El PSOE de Ceuta ha denunciado el rechazo por parte del Gobierno de la Ciudad a la mayor parte de las enmiendas que presentó al Reglamento de Prestaciones Económicas de los Servicios Sociales, un texto que considera clave para proteger a las familias en situación de vulnerabilidad. La formación sostiene que la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales solo ha aceptado cambios parciales y ha descartado modificaciones “estructurales” que, a su juicio, permitirían mejorar el sistema. “El Gobierno elige mantener un sistema rígido que deja desprotegidas a las familias más vulnerables”, afirma Raquel Miaja, responsable de Política Autonómica del PSOE ceutí.

Uno de los principales puntos de fricción, según el PSOE, es el mantenimiento del criterio de “signos externos y formas de vida” para evaluar los ingresos de los solicitantes, una fórmula que califica de “subjetiva y arbitraria”. “Este criterio vulnera la seguridad jurídica y abre la puerta a evaluaciones desiguales basadas en la apariencia, otorgando una discrecionalidad injustificable que no debería tener cabida en la administración moderna”, sostiene Miaja.

Los socialistas también critican que no se hayan agilizado los plazos de resolución. El borrador mantiene, recuerdan, un margen de tres meses que consideran “inasumible” en casos de emergencia social. “Planteamos mecanismos para evitar retrasos sin perjuicio para el solicitante y el Gobierno los ha descartado sin argumentos de peso”, añaden.

En la misma línea, Miaja denuncia el rechazo a nuevas propuestas que, según el PSOE, buscaban ampliar la cobertura a “realidades sociales” que hasta ahora quedan fuera del reglamento. Entre ellas, menciona ayudas específicas vinculadas a la salud mental, descartadas —según la formación— por la existencia de convenios con entidades. “Los convenios no garantizan derechos universales, y muchas familias en exclusión no acceden a ellos por desconocimiento o por las propias barreras del sistema”, subraya.

El PSOE incluye además el apoyo a jóvenes y la inclusión digital, que considera “vitales” para el acceso al empleo y a la educación. En este punto, critica que estas necesidades se deriven a otros organismos, como el IMIS o PROCESA, sin un análisis específico. “Derivar sistemáticamente estas situaciones a otros departamentos deja sin respuesta a familias que no saben a quién acudir en momentos de crisis”, afirma.

En el plano administrativo, el grupo socialista asegura que el Gobierno también ha rechazado propuestas para introducir criterios más objetivos, una Comisión de Valoración “más garantista” y plazos de justificación más flexibles, alegando la necesidad de evitar una “complejidad innecesaria”. Para el PSOE, “ese argumento esconde una resistencia real a dotarse de instrumentos de control y transparencia en la concesión de ayudas públicas”.

Sólo mejoras puntuales

Con todo, el partido afirma que la “solidez técnica” de sus aportaciones ha llevado al Ejecutivo a aceptar algunas mejoras. Entre ellas, cita la deducción del 50% de los gastos de hipoteca o alquiler en el cómputo de ingresos; la protección de víctimas de violencia LGTBI-fóbica en el empadronamiento; o la inclusión de calentadores y termos en las ayudas para electrodomésticos. “Estas victorias parciales demuestran que nuestras enmiendas responden a necesidades reales del día a día de los ceutíes”, señala la formación.

Pese a esas incorporaciones, el balance global que hace el PSOE es “preocupante” y sitúa el reglamento en una apuesta por el inmovilismo frente al aumento de la exclusión social en la ciudad. “Ceuta necesitaba un reglamento útil, ágil y centrado en las personas, pero el Gobierno ha preferido perpetuar una rigidez burocrática que ignora las nuevas brechas sociales. Mantener este sistema tiene un coste humano que no podemos ignorar”, concluye Miaja, que asegura que el partido seguirá reclamando “un cambio de modelo” que ponga “la dignidad de las familias” en el centro de la política local.