Un investigador del American Enterprise Institute pide a Trump que reconozca Ceuta y Melilla como «territorio marroquí ocupado». Más allá de la polémica, el episodio expone un mecanismo de presión geopolítica sistemático y verificable que lleva años construyéndose en los círculos de poder de Washington.

El pasado 12 de marzo, Michael Rubin investigador principal del American Enterprise Institute (AEI) y exasesor del Pentágono durante la administración de George W. Bushpublicó un artículo de opinión en el Middle East Forum bajo el título Madrid ataca a Israel, pero España es la potencia colonial. Su tesis central: que Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio deberían «corregir otro error histórico» y reconocer formalmente Ceuta y Melilla como territorio marroquí ocupado. El artículo circuló con rapidez y generó la previsible tormenta mediática en España.

Sin embargo, tratar este episodio únicamente como una provocación intelectual más sería perderse lo esencial. Lo relevante no es tanto lo que Rubin argumenta que es, como se demostrará, históricamente impreciso y jurídicamente insostenible sino por qué lo argumenta en este momento, en ese foro concreto, con esa estructura retórica. Detrás del artículo hay un mecanismo perfectamente articulado: el uso sistemático del ecosistema de think tanks de Washington como instrumento de presión geopolítica por parte de Marruecos.

Para quienes vivimos en Ceuta, este debate no es abstracto. Es nuestra ciudad. Y precisamente por eso merece un análisis riguroso, sin alarmismo ni complacencia.

1. El argumento de Rubin y sus quiebras jurídicas

Rubin sostiene que España «sigue siendo una potencia colonial» con «colonias al otro lado del Estrecho de Gibraltar». Apoya esta tesis en la extensión reducida de ambas ciudades 18 km² Ceuta, 12 km² Melilla y en que su historia comienza con la conquista: Ceuta fue tomada por Portugal en 1415 y cedida a España tras la Unión Ibérica; Melilla fue conquistada por la Corona de Castilla en 1497.

Lo que omite Rubin es determinante. La Organización de Naciones Unidas nunca incluyó a Ceuta ni a Melilla en la lista de territorios no autónomos pendientes de descolonización. Esa lista, elaborada en 1946 y revisada en 1955 y 1960, sí incorporó a Fernando Poo, Río Muni, Ifni y el Sahara Español. Las dos ciudades autónomas del norte de África no figuraron entonces, ni lo hacen hoy. Cuando Marruecos llevó el caso ante Naciones Unidas en 1975, el Comité de los 24 no admitió a trámite la petición de inclusión.

Fuente: Resoluciones de la ONU 1514 (XV), 1541 (XV) y 2265 (XXI). Colección de documentos del Comité de los 24, sesión de 30 de enero de 1975 (AC/109/75).

La soberanía española sobre estas ciudades está además sustentada en una cadena de tratados bilaterales que incluye la Paz de Tetuán de 1860, en cuyo artículo II Marruecos cedió a España «en pleno dominio y soberanía» el territorio próximo a Melilla. Tratados posteriores el Acta de Algeciras de 1906 y el Tratado del Protectorado de 1912 ratificaron explícitamente estas disposiciones. Desde la perspectiva del derecho internacional positivo, la posición española cuenta con títulos jurídicos sólidos y verificables.

Fuente: El Faro de Ceuta, «Títulos jurídicos que España posee sobre Ceuta y Melilla» (enero 2021). Real Instituto Elcano, «Nuevas narrativas para Ceuta y Melilla» (abril 2025).

Rubin presenta a España como parte del proceso colonial del siglo XX en Marruecos, señalando que se «unió a Francia en la colonización de Marruecos a principios del siglo XX». Esta afirmación es históricamente cierta para el Protectorado, pero deliberadamente confusa: Ceuta y Melilla son españolas desde los siglos XV y XVI, más de cuatro siglos antes de que existiera el Estado marroquí moderno, que no se constituyó hasta 1956. Aplicar retrospectivamente la lógica descolonizadora del siglo XX a unas ciudades que preceden en quinientos años a la entidad que las reclama constituye una inversión metodológica difícilmente sostenible en términos académicos serios.

Adicionalmente, el argumento sobre Gibraltar que el propio artículo evoca implícitamente introduce una contradicción: España reclama Gibraltar porque es un enclave extranjero en suelo español; Marruecos reclama Ceuta y Melilla porque son enclaves españoles en su entorno geográfico. Son lógicas exactamente inversas. Aceptar la tesis marroquí requeriría también aceptar la tesis británica sobre Gibraltar, algo que ningún gobierno español admitiría. Rubin no resuelve esta tensión porque no puede resolverla.

2. El mecanismo real: la ingeniería de percepción en Washington

El verdadero objeto de análisis no es el artículo de Rubin en sí mismo, sino el ecosistema en el que aparece. Rubin escribe desde el AEI y publica en el Middle East Forum. Dos días antes, el académico José Lev Álvarez Gómez publicaba otro artículo señalando que «la seguridad sería la palanca más eficaz de EEUU para coaccionar a España» y proponiendo capitalizar el «desequilibrio militar en el Estrecho de Gibraltar». La coincidencia temporal no es casual.

En los últimos años, instituciones de máximo prestigio en Washington el Atlantic Council, el Carnegie Endowment for International Peace, el Middle East Institute y el Wilson Center han intensificado notablemente su cobertura de Marruecos, presentando al país como socio estratégico indispensable en la lucha contra el terrorismo, la gestión migratoria, la transición energética y la integración económica africana. Marruecos ha pasado de ser un aliado tradicional a ser percibido como actor central en la estabilidad de un arco que va del Atlántico Norte al Sahel. Esta transformación no es espontánea.

Los think tanks de Washington funcionan como barómetros anticipatorios de la política exterior estadounidense. Sus análisis y artículos condicionan el debate antes de que se adopten decisiones formales. Que en un lapso de 48 horas dos autores distintos, en foros distintos, publiquen argumentos convergentes sobre la necesidad de que EEUU presione a España en el Estrecho revela una arquitectura de influencia construida durante años de inversión diplomática, económica y de seguridad por parte de Rabat.

Fuente: Maghreb Intelligence, citado en El Español, 14 de marzo de 2026. Atlantic Council, Carnegie Endowment, Wilson Center: publicaciones sobre Marruecos 2022-2026.

Esto no implica que los autores sean simples portavoces del lobby marroquí. Rubin es un académico con una trayectoria reconocida, especializado en Irán y Turquía, no en el Magreb. Que un especialista en Oriente Próximo redacte un artículo sobre la soberanía española en el norte de África en este momento específico coincidiendo con la retirada del embajador español de Israel el 11 de marzo y con el decimotercer día del conflicto iraní sugiere que el artículo tiene una función retórica de oportunidad: aprovechar la controversia de la política exterior de Sánchez para insertar la cuestión territorial en el debate transatlántico.

3. El contexto de Trump y la lógica transaccional

El artículo de Rubin invoca explícitamente el precedente de la administración Trump: en su primer mandato, Trump reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Rubin pide que repita la fórmula con Ceuta y Melilla. Es un argumento de coherencia retórica, pero políticamente distinto en sus implicaciones.

El reconocimiento del Sáhara Occidental fue una decisión con costes relativamente bajos para Washington: afectaba a un territorio en disputa, sin población de ciudadanía estadounidense, y servía de moneda de cambio para la normalización de relaciones entre Marruecos e Israel en el marco de los Acuerdos de Abraham. Reconocer Ceuta y Melilla como territorio ocupado sería cualitativamente diferente: implicaría desafiar directamente la soberanía de un aliado de la OTAN, afectar a ciudadanos españoles y por extensión europeos en su condición constitucional, y potencialmente desestabilizar el flanco sur de la Alianza en un momento de máxima tensión geopolítica global.

La administración Trump opera bajo una lógica transaccional, no ideológica. Marruecos ha construido un argumento de valor estratégico sólido ante Washington: modernización militar con sistemas occidentales, participación en ejercicios OTAN, inversiones en minerales críticos, acuerdos energéticos, control de flujos migratorios hacia Europa. España, en la lectura que proyectan estos analistas, aparece como socio poco fiable: tensiones con EEUU por el posicionamiento en el conflicto de Oriente Próximo, compras de tecnología china señaladas como problema, y un gobierno cuya estabilidad interna está bajo escrutinio judicial.

El artículo de Rubin no es, por tanto, una propuesta política seria a corto plazo. Es una palanca retórica: instalar la idea en el debate, normalizar el encuadramiento de Ceuta y Melilla como «territorio ocupado» en los círculos intelectuales de Washington, y crear un argumento de presión que Marruecos puede activar selectivamente en futuras negociaciones.

4. Las implicaciones para Ceuta: más allá del alarmismo

Desde Ceuta, este debate exige serenidad analítica antes que alarma reactiva. La soberanía española sobre la ciudad tiene un respaldo jurídico internacional robusto que ningún artículo de opinión modifica. La ONU no solo no reconoce las pretensiones marroquíes: tampoco tiene mecanismos para imponer una descolonización en territorios que nunca catalogó como tales.

Lo que sí resulta perturbador es la combinación de factores: el debilitamiento percibido de España en el plano transatlántico bajo el actual gobierno, la consolidación de Marruecos como actor preferente de Washington en el Magreb, y la sistematicidad con la que se construye en los foros anglosajones un relato favorable a la tesis irredentista marroquí. Ninguno de estos factores, por separado, representa una amenaza inmediata. Su convergencia sostenida en el tiempo sí merece seguimiento.

Ceuta ocupa una posición estratégica de primer orden en el Estrecho de Gibraltar. Su valor geopolítico para España y para la UE es inversamente proporcional a la atención institucional que recibe. Una ciudad con la segunda tasa de desempleo más alta de España, infrafinancida históricamente y con un tejido institucional que no siempre ha respondido a la altura de su función estratégica, es más vulnerable a los relatos de presión exterior que una ciudad consolidada y próspera. La fortaleza de la soberanía no se mide solo en tratados: también en capital humano, cohesión social e inversión pública.

El desempleo de Ceuta se situaba en el 30,3% según los últimos datos disponibles de la EPA (INE, 2025), frente a una media nacional del 11,1%.

El episodio Rubin debería servir, en definitiva, para lo que sirven los buenos catalizadores analíticos: no para indignarse ante un artículo de opinión que es exactamente el tipo de reacción que amplifica su impacto, sino para actualizar el diagnóstico sobre la posición de Ceuta en el tablero geoestratégico y exigir de las instituciones competentes una política de presencia y proyección exterior coherente con su función real.