El BOE recoge en febrero de 2026 que las dos plazas técnicas más críticas de la Ciudad Autónoma han quedado desiertas. Lo que parece un trámite burocrático es en realidad una señal de alarma sobre el funcionamiento real de la institución.

Hay noticias que aparecen enterradas en el Boletín Oficial del Estado y que, sin embargo, dicen más sobre el estado de una administración que cualquier discurso político. En los días 17 y 18 de febrero de 2026, el BOE publicó dos resoluciones que deberían haber levantado ampollas en Ceuta y que pasaron prácticamente desapercibidas: la convocatoria para cubrir la plaza de Secretario General de la Ciudad Autónoma había quedado desierta, y exactamente lo mismo había ocurrido con la plaza de Interventor.

Dos plazas. Las dos más importantes que existen en cualquier administración local española. Nadie las quiso.

Qué son estos puestos y por qué importan tanto

Para entender la gravedad de la situación hay que saber qué hacen exactamente estas dos figuras, porque no son cargos de confianza política ni puestos de libre nombramiento al uso. Son funcionarios de habilitación nacional de categoría superior, los más exigentes del escalafón administrativo local español, seleccionados mediante oposición nacional y con una función que la ley define explícitamente como de control y garantía de la legalidad.

El Secretario General es el guardián jurídico de la institución. Asesora al gobierno local, garantiza que los acuerdos adoptados se ajustan a derecho, da fe de todos los actos y acuerdos corporativos y emite los informes jurídicos preceptivos sin los cuales muchas decisiones no pueden adoptarse válidamente. Sin secretario en propiedad, la administración funciona con interinidades o con la firma provisional de alguien que no tiene la responsabilidad legal ni el peso institucional del titular. Las decisiones se toman igual, pero sin el blindaje jurídico que debería acompañarlas.

El Interventor es la otra pieza clave. Controla que el dinero público se gasta conforme a la ley, fiscaliza los presupuestos, emite la fiscalización previa de los gastos, y en la práctica actúa como el principal contrapeso interno frente a cualquier irregularidad financiera. Es, dicho de forma directa, quien pone el freno cuando una administración está a punto de hacer algo que no debería. Sin interventor en propiedad, ese freno existe sobre el papel pero pierde parte de su eficacia real.

Los hechos concretos

Los datos son precisos. La convocatoria para la provisión del puesto de Secretario General de la Ciudad Autónoma de Ceuta se publicó en el BOE el 17 de diciembre de 2025. El Decreto de adjudicación, firmado el 27 de enero de 2026, recoge una única palabra: desierta.

Dos días después, el 19 de diciembre de 2025, se publicaba la convocatoria para el puesto de Interventor. La resolución de adjudicación, fechada el 9 de febrero de 2026, lleva el mismo resultado: desierta.

Ambas convocatorias se tramitaron por el sistema de libre designación, el mecanismo habitual para estos puestos de habilitación nacional: la administración convoca, los funcionarios con la habilitación requerida pueden presentarse, y si nadie lo hace, la plaza queda desierta. Eso es exactamente lo que ocurrió. Ceuta convocó los dos puestos más importantes de su estructura administrativa y ningún funcionario habilitado con categoría superior presentó su candidatura.

Qué problemas concretos trae esta situación

Vacío de control jurídico permanente

Sin secretario titular, cada acuerdo del Consejo de Gobierno, cada contrato relevante, cada expediente de cierta envergadura se resuelve con una cobertura jurídica provisional. Los funcionarios interinos o los que ejercen por acumulación hacen lo que pueden, pero no tienen ni la misma responsabilidad legal ni el mismo peso institucional. En una ciudad con los problemas estructurales de Ceuta, con fondos europeos que gestionar, con contratos millonarios para la atención a menores y con un gobierno en minoría que necesita que sus acuerdos tengan solidez jurídica, esto no es un detalle menor.

Fiscalización financiera debilitada

El interventor interino o accidental puede firmar los documentos, pero la independencia real del control interno se resiente cuando quien lo ejerce no ocupa el puesto en propiedad. El riesgo no es que se cometan irregularidades automáticamente, sino que el sistema de contrapesos que la ley diseñó para prevenirlas funciona con menos robustez. En un contexto en el que el propio gobierno tuvo que activar el fondo de contingencia presupuestaria en junio de 2025 porque el Estado no había transferido los fondos comprometidos para menores migrantes, tener un control financiero plenamente reforzado no es un lujo sino una necesidad operativa.

Parálisis potencial en decisiones críticas

Hay trámites que requieren informe preceptivo del secretario o fiscalización del interventor. Si quien los firma lo hace en situación provisional, cualquier parte interesada puede impugnar la validez del acto administrativo. En términos prácticos, esto puede ralentizar contratos, bloquear licitaciones y complicar la ejecución de los presupuestos ya de por sí ajustados de la Ciudad Autónoma.

Una señal de fondo más preocupante que el trámite

El problema que va más allá de la gestión inmediata es lo que la doble vacante dice sobre Ceuta como destino institucional. Los funcionarios de habilitación nacional de categoría superior son un colectivo reducido y con alta movilidad: eligen destino. Que ninguno haya querido la Secretaría ni la Intervención de una ciudad autónoma, que son puestos con más relevancia institucional que la mayoría de ayuntamientos medianos, no puede explicarse solo por causas salariales o de ubicación geográfica. Habla de cómo percibe ese colectivo el entorno institucional, la estabilidad política y las condiciones de trabajo en Ceuta.

El contexto que lo explica todo

Ceuta lleva meses en una situación administrativa de alta tensión. El gobierno de Juan Vivas sobrevive en minoría con el apoyo de los diputados no adscritos, los presupuestos de 2026 se aprobaron sin el voto de ningún partido de la oposición, y la ciudad gestiona simultáneamente una crisis de menores migrantes que triplica la capacidad del sistema, fondos europeos con riesgo de devolución por parálisis ejecutiva y una deuda social acumulada de décadas.

En ese contexto, los funcionarios técnicos de alto nivel que valoran la estabilidad institucional, la claridad del marco de trabajo y la solidez del entorno político tienen razones fundadas para preferir otros destinos. No es un juicio de valor sobre Ceuta como ciudad: es una lectura racional del entorno administrativo desde el punto de vista de un funcionario que tiene donde elegir.

Qué debería ocurrir ahora

La ley prevé mecanismos para cubrir provisionalmente estos puestos cuando las convocatorias quedan desiertas. La Ciudad Autónoma deberá volver a convocarlos, probablemente con condiciones que hagan el puesto más atractivo, o gestionar una acumulación temporal con garantías suficientes. Lo que no puede hacer es dejar la situación indefinida.

Más allá del trámite, la doble vacante debería ser la ocasión para una reflexión institucional que Ceuta lleva tiempo postergando: qué tipo de administración quiere ser, qué condiciones ofrece a quienes tienen que sostenerla técnicamente, y cómo garantiza que el control jurídico y financiero interno funciona con independencia real y no como un requisito formal que se cumple sobre el papel.

Que nadie quiera ser el secretario ni el interventor de Ceuta no es un problema burocrático. Es el síntoma de algo más profundo.

Los datos de este artículo proceden de las resoluciones BOE-A-2026-4082 y BOE-A-2026-4083, publicadas el 17 y 18 de febrero de 2026 respectivamente por la Dirección General de la Función Pública del Ministerio de Hacienda.