Inmigración
La Comunidad de Madrid se opuso en marzo a la acogida de siete menores inmigrantes procedentes de Ceuta
La Fiscalía Provincial de Madrid ordenó el traslado al día siguiente por falta de justificación a la paralización
El Ministerio de Política Territorial ha informado de que la Comunidad de Madrid paralizó el traslado de siete menores inmigrantes desde Ceuta indicando que no procedía su acogida. Este episodio tuvo lugar el pasado 26 de marzo y, al día siguiente, la sección de menores de la Fiscalía Provincial de Madrid concluyó que las resoluciones de traslado y reubicación son actos administrativos válidos y ejecutivos y que no concurrían circunstancias que justificaran su suspensión.
El ministro Ángel Víctor Torres ha respondido por carta a la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la comunidad madrileña que el mecanismo de derivación de niños, niñas y adolescentes migrantes continúa plenamente vigente "mientras se mantenga la situación de contingencia migratoria en territorios de llegada, como Canarias, Ceuta y Melilla".
El también presidente de la Comisión Interministerial de Inmigración ha recordado que Madrid está gobernada por la misma fuerza política que en Ceuta y Melilla y que cogobierna en Canarias, por lo que entiende que deberían ser los compañeros de la presidenta Isabel Díaz Ayuso quienes exijan explicaciones: "Por qué pone tantos impedimentos a un sistema que está permitiendo aliviar el hacinamiento y mejorar la vida de los menores".
Torres ha manifestado que estas reubicaciones “cuentan con respaldo jurídico y deben ejecutarse conforme a lo establecido por la ley” y ha insistido en que "todas las actuaciones se realizan con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica de las administraciones implicadas y, especialmente, el pleno respeto a los derechos humanos y al principio del interés superior del menor".
Por esta razón, el ministro ha reiterado su disposición al diálogo y a la cooperación institucional con todas las comunidades autónomas para asegurar una respuesta eficaz, legal y centrada en la protección de los menores; y ha ensalzado el papel del Gobierno: "Es el Gobierno de España el que más está apoyando a estas comunidades y es un hito histórico que llevan reclamando las comunidades que más presión migratoria padecen”.

El Ministerio de Política Territorial ha informado de que la Comunidad de Madrid paralizó el traslado de siete menores inmigrantes desde Ceuta indicando que no procedía su acogida. Este episodio tuvo lugar el pasado 26 de marzo y, al día siguiente, la sección de menores de la Fiscalía Provincial de Madrid concluyó que las resoluciones de traslado y reubicación son actos administrativos válidos y ejecutivos y que no concurrían circunstancias que justificaran su suspensión.
El ministro Ángel Víctor Torres ha respondido por carta a la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la comunidad madrileña que el mecanismo de derivación de niños, niñas y adolescentes migrantes continúa plenamente vigente "mientras se mantenga la situación de contingencia migratoria en territorios de llegada, como Canarias, Ceuta y Melilla".
El también presidente de la Comisión Interministerial de Inmigración ha recordado que Madrid está gobernada por la misma fuerza política que en Ceuta y Melilla y que cogobierna en Canarias, por lo que entiende que deberían ser los compañeros de la presidenta Isabel Díaz Ayuso quienes exijan explicaciones: "Por qué pone tantos impedimentos a un sistema que está permitiendo aliviar el hacinamiento y mejorar la vida de los menores".
Torres ha manifestado que estas reubicaciones “cuentan con respaldo jurídico y deben ejecutarse conforme a lo establecido por la ley” y ha insistido en que "todas las actuaciones se realizan con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica de las administraciones implicadas y, especialmente, el pleno respeto a los derechos humanos y al principio del interés superior del menor".
Por esta razón, el ministro ha reiterado su disposición al diálogo y a la cooperación institucional con todas las comunidades autónomas para asegurar una respuesta eficaz, legal y centrada en la protección de los menores; y ha ensalzado el papel del Gobierno: "Es el Gobierno de España el que más está apoyando a estas comunidades y es un hito histórico que llevan reclamando las comunidades que más presión migratoria padecen”.






















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