La Dirección General de la Marina Mercante, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, reconoce en una respuesta escrita a una pregunta parlamentaria del diputado nacional Javier Celaya que el contrato de gestión de la línea marítima de interés público Algeciras-Ceuta sigue sin licitarse mientras el Gobierno analiza su conveniencia.

A partir de esa respuesta, el Partido Popular de Ceuta sostiene que el Ejecutivo mantiene paralizado un asunto que considera “estratégico” para la ciudad por su impacto en la movilidad, la actividad económica y la competitividad.

Los populares enmarcan la situación en el debate abierto sobre nuevas conexiones. Señalan que, una semana después de que el delegado del Gobierno anunciara un estudio para justificar una línea marítima de interés público entre Ceuta y Málaga, el Ministerio que dirige Óscar Puente admite que sigue sin sacar adelante el nuevo contrato de la ruta con Algeciras, principal conexión de la ciudad con la península.

Según recuerda el PP, la prórroga del contrato adjudicado a Baleària finalizó el 1 de julio de 2025 sin que, hasta entonces, la Dirección General de la Marina Mercante hubiera iniciado la tramitación de un nuevo expediente. La nueva licitación se publicó el 12 de agosto de 2025 en el Portal de Contratación del Sector Público, pero se retiró el 16 de septiembre por un defecto en el pliego, al no contemplar un descuento de tarifas para los viajeros del segmento joven de población.

La formación también alude a la Proposición No de Ley aprobada el 13 de junio de 2024 en la Comisión Mixta de Insularidad para mejorar la conectividad de la Ciudad Autónoma con el territorio peninsular. En ese debate, el diputado ceutí Javier Celaya defendió la necesidad de abaratar los precios de las navieras para favorecer el turismo peninsular y facilitar el acceso a la ciudad.

En la misma línea, el Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico de la Ciudad de Ceuta de 2022 contemplaba la creación de un grupo de trabajo con la Ciudad Autónoma para impulsar un nuevo modelo de ayudas al transporte para residentes y no residentes, así como el compromiso de promover una regulación especial sobre conectividad que permitiera una mayor intervención en el mercado para garantizar un servicio adecuado a los territorios extrapeninsulares.

Cuatro años después, añade el PP, “no se ha avanzado en esa dirección”. A su juicio, el Gobierno “ha dejado caducar” el contrato en vigor sin haberlo sustituido por otro mejorado, extremo que —según subraya— queda reflejado en la respuesta remitida por la Administración.

La formación agrega que el pliego de la licitación anulada en septiembre incluía precios superiores para pasajeros y vehículos respecto al contrato de 2023, pese a elevar el presupuesto base de licitación de 1.269.000 euros a 2.209.000 euros anuales.

En su contestación al diputado Javier Celaya, la Dirección General de la Marina Mercante señala que está realizando un análisis —por recomendación del Tribunal de Cuentas— para determinar la opción más conveniente: establecer nuevas obligaciones de servicio público o modificar las existentes, suscribir contratos de servicio público o dejar el transporte marítimo de pasajeros sin intervención.

Con todo, el PP de Ceuta considera que la demora deja a la ciudad “sin una planificación clara” y “sin la seguridad de contar con un modelo estable” de conectividad marítima, y acusa al Ejecutivo de aplazar decisiones sobre un servicio que califica de esencial.