El Partido Popular ha exigido en la Comisión de Pesca del Senado un refuerzo urgente de la vigilancia y el control frente al uso de redes de deriva ilegales en el Estrecho de Gibraltar, el Mar de Alborán y el litoral mediterráneo. La iniciativa, defendida por la senadora por Ceuta Cristina Díaz, no contó con el respaldo del Partido Socialista, que optó por la abstención pese a reconocer la existencia del problema.

Durante su intervención, Díaz advirtió de que la prohibición de estas artes de pesca, establecida por la normativa europea e internacional debido a su carácter indiscriminado y altamente destructivo, “no sirve de nada si no va acompañada de un control efectivo”. En este sentido, subrayó que las redes de deriva siguen causando graves daños al medio marino, con capturas accidentales de cetáceos, tortugas, tiburones, rayas y aves protegidas.

La senadora popular alertó además de un incremento significativo de esta actividad ilegal. Según investigaciones especializadas publicadas en 2024, las embarcaciones vinculadas al uso de redes de deriva habrían pasado de unas 370 en 2010 a 846 en la actualidad, más del doble en poco más de una década. A ello se suma, añadió, el carácter opaco de esta práctica, que lleva a los expertos a advertir de que las cifras reales podrían ser muy superiores.

En zonas especialmente sensibles como el entorno del Estrecho de Gibraltar, Ceuta, Melilla y el Mar de Alborán, distintas organizaciones sitúan en torno a 150 los rederos que operan de forma recurrente, especialmente durante la campaña del pez espada, utilizando redes que pueden alcanzar hasta 12 kilómetros de longitud. Díaz vinculó este fenómeno a flotas que operan en el norte de África y defendió la necesidad de una cooperación internacional “más eficaz, transparente y verificable”.

“Si algo está prohibido por su impacto ambiental, pero sus efectos siguen siendo visibles en nuestras costas, es evidente que la respuesta no está siendo suficiente”, afirmó la senadora, que reclamó mayor coherencia entre los compromisos políticos y la realidad que se vive en el mar.

En su intervención, Cristina Díaz puso también en valor el trabajo de asociaciones ceutíes como CECAM y DAUBMAN, que desarrollan labores de concienciación, rescate y recuperación de especies marinas afectadas por estas prácticas ilegales. “En Ceuta sabemos lo que supone ver tortugas asfixiadas, cetáceos mutilados o redes abandonadas que siguen atrapando fauna durante años”, señaló.

La moción del Grupo Popular insta al Gobierno a reforzar la vigilancia marítima en las zonas más afectadas, intensificar y evaluar la cooperación internacional, impulsar campañas de sensibilización y establecer mecanismos de seguimiento que permitan medir la eficacia real de las actuaciones adoptadas.

Pese a reconocer la gravedad del problema, el PSOE decidió no apoyar la iniciativa. Una postura que, a juicio del PP, supone “mirar hacia otro lado” ante un fenómeno que se ha agravado con el paso de los años y cuyas consecuencias se dejan sentir de forma directa en ciudades como Ceuta, especialmente expuestas al impacto de estas prácticas ilegales.