Los terrenos que durante años han quedado al otro lado de las vallas militares vuelven a colocarse en el centro del debate en Ceuta: su posible conversión en suelo para vivienda pública. Tras meses de negociación y trabajo técnico con el Ministerio de Defensa, el Gobierno local sostiene que la primera cesión está más cerca. El portavoz del Ejecutivo, Alejandro Ramírez, apuntó que la disponibilidad de esa parte inicial podría llegar “muy pronto”, en función de cómo avancen los trámites.

Por ahora no hay un calendario cerrado, pero la Ciudad Autónoma da por activada la vía administrativa para una primera fase. En ese paquete figuran dos enclaves con peso propio en el mapa urbano: el entorno de la Fábrica de Harina y el acuartelamiento Fiscer. La previsión municipal es que la cesión pueda formalizarse en los próximos meses, un paso que abriría la puerta a planificar el desarrollo de la zona.

El movimiento no ha pasado desapercibido fuera de la ciudad y ha llegado incluso al Congreso. Desde Melilla, una diputada puso sobre la mesa un posible “agravio comparativo” en el reparto de suelo militar entre ambas autonomías. Ramírez respondió desde Ceuta con un mensaje de equivalencias y de tono conciliador: “todo lo que sea bueno para Melilla es bueno para Ceuta y viceversa”. En su explicación, el portavoz negó que exista trato desigual y situó estas operaciones en un marco más amplio: la reorganización de instalaciones militares para concentrar los acuartelamientos operativos y liberar espacios en desuso, con vistas a su cesión y aprovechamiento urbanístico.

En esa misma línea, el portavoz defendió que si Melilla logra avances similares también será “una buena noticia” y recordó que ambas ciudades coordinan posiciones en asuntos estratégicos cuando los intereses convergen.

La coordinación se traslada ahora al nuevo Plan Estatal de Vivienda, que deberá aprobar el Consejo de Ministros. Ceuta y Melilla trabajan en una propuesta conjunta para blindar un mínimo del 1 % de financiación para cada comunidad y para cada ciudad autónoma, con el objetivo de ganar margen para proyectos propios.

Ramírez sostiene que el criterio de reparto vigente, heredado del plan anterior y centrado en ayudas al alquiler, deja a Ceuta en una posición de salida muy limitada. Con ese esquema, calculó, la ciudad recibiría apenas un 0,1 % del total: en torno a siete u ocho millones de euros en cuatro años, una cifra que considera insuficiente para poner en marcha promociones de vivienda.

La alternativa que plantean las dos ciudades elevaría la financiación hasta cerca de 70 millones de euros, el volumen que, según el Gobierno local, sí permitiría impulsar proyectos de mayor tamaño. Ramírez enlazó esa cifra con el plan de vivienda que maneja la Ciudad, que fija como horizonte la construcción de alrededor de 1.000 viviendas públicas, aún en fase de desarrollo.