El Día Internacional de las Mujeres, conmemorado cada 8 de marzo desde que fue reconocido por Naciones Unidas en 1977, constituye una fecha clave para reafirmar el compromiso de las instituciones democráticas con la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. En 2026, bajo el lema “Derechos. Justicia. Acción. Para todas las mujeres y niñas”, la comunidad internacional recuerda que los derechos solo son plenamente efectivos cuando pueden ejercerse sin obstáculos y cuando existen sistemas de justicia accesibles, eficaces y libres de discriminación que garanticen su protección.

En este contexto, el Gobierno de España reafirma su firme compromiso con la igualdad de género, la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres y la promoción de su plena autonomía. Esta conmemoración tiene lugar en un escenario internacional complejo, marcado por la persistencia de desigualdades entre mujeres y hombres y por el retroceso de derechos en algunos países. Situaciones como las graves restricciones que sufren las mujeres en Afganistán o el impacto de conflictos armados, como la guerra en Ucrania o la situación del pueblo palestino, ponen de manifiesto que las crisis y los conflictos afectan de manera especialmente grave a mujeres y niñas, agravando las desigualdades existentes.

En España, el avance hacia la igualdad se ha sustentado en un sólido marco normativo e institucional desarrollado a lo largo de décadas. Este proceso ha permitido consolidar derechos y situar la igualdad en el centro de la acción pública. En los últimos años, se han impulsado medidas destinadas a reducir las desigualdades que aún persisten y a mejorar las condiciones de vida de las mujeres.

Entre estas actuaciones destacan la revalorización de las pensiones, que ha contribuido a mejorar la protección económica de muchas mujeres, especialmente de aquellas que accedieron al sistema en condiciones más desfavorables; la reforma laboral, que ha favorecido trayectorias profesionales más estables; y el incremento sostenido del salario mínimo interprofesional, con un impacto especialmente positivo en sectores altamente feminizados.

Asimismo, se han reforzado las políticas dirigidas a garantizar la igualdad en el ámbito laboral mediante la extensión de los planes de igualdad, el impulso de la transparencia retributiva y el desarrollo de políticas de corresponsabilidad en los cuidados. La ampliación de los permisos iguales e intransferibles por nacimiento ha supuesto un avance significativo, favoreciendo una distribución más equilibrada de las responsabilidades familiares y equiparando derechos en las familias monoparentales, mayoritariamente encabezadas por mujeres.

También se han intensificado las actuaciones frente al acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito laboral y se ha aprobado la Ley Orgánica de representación paritaria, que impulsa una presencia equilibrada de mujeres y hombres en los espacios de decisión política, institucional y económica, con el objetivo de garantizar una participación igualitaria en la vida pública.

En el ámbito de la ciencia, la innovación y la universidad, se han incorporado medidas específicas para integrar la igualdad de género en la legislación y promover la participación de las mujeres en sectores estratégicos como la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. 

La lucha contra la violencia de género continúa siendo una prioridad central de la acción institucional. La renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género ha permitido reforzar y actualizar los compromisos existentes, ampliando la respuesta institucional frente a las distintas manifestaciones de la violencia machista. Asimismo, se han impulsado nuevas iniciativas para abordar fenómenos específicos como la violencia vicaria y para mejorar la protección de niñas, niños y adolescentes, especialmente en los entornos digitales.

Los avances alcanzados se reflejan en distintos indicadores. España ha alcanzado cifras récord de empleo femenino, con más de diez millones de mujeres ocupadas, y la brecha salarial de género se encuentra en mínimos históricos. También se ha incrementado de forma significativa la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad tanto en la Administración General del Estado como en el ámbito empresarial.

En el contexto europeo, España ocupa además una posición destacada en materia de igualdad. Según el Índice Europeo de Igualdad de Género, nuestro país se sitúa entre los Estados miembros con mejores resultados, por encima de la media de la Unión Europea, especialmente en el ámbito del poder y la participación en los espacios de decisión.

No obstante, estos avances no deben conducir a la complacencia. Persisten desafíos que requieren mantener y reforzar el compromiso institucional con la igualdad efectiva. Entre ellos se encuentra la necesidad de avanzar en corresponsabilidad y en el desarrollo de un sistema público de cuidados que evite que estas responsabilidades sigan recayendo mayoritariamente sobre las mujeres.

Asimismo, el contexto de transformación digital plantea nuevos retos en materia de igualdad y protección frente a la violencia. Las niñas y adolescentes se enfrentan cada vez más a nuevas formas de violencia machista en el entorno digital, como el acoso en redes sociales, la difusión no consentida de imágenes íntimas o la generación de contenidos sexuales mediante inteligencia artificial. Ante esta realidad, resulta imprescindible reforzar los mecanismos de prevención, detección y protección, así como promover una educación digital basada en valores de respeto e igualdad.

Finalmente, este manifiesto reconoce el papel fundamental del movimiento feminista y de las asociaciones de mujeres, cuyo compromiso y capacidad de movilización han sido determinantes para lograr avances que hoy forman parte esencial de nuestra democracia.

La igualdad entre mujeres y hombres no es solo una cuestión de justicia social, sino una condición imprescindible para el progreso y la calidad democrática. Ninguna sociedad puede considerarse plenamente democrática mientras la mitad de su población encuentre obstáculos para ejercer sus derechos en condiciones de igualdad.

La experiencia demuestra que cada avance en los derechos de las mujeres supone también un avance para el conjunto de la sociedad. Cuando las mujeres acceden en igualdad al empleo, a la educación, a los espacios de decisión y a una vida libre de violencia, se fortalece la democracia y se amplían las oportunidades para toda la ciudadanía. En definitiva, cuando avanzan las mujeres, avanza la democracia.