El Instituto de Estudios Ceutíes y el Colegio Oficial de Arquitectos de Ceuta han hecho pública su preocupación por la demolición parcial del edificio de acceso a la Comandancia de Obras, un inmueble catalogado con protección integral en el Plan General de Ordenación Urbana de Ceuta (PGOUCE). Las obras comenzaron a última hora de la mañana del lunes 23 de febrero de 2026 y afectaron a la esquina de la fachada situada en la calle Brull. [

El inmueble, cuya construcción data de 1841 —aunque incorpora muros de edificaciones anteriores del siglo XVII—, forma parte del catálogo patrimonial con nivel de protección integral (I-004), lo que implica que cualquier intervención debe contar con un informe previo de la Comisión de Patrimonio, requisito del que, según ambas entidades, no existe constancia. 

Según señalan, se desconoce quién ha autorizado u ordenado la demolición. Aunque el PGOU contempla la posibilidad de derribo de elementos protegidos en casos muy concretos, como la ruina física inminente, el propio planeamiento urbanístico establece criterios estrictos para su declaración, entre ellos el carácter irreversible de los daños, la inutilidad de las medidas de seguridad y la existencia de un peligro real e inmediato para las personas.

En este caso, recuerdan que la calle Brull permanecía cerrada al tráfico rodado desde el mes de noviembre por el riesgo de caída de un muro, pero abierta al paso peatonal, y sostienen que no se daban las condiciones necesarias para justificar una demolición, máxime cuando existían alternativas como el apuntalamiento del muro afectado. 

Las entidades firmantes advierten además de que, tras la demolición del muro lateral y con el forjado de cubierta ya colapsado previamente, la fachada principal del edificio ha quedado sin arriostramiento ni medidas de estabilidad, lo que podría agravar los daños sobre un inmueble protegido integralmente. 

Por todo ello, el Instituto de Estudios Ceutíes y el Colegio Oficial de Arquitectos de Ceuta reclaman a la Ciudad Autónoma una intervención urgente, tanto para garantizar la seguridad y evitar un mayor deterioro del edificio como para proceder a la reconstrucción de los elementos demolidos, en coherencia con el régimen de protección patrimonial que establece el PGOUCE.