El pasado 10 de abril de 2026, el mundo asistió a un episodio inédito en las relaciones exteriores de España. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, acusó a España de librar una "guerra diplomática" contra su país y advirtió que "pagará un precio". No era un columnista de opinión ni un tertuliano exaltado: era el jefe de Gobierno de un Estado soberano amenazando directamente a España.

Netanyahu acusó al Ejecutivo español de difamar a los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel y, como consecuencia, ordenó la expulsión de los representantes españoles del Centro de Coordinación Cívico-Militar (CMCC), el mecanismo multinacional encargado de supervisar el alto el fuego en Gaza. (Público) Poco después, un ministro del Gobierno israelí calificó al presidente del Gobierno español de "un absoluto don nadie". 

Que un Estado amenace a otro con consecuencias por ejercer su posición soberana en política exterior no es asunto menor. Es, en términos de Derecho Internacional, una presión inaceptable sobre la autonomía diplomática de un Estado miembro de la Unión Europea.

El contexto: España, voz crítica en Europa

La posición española no ha surgido de la nada ni ha sido irresponsable. El presidente Sánchez ha pedido a la Unión Europea que suspenda el acuerdo de asociación con Israel por las "flagrantes" violaciones del derecho internacional humanitario, y ha instado a actuar con coherencia ante lo que considera un incumplimiento de varios artículos de ese acuerdo. 

El Gobierno español ha mantenido una postura crítica con la ofensiva israelí en Gaza desde los ataques del 7 de octubre de 2023, situándose entre los países europeos más críticos y defendiendo un alto el fuego permanente y una mayor presión internacional. 

Puede compartirse o no esa postura. Es legítimo el debate. Pero lo que no admite discusión es que ningún dirigente extranjero tiene derecho a amenazar con represalias a España por ejercer su política exterior dentro del marco del Derecho Internacional.

La pregunta incómoda: ¿dónde está la oposición?

Aquí aparece el vacío más llamativo del episodio. Cuando un primer ministro extranjero amenaza a España, la respuesta esperable de cualquier fuerza política que se proclame patriótica sería inequívoca: nadie amenaza a España impunemente, independientemente de cuál sea el Gobierno de turno.

Sin embargo, Vox apoya de manera clara a Trump y a Netanyahu, lo cual supone un problema para la formación ultraderechista en una sociedad española que percibe a ambos dirigentes entre los peores valorados de la opinión pública.

La paradoja es evidente: el partido que más agita la bandera de la soberanía nacional guarda silencio o peor, justifica cuando quien amenaza a España es un líder al que ideológicamente respalda.

El PP, por su parte, ha priorizado el ataque al Gobierno sobre la defensa de la posición de España como Estado. La distinción importa: una cosa es criticar la gestión diplomática del Ejecutivo, y otra muy distinta es omitir toda condena a quien amenaza directamente al país.

Una cuestión de Estado, no de partido.

La soberanía de España no es patrimonio de ningún partido. Cuando un dirigente extranjero amenaza con que nuestro país "pagará un precio" por sus posiciones diplomáticas, la respuesta debe ser unitaria e inequívoca desde todas las fuerzas políticas. No hacerlo no es neutralidad: es complicidad por omisión.

La sociedad española, mayoritariamente crítica con la ofensiva en Gaza según todas las encuestas disponibles, tiene derecho a exigir que sus representantes defiendan la dignidad del Estado con independencia de sus alianzas ideológicas internacionales.

La pregunta queda formulada y sin respuesta satisfactoria: ¿dónde están los partidos que dicen defender España cuando España es amenazada?

Jose Antonio Carbonell Buzzian