Cuando los ceutíes acuden a la Delegación del Gobierno exigiendo soluciones a sus problemas cotidianos el paro, la sanidad colapsada, la frontera incontrolada, la justicia lejana están dirigiéndose a la institución equivocada. No porque sus técnicos no trabajen, ni porque sus responsables no conozcan la realidad de la ciudad. Sino porque la Delegación del Gobierno en Ceuta no es, a pesar de su nombre, un gobierno. Es una oficina de enlace. Un buzón con ventanas.

La Delegación no puede aprobar una ley que agilice la justicia porque las leyes las hacen las Cortes Generales en Madrid. No puede modificar el régimen fiscal que ahoga a las empresas porque la fiscalidad es competencia exclusiva del Estado. No puede construir un hospital ni dotar de personal a los centros de salud porque el presupuesto lo fija el Ministerio y el personal lo asigna otra administración. No puede ni siquiera autorizar una obra de envergadura sin que antes lo apruebe un ministerio que desconoce la geografía de la ciudad.

Y aquí llega el primer escollo que la ciudadanía debe entender: la Delegación no gobierna. Ejecuta. Y ejecuta lo que otro decide, a veces a miles de kilómetros de distancia, en despachos donde Ceuta es un punto en un mapa, una cifra en una estadística, una nota a pie de página en un informe de gestión.

Pero hay algo más profundo, algo que no se suele explicar cuando se habla de la Delegación. Esta institución existe porque Ceuta no es una Comunidad Autónoma. No tiene Parlamento propio. No puede legislar. No designa senadores que defiendan sus intereses en la cámara alta. Sus representantes en Madrid son un diputado y dos senadores electos, pero sin la capacidad de negociación que tienen las autonomías plenas. La Delegación es, en realidad, el precio que paga Ceuta por no ser lo que debería haber sido desde 1978: una región con voz propia.

Cuando el Gobierno de la nación es de derechas, la Delegación obedece a ese signo político. Cuando es de izquierdas, cambia el color pero no la estructura. El problema no es ideológico. Es arquitectónico. La Delegación está diseñada para transmitir verticalmente órdenes hacia abajo y problemas hacia arriba. No está diseñada para resolver. Está diseñada para gestionar la dependencia.

Y en esa dependencia reside el verdadero nudo. Ceuta lleva treinta años esperando leyes que nunca llegan. Treinta años con un Estatuto de Autonomía incompleto, con artículos que prometían una planta judicial propia y un régimen económico moderno, convertidos en letra muerta. Treinta años viendo cómo otras regiones con menos historia y menos problemas obtienen reconocimiento pleno, mientras aquí se nos ofrece la gestión de lo urgente para evitar el debate de lo importante.

La Delegación, entonces, cumple una función cómoda para el Estado central. Permite mantener la apariencia de atención institucional sin asumir el coste político de dotar a Ceuta de autonomía real. Es la excusa perfecta: mientras exista la Delegación, puede argumentarse que el Estado está presente, que no se ha abandonado la ciudad, que hay alguien al otro lado del teléfono cuando la crisis estalla. Pero ese alguien no puede contestar con soluciones. Solo puede transmitir.

Cuando la frontera se desborda, cuando los menores no acompañados colapsan los centros de acogida, cuando la justicia se retrasa años porque los jueces están en Sevilla, la Delegación está ahí. Pero no para resolver. Está para informar a Madrid, para coordinar la respuesta de otros cuerpos que tampoco pueden resolver porque tampoco tienen las herramientas, para ser el rostro visible de una ausencia real.

La ciudadanía debe entender esto: enfadarse con la Delegación es como enfadarse con el cartero porque la carta no llega. El cartero no escribe la carta. Solo la entrega. Y si quien escribe no responde, si quien debiera aprobar la ley no la aprueba, si quien debería dotar de recursos no los dota, la Delegación se convierte en el objetivo de una frustración que le corresponde, pero que no puede gestionar.

El verdadero problema no es quién ocupa el despacho de la Delegación. El problema es que ese despacho existe como sustituto de lo que debería haber: un gobierno propio, con capacidad de decisión, con herramientas legales, con representación real en las instituciones del Estado. Mientras Ceuta acepte la Delegación como única vía de relación con Madrid, estará aceptando su condición de territorio administrado, no de territorio autónomo.

La próxima vez que alguien exija a la Delegación soluciones que no puede dar, debería preguntarse por qué tiene que exigírselas a ella. Y la respuesta, incómoda pero necesaria, es que no hay otro interlocutor posible. Porque durante treinta años se ha preferido construir una oficina de correos en lugar de construir autonomía. Porque se ha aceptado la gestión de la crisis en lugar de la resolución del conflicto. Porque se nos ha convencido de que esperar es lo único posible, cuando en realidad es lo único que nos han ofrecido.

La Delegación no es el problema. Es el síntoma de un problema mayor: la resignación institucionalizada.