cursado varias peticiones formales de auxilio judicial a Rabat sin obtener contestación. Según esas mismas fuentes, el escenario se repite ahora con el segundo túnel, pese a que la cooperación resulta clave para reconstruir la cadena logística y el organigrama de implicados al otro lado de la frontera, señalaba en un informe reciente The Objective.

El problema no es menor por la ubicación descrita por fuentes próximas a las pesquisas: el extremo marroquí de las cavidades se situaría en un área con presencia militar, un punto que, en teoría, debería contar con vigilancia permanente. Sin embargo, la investigación española sostiene que la organización criminal logró mover durante años grandes cantidades de hachís a través de estos pasos subterráneos.

Antecedentes: promesas de detenciones que no llegaron y escaso eco mediático

El patrón ya se había observado en 2025, cuando la Guardia Civil localizó una primera galería que conectaba ambos países en el mismo entorno. Entonces, la localización en una zona considerada sector militar trascendió en medios marroquíes semanas después, según las referencias recogidas en España. Además, la policía marroquí llegó a atribuir el pasadizo a varias personas y anunció detenciones “próximamente”, un extremo que —siempre según el relato incorporado a las diligencias españolas— no terminó materializándose.

Mientras la causa avanza en España —con inspecciones, precintos y nuevas detenciones en el marco de las operaciones contra el narcotráfico—, la falta de información procedente de Marruecos limita la reconstrucción completa del recorrido de la droga, la identificación de apoyos logísticos y la atribución de responsabilidades en el lado de la frontera donde, según los investigadores, terminaban las galerías.

Por ahora, las comisiones rogatorias siguen sin respuesta y los investigadores mantienen en suspenso la parte marroquí del rompecabezas. Sin ese intercambio de datos, la investigación queda apoyada casi en exclusiva en pruebas recabadas en territorio español, con el consiguiente riesgo de que la pieza clave —el origen y la operativa en Marruecos— permanezca fuera del alcance judicial.

¿Qué se quiere ocultar?

Ante la falta de respuesta judicial pese a los acuerdos bilaterales suscritos entre ambos países, entre ellos, la de la lucha contra el crimen, el terrorismo internacional, la inmigración y el narcotráfico, las sospechas de un determinado interés para no alumbrar un conocimiento previo de las autoridades y, por tanto, su aprovechamiento como puntos de acceso de infiltración a territorio español, es una de los planteamientos analíticos que pueden derivarse de este silencio. Sobre todo por la constante posición marroquí de bordear los límites de la supuesta amistad de vecindad en sus habituales posiciones de presión y de cierta prevalencia sobre el Gobierno de España.

Los investigadores en este lado del túnel, por los conocimientos de lo investigado, aseguran que no solo fue utilizado para el acceso de droga a España, tambien de inmigración, y no se descarta la infiltración de individuos con cobertura de algunos residentes locales ya regulados en Ceuta para asumir labores de inteligencia para los servicios marroquies.