El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones prepara la externalización del mantenimiento integral del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta mediante un contrato que puede alcanzar los 1,77 millones de euros y extenderse hasta 36 meses. La decisión se produce en un contexto de fuerte presión migratoria, con más de 1.100 entradas ilegales registradas en lo que va de 2026, una cifra que multiplica por siete la del mismo periodo del año anterior.

Según un documento interno al que ha tenido acceso y ha informado La Gaceta, la licitación no se limita a actuaciones puntuales, sino que consolida un modelo de gestión basado en servicios externos para un centro que lleva años funcionando por encima de su capacidad. El contrato contempla labores de mantenimiento preventivo y correctivo, así como la gestión del almacén de ropa y enseres, asumiendo de facto que la sobreocupación continuará siendo la norma.

El valor estimado del contrato asciende a 1.773.686,08 euros sin IVA, incluyendo posibles modificaciones y prórrogas. El presupuesto base de licitación se fija en 464.536,83 euros, con el IPSI de Ceuta incluido. El desglose económico revela que la mayor parte del gasto se destina a mano de obra: alrededor de 340.000 euros se emplearán en salarios y cotizaciones de nueve trabajadores —cinco de mantenimiento y cuatro de almacén—, en su mayoría subrogados del contrato anterior. En términos prácticos, cerca del 73 % del presupuesto se dedica a personal externo, lo que confirma la apuesta por la externalización de funciones que el Estado no gestiona con medios propios.

El propio documento reconoce el deterioro progresivo de las instalaciones, con casi 25 años de antigüedad, agravado por el uso intensivo y el elevado número de residentes en los últimos años. Este desgaste se traduce en averías frecuentes y en un mayor consumo de recursos básicos como el agua y la electricidad. Aun así, la planificación se centra en mantener operativo el centro, no en reducir la presión que lo desborda.

El contrato prevé incluso un incremento de costes si la ocupación supera determinados umbrales. Se permite modificar el importe hasta un 20 % adicional —más de 84.000 euros— si el CETI rebasa los 1.000 residentes en un solo mes o mantiene durante tres meses consecutivos una ocupación superior a las 717 personas, lo que supone un 140 % de su capacidad oficial, fijada en 512 plazas. En febrero, estos límites ya se han superado ampliamente, con picos de más de 1.100 residentes y situaciones de hacinamiento en espacios improvisados.

Además, las empresas licitadoras obtienen mayor puntuación si ofrecen hasta 280 horas extraordinarias anuales sin coste adicional, pensadas tanto para escenarios de sobreocupación continuada como para episodios de “entradas masivas” —definidas como más de 51 inmigrantes en un solo día—. Un criterio que, lejos de disuadir, asume como habitual un escenario de llegadas constantes.

Mientras tanto, el documento no contempla medidas estructurales de prevención ni de control de flujos, y el colapso del CETI sigue obligando a traslados masivos a la Península. Solo desde enero se han producido más de 620 derivaciones para aliviar una situación que, según se desprende del propio contrato, el Gobierno da por cronificada.