Cuando el Consejo de Ministros se reunió ayer en sesión extraordinaria para aprobar el plan anticrisis ante la guerra en Irán, en Madrid nadie pensó en Ceuta. No es una acusación. Es un hecho documentable, sesión a sesión, decreto a decreto, presupuesto a presupuesto. Ceuta figura en los papeles del Estado cuando conviene, y desaparece cuando se trata de proteger a sus ciudadanos.

Hoy, con el litro de gasolina a 1,544 euros y el diésel rozando el 1,617 según los datos del Ministerio de Transición Ecológica a cierre de esta edición, la ciudad más meridional de Europa vive el mismo shock energético que el resto de España, pero con un agravante estructural que ningún ministro ha nombrado en público: todo lo que consume Ceuta llega en barco.

No hay carretera. No hay alternativa marroquí desde que el comercio transfronterizo colapsó con la pandemia. Hay un barco que sale de Algeciras y que, con el precio del combustible marítimo disparado, traslada los costes al lineal del supermercado y al surtidor de la gasolinera.

Esto no es opinión. Es logística.

EL PROBLEMA CON CIFRAS

Desde el 28 de febrero, cuando comenzaron las operaciones militares en el Estrecho de Ormuz, el precio de la gasolina en España ha subido una media del 18,9% y el diésel cerca del 31,1%, según la Organización de Consumidores y Usuarios. En Ceuta, las cifras son similares: el diésel ha subido 30 céntimos en cinco semanas. Una familia con dos vehículos que reposta dos veces al mes ha perdido ya más de 50 euros de poder adquisitivo mensual solo en combustible.

El plan anticrisis aprobado ayer por el Gobierno rebajará el IVA de los combustibles del 21% al 10%. Facua-Consumidores en Acción calcula que eso supone una bajada media de 16 céntimos por litro en gasolina y 17 en gasóleo. Bien. Pero el encarecimiento acumulado desde el inicio del conflicto ronda los 45 céntimos. La rebaja fiscal cubre, en el mejor de los casos, entre el 35% y el 55% del daño. El ciudadano de Ceuta seguirá pagando más que el 27 de febrero.

Y en la cesta de la compra, según BBVA Research, el IPC escalará hasta el 3,5% en marzo con posibilidades de alcanzar el 4% en abril-mayo. Ceuta, que cerró enero ya con un 2,9% por encima de la media nacional del 2,3% según el INE, tiene todo para superar esas cifras. Los fertilizantes han subido un 45% desde el inicio del conflicto, lo que encarecerá frutas, verduras y carnes en las próximas semanas. El Gobierno, de momento, ha rechazado bajar el IVA generalizado de alimentos. Los bonos sociales no alimentan.

LO QUE EL GOBIERNO PUEDE HACER, Y NO HA HECHO

Las tres medidas que siguen no son ocurrencias. Son herramientas jurídicas ya existentes, aplicadas ya a otros territorios españoles, que el Gobierno podría activar para Ceuta mediante real decreto, sin necesidad de legislar desde cero.

Primera medida: Subir la compensación del flete marítimo del 50% al 75%.

El Real Decreto 332/2023, publicado en el BOE el 3 de mayo de 2023, estableció por fin para Ceuta y Melilla un sistema de compensación al transporte marítimo de mercancías. Tardó veintiséis años en llegar. Baleares lo tiene desde el Real Decreto 1034/1999 y Canarias desde 2009, y llegó con el porcentaje más bajo de todos los territorios no peninsulares: el 50% de los costes subvencionables.

¿Cuánto tienen Canarias y Baleares? Las mercancías con origen o destino en Baleares gozan de una compensación de hasta el 60% sobre el coste del flete (The Objective) , y en Canarias el plátano y determinados productos esenciales tienen compensaciones de hasta el 100%. (Ceuta al Día) En Ceuta, la compensación se fijó en la mitad: el 50% de los costes subvencionables, en los términos establecidos por la Ley 3/2017, de 27 de junio. (El Español)

Que quede claro lo que esto significa: el Estado reconoció en 2023 que Ceuta sufre "sobrecostes estructurales derivados de su extra-peninsularidad", lo escribió en el preámbulo del real decreto, y luego le asignó el porcentaje más bajo del sistema. Con el precio del combustible marítimo disparado por la guerra en Irán, ese 50% se ha vuelto insuficiente. El Gobierno puede firmarlo sin nueva ley. Solo necesita voluntad.

Segunda medida: Incluir a Ceuta en el mecanismo de vigilancia de precios de la CNMC con seguimiento específico.

El plan anticrisis aprobado hoy incluye sanciones para las empresas que no trasladen a los consumidores las rebajas fiscales. Bien. Pero ¿quién vigila que eso ocurra en Ceuta? La Comisión Nacional de Mercados y la Competencia opera sobre mercados peninsulares con decenas de operadores. En Ceuta, el mercado de distribución y suministro tiene menos competencia, mayor concentración y mayor capacidad de trasladar costes al precio final sin que nadie lo detecte a tiempo.

No existe hoy ningún informe público de la CNMC específico sobre el mercado de distribución minorista en Ceuta. No existe un observatorio de precios local activo. La Ciudad Autónoma no publica comparativas mensuales de precios de cesta básica. La opacidad beneficia al distribuidor, no al ciudadano.

La solución es técnicamente sencilla: incluir a Ceuta y Melilla como territorios de seguimiento diferenciado en los informes trimestrales de la CNMC sobre evolución de precios en situación de crisis. Esto no requiere nueva norma: basta con una instrucción ministerial a la comisión y un convenio con la Ciudad Autónoma para el suministro de datos locales.

Tercera medida: Crear una reserva estratégica municipal de productos básicos.

Ceuta tiene una vulnerabilidad que las capitales de provincia no tienen: si el barco de Algeciras no llega durante varios días consecutivos por huelga, por temporal, por tensión en el Estrecho, los lineales se vacían. No es hipótesis. Ocurrió en menor escala durante los temporales de los últimos inviernos, y los ciudadanos lo recuerdan.

La solución no es nueva: existe en los territorios insulares bajo el concepto de reserva de seguridad de abastecimiento. Canarias lo gestiona desde su propio consorcio de abastecimiento. Baleares tiene protocolos activados. Ceuta, no tiene nada documentado y público.

Lo que se propone es concreto: un depósito municipal rotativo de productos no perecederos de primera necesidad harina, aceite, arroz, legumbres, leche en conserva equivalente a un mínimo de quince días de consumo promedio de la ciudad, financiado con cargo al Fondo de Compensación Interterritorial, cuya dotación para Ceuta ascendió en 2025 a 11,2 millones de euros según los Presupuestos Generales del Estado. No hace falta un euro nuevo. Hace falta decisión política y gestión competente.

LA PREGUNTA QUE NADIE SE HACE EN LA ASAMBLEA

En la Asamblea de la Ciudad Autónoma no se ha debatido ninguna de estas tres cuestiones desde el inicio del conflicto. Ni en pleno, ni en comisión. El orden del día de las últimas sesiones recoge asuntos ordinarios de gestión interna mientras los ciudadanos pagan la guerra en el surtidor y en el supermercado.

El presidente de la Ciudad tiene la obligación legal de trasladar al Gobierno central las necesidades específicas del territorio. El Estatuto de Autonomía de Ceuta, aprobado por la Ley Orgánica 1/1995, le otorga competencias para ello. La pregunta no es si puede hacerlo. La pregunta es por qué no lo ha hecho.

Los datos están en el BOE, en los informes del INE, en los reales decretos ya firmados por el propio Gobierno para Baleares y Canarias. No hace falta inventar nada. Solo hace falta leer, comparar, y exigir lo que ya tienen otros.

Ceuta no es menos española que Palma de Mallorca. Sus ciudadanos no merecen menos protección que los de Las Palmas de Gran Canaria.

Alguien debería explicar por qué la tienen.