Existe una preocupación creciente, cada vez más presente tanto dentro como fuera del propio cuerpo, sobre el papel que desempeñan hoy algunos mandos policiales del Cuerpo Nacional de Policía. La percepción —y en muchos casos la convicción— es que el criterio político ha ganado terreno al criterio estrictamente profesional y operativo. Y eso, en una institución cuya razón de ser es la defensa de la legalidad y la lucha contra la delincuencia, resulta profundamente inquietante.

Una policía eficaz necesita independencia funcional. No independencia absoluta, porque forma parte del Estado y está sometida a la ley y al control democrático, pero sí independencia operativa real. Cuando los mandos deben más su posición a afinidades, conveniencias o equilibrios políticos que a su trayectoria profesional, experiencia en la calle o capacidad de liderazgo operativo, el riesgo es evidente: las prioridades dejan de responder exclusivamente al interés público y pasan a filtrarse por el interés político.

Esto no significa necesariamente que exista una orden directa de no actuar, pero sí puede generar algo igual de peligroso: la autocensura operativa. La prudencia excesiva, la evitación de determinados ámbitos, o la priorización de actuaciones “cómodas” frente a aquellas que pueden resultar incómodas para el poder. Es una erosión silenciosa, pero real, de la eficacia policial.

El resultado es doblemente negativo. Por un lado, afecta a la moral interna del cuerpo. Los agentes que trabajan en primera línea necesitan confiar en que sus superiores toman decisiones basadas en criterios profesionales, no estratégicos o políticos. Cuando esa confianza se debilita, también lo hace la cohesión y la motivación.

Por otro lado, afecta a la confianza ciudadana. La legitimidad de una policía democrática no se basa solo en su capacidad coercitiva, sino en su credibilidad. Y esa credibilidad depende de que la ciudadanía perciba que la policía actúa con neutralidad, sin interferencias ni condicionamientos políticos.

La politización, real o percibida, es uno de los mayores enemigos de cualquier institución policial moderna. Porque cuando el poder político influye demasiado en la estructura operativa, el riesgo es que la policía deje de ser un instrumento del Estado de derecho para convertirse, aunque sea parcialmente, en un instrumento del poder de turno.

Recuperar y reforzar la primacía del criterio profesional no es solo una cuestión corporativa. Es una necesidad democrática. La policía debe responder al ordenamiento jurídico, no a conveniencias coyunturales. Y sus mandos deben ser, ante todo, policías: profesionales con experiencia, independencia de criterio y compromiso con su función, no gestores condicionados por equilibrios políticos.

Porque cuando la política entra demasiado en los despachos policiales, la eficacia sale por la puerta.

La trampa de las estadísticas: cuando los números sirven para negar la realidad

Las estadísticas de criminalidad deberían ser una herramienta para comprender la realidad, no para maquillarla. Sin embargo, cada vez resulta más evidente que los datos oficiales se utilizan no solo para informar, sino también para construir un relato político conveniente, aunque eso suponga alejarse de la percepción real que tienen los ciudadanos en la calle.

Sobre el papel, los delitos bajan, o suben solo ligeramente. Los porcentajes se presentan con precisión quirúrgica, las comparativas se seleccionan cuidadosamente y los titulares institucionales transmiten un mensaje tranquilizador: la situación está controlada. Pero mientras tanto, comerciantes que sufren hurtos constantes, vecinos que padecen robos reiterados o barrios donde la inseguridad es una preocupación diaria perciben una realidad muy distinta.

La clave está en cómo se construyen esas estadísticas. No todos los delitos pesan igual en el relato. Una bajada en infracciones menores puede compensar, en términos porcentuales, una subida significativa en delitos más graves o más visibles socialmente. Además, muchos delitos no se denuncian, especialmente cuando los ciudadanos pierden la confianza en que denunciar sirva para algo. Esa cifra invisible —la criminalidad no denunciada— nunca aparece en los balances oficiales, pero forma parte esencial de la realidad.

También influye el enfoque temporal. Comparar periodos cuidadosamente elegidos permite ofrecer descensos que, en un análisis más amplio, serían mucho menos concluyentes. Y el uso del porcentaje, en lugar de la cifra absoluta, puede suavizar aumentos que en términos reales son preocupantes.

Pero el problema no es solo técnico, es político. Las estadísticas se convierten en una herramienta de gestión de la percepción pública. No se trata únicamente de medir la delincuencia, sino de controlar el relato sobre la delincuencia. El objetivo deja de ser explicar la realidad con honestidad y pasa a ser demostrar que la gestión es eficaz, aunque eso implique presentar una imagen incompleta.

El resultado es una fractura entre el discurso oficial y la experiencia ciudadana. Cuando la gente siente que la inseguridad aumenta, pero las autoridades insisten en que los datos dicen lo contrario, no se genera tranquilidad, sino desconfianza. Y esa desconfianza es profundamente corrosiva para la credibilidad institucional.

Negar o maquillar la realidad no la cambia. Solo retrasa la adopción de soluciones reales. La seguridad no se mejora ajustando el relato estadístico, sino afrontando los problemas con transparencia, reconociendo las debilidades y actuando con criterios operativos, no comunicativos.

Las estadísticas deben ser un espejo de la realidad, no una cortina de humo. Porque cuando los números se utilizan para tranquilizar al poder en lugar de proteger a los ciudadanos, dejan de ser una herramienta de análisis y se convierten en un instrumento de negación.

Y en materia de seguridad, negar la realidad nunca ha sido el camino para resolverla.