La denuncia de una inspectora de la Policía Nacional contra el exdirector adjunto operativo (DAO), por presunta agresión sexual no es solo una noticia más.

Es un aviso serio.

Porque cuando una mujer señala a uno de los cargos más altos del Cuerpo Nacional de Policía, no solo se analiza la conducta individual de una persona: también se pone bajo el foco la cultura interna de toda una institución.

Las fuerzas de seguridad han sido durante décadas espacios profundamente masculinizados, especialmente en los puestos de mando. 

Es cierto que el número de mujeres ha aumentado en los últimos años, pero el poder —real y simbólico— sigue concentrado mayoritariamente en manos masculinas.

Y el problema no es que haya hombres en los cargos altos.

El problema aparece cuando el poder y la jerarquía se convierten en herramientas de intimidación, silencio o protección corporativa.

Denunciar a un superior nunca es sencillo. 

Mucho menos en un cuerpo jerarquizado, donde la carrera profesional depende de evaluaciones, destinos y decisiones adoptadas desde arriba. 

El miedo a represalias, a perder oportunidades o a quedar estigmatizada no es una hipótesis: es una posibilidad real.

Por eso, cuando una mujer denuncia, lo hace sabiendo que el coste puede ser alto.

Tan preocupante como la acusación en sí es lo que suele ocurrir alrededor: rumores interesados, filtraciones, cuestionamiento público de la denunciante y una tendencia instintiva a proteger la imagen institucional antes que a quien da el paso. 

Ese reflejo defensivo —que algunos describen como "machismo rancio"— no siempre se expresa en frases ofensivas. 

A veces basta con minimizar los hechos, pedir prudencia solo a una parte o cerrar filas en torno al mando.

Desde hace años, la  Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) viene reclamando protocolos claros, independientes y de obligado cumplimiento en casos de acoso o agresión sexual dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

No es suficiente con que existan normas sobre el papel. 

Lo determinante es que se apliquen con rigor, especialmente cuando el denunciado ocupa un puesto relevante.

La ejemplaridad no puede exigirse solo hacia fuera.

Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están llamados a proteger a la ciudadanía, también frente a la violencia sexual. 

Esa misión implica una responsabilidad añadida: garantizar que dentro de la institución nadie esté por encima de la ley.

No se trata de desacreditar a toda la Policía Nacional.

Se trata de fortalecerla.

De asegurar que una agente no tenga que elegir entre su dignidad y su carrera. 

De dejar claro que la jerarquía no otorga impunidad. 

De entender que el prestigio institucional no se preserva ocultando conflictos, sino afrontándolos con transparencia y garantías.

El uniforme simboliza autoridad, servicio público y confianza.

Pero el uniforme, por sí solo, no basta.

La credibilidad se construye demostrando que el respeto y la igualdad empiezan desde dentro, sin excepciones y sin rangos que actúen como escudo.