La empresa pública Aguas de Ceuta, S.A. (ACEMSA) atraviesa desde hace años una crisis financiera documentada, aireada por la oposición política y confirmada por el propio cuerpo de intervención de la Ciudad Autónoma. Lo que comenzó como un debate sobre contratos irregulares ha derivado en un juicio penal en la Audiencia Provincial, un déficit estructural no resuelto y una cadena de deudas que compromete su viabilidad operativa.

El diagnóstico del interventor: gastaron más de lo que tenían

El informe del interventor municipal fue taxativo: la causa de la situación financiera de ACEMSA radica en que la empresa asumió más compromisos de los que podía afrontar con sus recursos, a pesar de que los ingresos se percibieron con normalidad y en las cantidades previstas. Dicho de otro modo: el problema no es de ingresos, sino de gestión del gasto.

Desde el MDyC alertaron en varias ocasiones de que la deuda global ascendía a 9,2 millones de euros en el ejercicio 2024, cifra que el propio gerente de la compañía reconoció ante el Consejo de Administración. A esa deuda acumulada se suma una deuda con proveedores de obras, servicios y suministros de 8.084.037,36 euros, frente a un saldo bancario de apenas 700.000 euros , lo que evidencia la imposibilidad material de hacer frente a los compromisos pendientes a corto plazo.

Los datos más recientes, correspondientes al cierre de 2025, confirman que la situación no se ha corregido. La empresa tiene pendiente de cobrar cerca de 10,5 millones de euros en facturas impagadas por abonados entre 2011 y 2025, y sumando otros deudores, el total de créditos no recuperados asciende a más de 20 millones de euros. Al mismo tiempo, ACEMSA tiene pagos pendientes por valor de 9.137.835 euros, la mayoría con vencimiento antes de finales de 2026.

Contratos menores: la vía que evita el concurso público

El otro frente abierto es la contratación. Las cuentas de 2023 incluían 10 millones de euros distribuidos en 233 contratos menores, adjudicados mediante una fórmula que no requiere concurso público y que permite encargar obras a empresas por valor de hasta 50.000 euros por operación. A razón de un contrato por día laborable, la práctica generó dudas fundadas sobre si se utilizó para fragmentar contratos de mayor cuantía, algo expresamente prohibido por la Ley de Contratos del Sector Público.

En 2024 la tendencia continuó: ACEMSA acumulaba ya al menos 79 contratos menores en los primeros meses del ejercicio, y en algunos casos el valor estimado de contratos de obra superaba los 40.000 euros que la ley fija como límite máximo para esta modalidad, así como los 15.000 euros establecidos para servicios y suministros.

La práctica fue cuestionada por el PSOE y Ceuta Ya! debido a la falta de documentación contable adecuada. El gerente, Juan Manuel Sánchez Valderrama, justificó el recurso al contrato menor como una fórmula para que las empresas de la ciudad pudieran acceder a contratos de obras. (Ceuta Ahora) La explicación no convenció a la mayoría de la oposición.

Cuentas rechazadas; aprobadas por la minoría

El Consejo de Administración de ACEMSA vio cómo varias formaciones políticas rechazaban aprobar las cuentas del ejercicio. Las cuentas de 2023 se aprobaron en un segundo intento, con los votos del PP y del MDyC, mientras que PSOE, VOX y Ceuta Ya! votaron en contra. El mecanismo es relevante: la proporcionalidad en el Consejo no refleja la de las urnas, lo que permite al Ejecutivo obtener mayoría con un solo apoyo de la oposición.

En marzo de 2025, Ceuta Ya! volvió a rechazar las cuentas de ACEMSA, argumentando que los números presentados no reflejaban fielmente la realidad de la empresa, y denunció que fueron aprobadas gracias al acuerdo entre PP y PSOE.

El juicio penal: adjudicaciones amañadas e información privilegiada

El caso más grave trasciende la gestión económica y tiene consecuencias penales. La Fiscalía sostiene que un trabajador de ACEMSA se concertó con otro empleado de Emvicesa, vinculado a una empresa de construcción, para amañar la adjudicación de obras públicas. Al formar parte de la comisión que adjudicaba licitaciones, el trabajador facilitaba a la empresa favorecida información sobre los expedientes antes de su publicación oficial, otorgándole ventaja sobre el resto de licitadores. La Fiscalía aprecia indicios de prevaricación, tráfico de influencias, utilización continuada de secreto e información privilegiada por funcionario público.

En uno de los episodios juzgados, la Fiscalía señaló que en las escuchas telefónicas el representante de la empresa adjudicataria instaba a sus interlocutores a hacer «lo que sea» para que les fueran asignadas las obras, y subrayó que el hecho de que esa conducta pudiera estar normalizada entre ciertos trabajadores no la convierte en legal. El juicio oral se celebró en la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta, con ocho personas en el banquillo.

La responsabilidad de la administración tutelante

ACEMSA no es una empresa privada: es una sociedad municipal cuya propiedad corresponde íntegramente a la Ciudad Autónoma de Ceuta, que ostenta el control del Consejo de Administración y es quien designa al gerente. Para el ejercicio 2024, la Ciudad asignó a ACEMSA una dotación presupuestaria de casi 34 millones de euros, casi el doble que en el ejercicio anterior. En 2025, la empresa recibió subvenciones por valor de 45.752.280 euros. 

La administración tutelante, esto es, el Gobierno del PP de Juan Vivas, es quien ha elegido y mantenido en su puesto al gerente, quien en 2026 ha pasado además a ejercer el mando superior sobre Obimace y Servilimpce, las otras dos grandes empresas municipales del área de Medio Ambiente. La concentración de poder ejecutivo en una sola figura, en un contexto de opacidad contable y proceso penal en curso, constituye una decisión política que requiere explicación pública.

El MDyC calificó de extrema gravedad que el gerente intentara eludir responsabilidades señalando a Servicios Tributarios y a la propia administración local como causantes de la situación. 

Conclusión

El cuadro que emerge de los datos verificados no admite lecturas tranquilizadoras: una empresa pública con ingresos normalizados que gasta por encima de sus posibilidades, que adjudica contratos al límite o por encima de lo que permite la ley sin concurso público, con proveedores impagados, abonados morosos acumulados durante catorce años, y trabajadores procesados penalmente por amañar licitaciones. Todo ello bajo la supervisión directa de la Ciudad Autónoma, que financia la empresa, designa a su dirección y aprueba sus cuentas.

La pregunta que queda pendiente no es contable. Es política.