Han pasado ya veintidós años desde la aprobación del actual Estatuto Marco del personal estatutario del Sistema Nacional de Salud. Veintidós años sin una actualización integral de un texto que regula las condiciones laborales de cientos de miles de profesionales sanitarios. Un periodo excesivo para un sistema que ha vivido transformaciones profundas, tanto en el ámbito científico y tecnológico como en el social, laboral y organizativo. Actualizar el Estatuto Marco no es una opción: es una necesidad urgente. Y, sin embargo, durante años esta reforma fue pospuesta, aplazada o directamente ignorada. Hasta ahora.

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Sanidad, ha asumido con responsabilidad este reto histórico. Y lo ha hecho con diálogo, rigor y voluntad de consenso. Más de sesenta reuniones con organizaciones sindicales, encuentros continuados con las comunidades autónomas, debates en la Comisión de Recursos Humanos y en el Foro Marco del Diálogo Social. Un proceso largo, complejo y exigente, que ha culminado en un acuerdo alcanzado el pasado 26 de enero con los principales sindicatos del ámbito sanitario: SATSE, CCOO, UGT y CSIF.

Este acuerdo sienta las bases del nuevo Estatuto Marco del Sistema Nacional de Salud, que ahora inicia su tramitación formal y parlamentaria. Un texto que no nace de la imposición, sino del diálogo social, de la negociación colectiva y del compromiso con la mejora real de las condiciones laborales de quienes sostienen cada día nuestra sanidad pública.

Frente a esta realidad, resulta llamativa la actitud del Partido Popular, que primero apoyó el mandato de actualización incluido en el Real Decreto 12/2022 y ahora, una vez más, se desdice. La palabra dada por los populares dura muy poco. Apenas unos días. Su estrategia política no responde al interés general ni a las demandas legítimas de los trabajadores y trabajadoras, sino al ataque sistemático al Gobierno y a Pedro Sánchez, incluso cuando están en juego derechos laborales básicos.

Desde el PSOE lo tenemos claro: la mejora de las condiciones laborales del personal sanitario es ineludible. Y debe hacerse sin fragmentaciones, sin privilegios y sin divisiones artificiales. Un único Estatuto Marco, para todas y todos los profesionales sanitarios, que garantice igualdad de derechos, cohesión del sistema y seguridad jurídica.

Este nuevo marco normativo busca precisamente eso: evitar desigualdades entre territorios, facilitar la movilidad profesional, mejorar la planificación de los recursos humanos y consolidar una cultura de calidad, equidad y excelencia en los servicios públicos. Establece derechos homogéneos para todo el personal estatutario, al tiempo que permite introducir disposiciones específicas cuando la singularidad de determinadas categorías lo exige.

El borrador incorpora avances sustanciales: oposiciones obligatorias cada dos años, concursos de traslados abiertos y permanentes, jornadas máximas semanales que se reducen de 45 a 35 horas, guardias limitadas a 17 horas en días laborables, mejoras reales en conciliación, reordenación de la clasificación profesional, refuerzo de la vigilancia de la salud, mayor seguridad jurídica y la posibilidad de avanzar hacia coeficientes reductores para la jubilación anticipada en profesiones especialmente penosas.

Se trata, en definitiva, de dignificar la profesión sanitaria. De reconocer el enorme esfuerzo realizado, especialmente durante la pandemia, y de sentar las bases de un sistema más justo, más humano y más sostenible.

Uno de los pilares fundamentales del nuevo Estatuto es la conciliación. Por primera vez, se reconoce como un derecho esencial. Los servicios de salud estarán obligados a planificar horarios teniendo en cuenta las necesidades personales y familiares, comunicar los turnos con antelación suficiente y contar con planes de igualdad que incorporen medidas concretas. Es un paso decisivo para avanzar hacia un modelo laboral más justo y compatible con la vida personal.

También se introducen mejoras sustanciales para el personal que trabaja a turnos: se reconoce oficialmente el tiempo de solape entre relevos, se activa la figura de la carga horaria excesiva para prevenir situaciones de sobreesfuerzo y se amplía la exención de turnos nocturnos a partir de los 55 años. Todo ello con el objetivo de proteger la salud física y mental de quienes trabajan en condiciones especialmente exigentes.

Otro avance clave es la reducción drástica de la temporalidad, una de las grandes lacras históricas del sistema sanitario. El nuevo Estatuto refuerza la obligación de convocar ofertas públicas de empleo cada dos años, agiliza los procesos selectivos, digitaliza los concursos y establece límites estrictos a la interinidad. La estabilidad laboral no es un privilegio: es una condición imprescindible para garantizar una atención sanitaria de calidad.

Conviene recordar, además, que muchas de las críticas vertidas desde algunos gobiernos autonómicos responden más a la confusión interesada que a la realidad competencial. Las comunidades autónomas tienen las competencias en listas de espera, en formación especializada, en plantillas y en organización de los servicios. El Ministerio acredita el 99 % de las solicitudes de formación MIR solicitadas por las propias comunidades. Exigir al Gobierno central responsabilidades que no le corresponden es una estrategia tan conocida como poco honesta.

El Estatuto Marco es una ley básica, lo que significa que debe establecer un marco general y dejar margen normativo a las comunidades autónomas. No puede fijar retribuciones concretas, ni determinar la distribución específica de turnos o guardias, porque hacerlo supondría invadir competencias autonómicas y abrir la puerta a recursos de inconstitucionalidad. Aun así, se garantiza que ninguna persona verá reducida su retribución y se abre un proceso para adaptar los salarios básicos a la nueva clasificación profesional.

En este sentido, es importante subrayar que el texto mantiene y amplía los espacios de negociación colectiva. Lejos de recortar derechos sindicales, refuerza la capacidad de diálogo, incorpora nuevas materias negociables y consolida un modelo participativo en la toma de decisiones.

Este nuevo Estatuto Marco no es una reforma técnica. Es una apuesta política clara por la sanidad pública, por la dignificación de sus profesionales y por la defensa de un sistema que es uno de los mayores orgullos de nuestra democracia.

Desde el PSOE de Ceuta apoyamos decididamente esta reforma. Sabemos que la sanidad pública es uno de los pilares fundamentales del Estado del Bienestar y que su fortaleza depende, en gran medida, de las condiciones laborales de quienes la sostienen cada día. Defender a los profesionales sanitarios es defender la calidad asistencial, la equidad territorial y el derecho a la salud.

Frente al ruido, la desinformación y el oportunismo político, apostamos por el diálogo, el rigor y la responsabilidad. Porque la sanidad pública no se protege con eslóganes ni con confrontación estéril, sino con reformas valientes, consensuadas y orientadas al bienestar colectivo.

Actualizar el Estatuto Marco es un paso imprescindible para construir un sistema sanitario más justo, más humano y más sólido. Y en ese camino, el PSOE seguirá estando, como siempre, del lado de quienes cuidan de todos nosotros.