Hay una pregunta que nadie en Ceuta quiere formular en voz alta porque la respuesta obliga a repensar todo lo que se da por ganado. La pregunta es esta: ¿qué queda en Ceuta de los 6.340 millones de euros que facturan las diez principales empresas de juego online radicadas en la ciudad?

La consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, defendió en el Pleno de la Asamblea, el pasado mes de febrero, el impacto estructural del iGaming. Los datos son verificables y, en términos absolutos, sólidos: el sector genera 1.228 empleos directos, representa el 12% del PIB local y ha elevado la recaudación por la tasa del juego desde los 258.000 euros previos a las bonificaciones fiscales hasta los 20 millones anuales actuales. Las diez principales operadoras radicadas en Ceuta facturan 6.340 millones de euros. Ceuta concentra el 44% de todas las empresas de juego online establecidas en España y más del 60% de la facturación nacional del sector. Estas cifras no son propaganda. Son datos del propio Gobierno de la Ciudad y de los estudios presentados en el último Congreso del sector. El problema no está en los datos. Está en lo que los datos no dicen.

Esos 6.340 millones de euros no tributan en Ceuta al tipo ordinario. Lo hacen al 12,5% del Impuesto sobre Sociedades  la mitad del 25% vigente en el resto de España , con un IPSI del 0,5% frente al IVA estándar y con bonificaciones adicionales del 60% en el IRPF para trabajadores y accionistas. El diferencial fiscal es la razón de ser del modelo, no un accidente. Y ese diferencial lo fija Madrid, no Ceuta. Entre septiembre de 2023 y noviembre de 2024, el Gobierno central modificó el régimen de bonificaciones en las cuotas patronales de la Seguridad Social mediante el Real Decreto-ley 1/2023. El resultado lo documentó la propia Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) en un informe: las afiliaciones a la Seguridad Social en Ceuta sufrieron un parón de catorce meses. Cuando en noviembre de 2024 se derogó la norma y se restauró el modelo anterior, la afiliación retomó el crecimiento. Un cambio regulatorio desde Madrid paralizó la economía ceutí durante más de un año. No hizo falta ninguna crisis financiera, ningún conflicto geopolítico, ninguna catástrofe. Bastó con que el legislador estatal moviese una pieza del tablero fiscal.

Eso no es resiliencia. Es una dependencia sistémica que la ciudad ha decidido no nombrar.

El mercado laboral ceutí presenta en 2025 una estructura que merece análisis específico porque ningún actor institucional la describe con precisión. Ceuta cerró noviembre con 24.614 afiliados a la Seguridad Social, el máximo histórico de la serie. Simultáneamente, el paro registrado era de 9.128 personas, con una tasa que la CECE sitúa en el 25,47%, la más alta de España. Más de la mitad de las altas en Seguridad Social corresponden al sector público. De las casi 4.000 empresas que operan en la ciudad, más del 55% son autónomos sin trabajadores asalariados, según el último informe trimestral de la CECE. El mismo informe señala la "excesiva fragmentación del tejido empresarial ceutí, la pérdida continuada de trabajo autónomo y la fuerte dependencia del sector público" como desequilibrios estructurales persistentes.

Combinando estos datos surge un cuadro que nadie ha descrito de forma explícita: Ceuta tiene dos economías que coexisten sin tocarse. La primera es la economía del arbitraje fiscal  iGaming, Fintech, criptoactivos, influencers , que genera salarios en torno a la media nacional (aproximadamente 50.000 euros anuales, según los estudios sectoriales), emplea a 1.228 personas de forma directa y depende por completo de que Madrid mantenga el diferencial tributario. La segunda es la economía del empleo subsidiado sector público, Plan de Empleo estatal, microempresas de servicios, que ocupa a la mayoría de los trabajadores ceutíes y depende también de Madrid: sin la financiación estatal del Plan de Empleo 2025-2026, que suma 11.996.767 euros para contratar a 421 desempleados en obras y servicios de interés general, la capacidad de absorción del paro ceutí sería aún más precaria. El convenio fue publicado en el BOE el 5 de febrero de 2026 (BOE-A-2026-4056) y firmado por el presidente Juan Vivas y la delegada del Gobierno en Ceuta.

Entre esas dos economías hay un vacío. El iGaming necesita perfiles técnicos especializados gestores de plataformas, analistas de riesgo, profesionales de cumplimiento normativo que el mercado laboral local no produce en cantidad suficiente. El Gobierno ha respondido con cursos de formación gestionados por Procesa, con tasas de empleabilidad declaradas superiores al 70%. Pero el volumen de esa formación estimado en centenares de personas sobre un padrón activo de más de 85.000 habitantes y un paro registrado de más de 9.000 no cierra la brecha. Mientras tanto, los 9.128 desempleados ceutíes se concentran mayoritariamente en el sector servicios, con el 63,3% del paro soportado por mujeres y con una economía de microempresas que la inflación el 3,9% de Ceuta en el tercer trimestre de 2025, la más alta de España según la CECE presiona cada vez más.

El modelo de la economía de arbitraje tiene un precedente europeo que conviene mirar. Gibraltar construyó un sector del juego online sólido antes que Ceuta, con más de 3.400 empleos directos en un territorio de 35.000 habitantes. Cuando el Gobierno británico anunció a finales de 2025 la elevación del impuesto sobre el juego a distancia del 21% al 40%, el Gobierno gibraltareño estimó pérdidas potenciales de hasta 112 millones de libras anuales. La diferencia entre Gibraltar y Ceuta no está en el volumen fiscal. Está en el arraigo. El iGaming gibraltareño lleva décadas formando cuadros locales, integrando proveedores de servicios auxiliares y creando una cadena de valor que va más allá del domicilio fiscal. En Ceuta, el modelo lleva apenas siete años en marcha. La pregunta sobre qué sucedería si el diferencial tributario se redujese o desapareciese no ha recibido respuesta pública verificable de ningún actor institucional.

Hay un tercer elemento que completa el cuadro y que tampoco ha sido analizado de forma integrada. El Gobierno de Ceuta aprobó en diciembre de 2025 los presupuestos de 2026 con trece votos: nueve del PP más cuatro diputados no adscritos, todos ellos exrepresentantes de partidos que abandonaron tres del PSOE, uno de Vox más otros dos no adscritos que se sumaron poco después. La Asamblea arrancó 2026 con seis diputados sin adscripción partidaria, casi uno de cada cuatro parlamentarios. Ningún grupo de la oposición respaldó las cuentas. El Gobierno de Vivas gobierna con mayorías construidas sobre la inestabilidad individual de sus apoyos, del mismo modo que la economía que ese Gobierno celebra está construida sobre la estabilidad condicional de un marco fiscal que él no controla. Los dos pilares el político y el económico descansan en el mismo supuesto: que las condiciones externas no cambien.

Lo que Ceuta necesita no es otro plan estratégico con catorce ejes. Necesita un análisis honesto de su doble dependencia. Respecto al modelo iGaming, la pregunta no es si el sector aporta empleo y recaudación aporta ambas cosas y los datos lo confirman , sino qué parte de ese valor queda en la ciudad cuando las empresas facturan desde aquí pero operan con lógicas globales. La transparencia en la publicación de las memorias fiscales detalladas del sector es una exigencia de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Respecto al empleo estructural, la brecha entre los 1.228 puestos del iGaming y los 9.128 parados ceutíes solo se cierra si la formación técnica deja de ser una actividad complementaria y se convierte en el eje de una política activa con presupuesto plurianual propio, sin dependencia del Plan de Empleo estatal anual. Respecto a la estabilidad política, un gobierno que no puede aprobar presupuestos con el apoyo de ninguna fuerza de oposición y que recurre a diputados que abandonaron sus partidos no tiene legitimidad para presentar planes de ciudad a diez años. Puede gestionarla. No puede transformarla.

Ceuta es, hoy, una ciudad que mide su progreso en cifras que no controla, gobernada por mayorías que no eligió, sobre un suelo que cualquier decreto de Madrid puede remover. Eso no es una crítica a los datos. Es la descripción exacta de lo que los datos revelan cuando se leen todos juntos.