El vicesecretario general de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, ha criticado duramente al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, por afirmar que las aduanas comerciales de Ceuta y Melilla funcionan con normalidad. A su juicio, esta valoración no se corresponde con la realidad, ya que la actividad aduanera permanece paralizada desde el verano de 2025 tras una decisión adoptada por Marruecos.

Durante una visita a Melilla, Bravo calificó de “muy grave” que tanto el ministro de Exteriores como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desconozcan —según afirmó— el funcionamiento real de las fronteras españolas. En este sentido, lamentó que el Ejecutivo central no atienda las demandas trasladadas por los presidentes autonómicos de Melilla y Ceuta, Juan José Imbroda y Juan Vivas, respectivamente, sobre las necesidades económicas y fronterizas de ambos territorios.

El responsable económico del PP subrayó que el actual régimen de viajeros impide el traslado de compras desde Ceuta y Melilla hacia territorio marroquí, permitiendo únicamente intercambios comerciales muy limitados y con múltiples dificultades. “La aduana comercial no está operativa”, insistió, al tiempo que retó a Albares a comprobar personalmente la situación sobre el terreno.

Según Bravo, el bloqueo de las aduanas y la falta de una relación fluida con Marruecos están obligando a Melilla a buscar alternativas económicas sin el apoyo efectivo del Gobierno central. En este contexto, criticó que no se esté aplicando el acuerdo político y económico aprobado en el Senado para impulsar el desarrollo económico de la ciudad autónoma.

En el marco de su visita, el dirigente popular presentó el plan de apoyo a los autónomos del PP, basado en cuatro ejes fundamentales: reducción de impuestos y de cargas administrativas; facilidades para el crecimiento y consolidación de los proyectos empresariales; mayor protección a quienes inician una actividad; y un refuerzo de los derechos y la confianza del Estado hacia los trabajadores por cuenta propia.

Bravo defendió la necesidad de proteger al colectivo de autónomos y alertó, en el caso específico de Melilla, de la incertidumbre generada por el actual sistema de bonificaciones a las cuotas patronales de la Seguridad Social, vigente de forma condicionada hasta 2026. Este modelo —denunció— excluye a los trabajadores con contratos temporales y deja a empresarios y comerciantes sin una perspectiva clara de futuro.

Finalmente, advirtió de la “angustia añadida” que sufren los empresarios locales ante la falta de certezas sobre sus cotizaciones, en un escenario marcado por la incertidumbre en las ventas, la competencia y el funcionamiento de la frontera con Marruecos.