El Grupo Parlamentario Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley que incluye un conjunto de medidas fiscales y energéticas destinadas a proteger a las familias y al tejido productivo frente al impacto económico derivado del encarecimiento de la energía en el actual contexto internacional.

La iniciativa tiene como objetivo aliviar la presión económica que soportan los hogares, reducir los costes que afrontan empresas y autónomos y evitar que nuevas subidas de la energía se traduzcan en una mayor pérdida de poder adquisitivo para millones de familias.

Desde el Partido Popular advierten de que el aumento del precio de la energía y de los combustibles tiene un efecto directo sobre la economía real, ya que incrementa los costes de producción, transporte y distribución, repercutiendo finalmente en el precio de los productos básicos y en la actividad diaria de empresas, trabajadores y autónomos.

Por este motivo, la propuesta registrada plantea medidas concretas orientadas a reducir la factura energética y la presión fiscal que soportan los ciudadanos. Entre ellas se incluyen rebajas fiscales aplicadas a la energía y a los combustibles, así como ajustes en el sistema tributario para impedir que la inflación continúe erosionando la renta disponible de las familias.

El objetivo, subrayan los populares, es devolver capacidad económica a los hogares, proteger el empleo y garantizar que las empresas puedan mantener su actividad en un escenario internacional cada vez más complejo e incierto.

El Partido Popular defiende que, en momentos de dificultad económica, la política debe ofrecer soluciones reales y eficaces. Frente a la subida de precios y a los efectos de la inestabilidad internacional, España —señalan— necesita medidas que alivien los costes que soportan las familias y refuercen la competitividad del tejido productivo.

En este sentido, el Grupo Popular contrapone sus propuestas concretas a los meros eslóganes y posicionamientos políticos, apostando por iniciativas dirigidas a proteger el poder adquisitivo de las familias, apoyar a las empresas y evitar que una nueva crisis energética vuelva a recaer sobre quienes sostienen la economía con su trabajo.