Solidaridad pone bajo el foco el problema de aparcamiento y los sobrecostes que asumen muchos profesionales de Enfermería de Atención Primaria en Ceuta, que se ven obligados a pagar de su bolsillo los traslados para realizar curas en domicilios. Una situación que, reconoce el sindicato, no es nueva, pero no que no ha solucionado ninguna dirección territorial.

Ante “la dejadez manifiesta del Ingesa”, desde la sección sindical de Solidaridad reclaman “una solución real e inmediata al problema del aparcamiento del personal”. También que se proceda a garantizar la cobertura íntegra de los gastos derivados de los desplazamientos profesionales, así como que se dote de medios adecuados al personal para la asistencia domiciliaria, y que se revisen las condiciones en las que se está prestando este servicio. Y es que el sindicato tacha de “ridícula” la actual compensación, de apenas 58 euros cada seis meses.

Para Solidaridad, esta situación es “inadmisible, injusta y profundamente lesiva para los trabajadores de la sanidad pública”. El sindicato critica que haya enfermeros que se están viendo obligados a asumir los gastos derivados de la prestación del servicio porque realizan los desplazamientos en sus propios vehículos o incluso en taxi. También que, aun existiendo plazas de aparcamiento reservadas para el personal en los centros de salud, las mismas vienen siendo ocupadas de forma habitual por otros usuarios, sin que se vigile o restrinja el acceso por parte de la Gerencia.

“Lo que está ocurriendo no es una anécdota ni un problema puntual”, asegura Solidaridad para añadir: “Es una situación estructural, sostenida en el tiempo, que supone trasladar a los trabajadores los costes de un servicio que corresponde organizar y dotar adecuadamente a la administración”. Y el sindicato insiste en que “no se puede consentir que quienes sostienen la atención sanitaria en la calle, en los domicilios y en los centros de salud tengan que pagar por aparcar, por desplazarse y, en definitiva, por poder cumplir con su trabajo”. 

Desde Solidaridad advierten de que esta situación no solo genera un grave perjuicio económico a los profesionales afectados, sino que también evidencia “una deficiente organización del servicio y un modelo que castiga a la plantilla en lugar de protegerla”. Además, el sindicato señala que este problema no puede analizarse solo desde el punto de vista económico porque también afecta a la seguridad y salud laboral, a la carga de trabajo, al estrés derivado de los desplazamientos y a la falta de medidas organizativas eficaces.

“La representación de los trabajadores tiene competencias para vigilar el cumplimiento de las normas laborales y de prevención de riesgos, así como para promover las acciones oportunas ante la empresa y ante los organismos competentes”, avisa Solidaridad. Por último, el sindicato apunta que no aceptará “que la falta de planificación y de medios se siga cargando sobre las espaldas de los trabajadores”.