El Sindicato Médico de Ceuta (SMC) ha lanzado una dura crítica contra el discurso oficial del Ministerio de Sanidad, acusando a la administración de promover una imagen de defensa de la sanidad pública mientras, en la práctica, se consolida la externalización y privatización de servicios esenciales bajo la gestión del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). 

La polémica surge tras la publicación de un contrato por parte de INGESA para la gestión externa de parte de la atención en salud mental, valorado en 380.000 euros anuales y ampliable hasta 760.000 euros. Aunque el organismo sostiene que se trata de una medida “puntual y complementaria”, el SMC advierte que esta fórmula responde a un déficit estructural de planificación y recursos humanos, y no a una situación coyuntural.

El sindicato denuncia que la contratación de servicios externos debilita el sistema sanitario público, fragmenta la atención y no soluciona la falta de cobertura estructural. “Mientras en otras comunidades se promueven leyes contra la colaboración público-privada, en Ceuta los servicios sanitarios parecen colocarse bajo el cartel de ‘se vende’ o ‘se traspasa’, quedando a merced del mejor postor cada vez que falta planificación o voluntad para reforzar plantillas propias”, advierten.

La salud mental es solo la punta del iceberg. La falta de especialistas y la ausencia de incentivos específicos para una ciudad de difícil cobertura han convertido la contratación externa en la solución recurrente, en lugar de atraer profesionales al sistema público.

El SMC subraya la contradicción entre el discurso del Ministerio de Sanidad y la realidad asistencial en Ceuta: derivaciones a privados, contratos externos y ausencia de planificación efectiva para atraer y retener especialistas. Esta dependencia de recursos externos supone un riesgo para la continuidad, calidad y equidad de la atención, y puede abrir la puerta a una privatización encubierta de servicios esenciales. 

El sindicato considera inaceptable que se recurra a “parches administrativos” en vez de invertir en recursos humanos y condiciones laborales competitivas, lo que provoca la fuga de profesionales hacia la sanidad privada o el extranjero. 

Por todo ello, el SMC exige transparencia total en los criterios de contratación externa, garantías reales de que ningún servicio esencial quede en manos privadas, medidas para reforzar las plantillas y coherencia entre el discurso público y la gestión efectiva de la sanidad. Recuerdan que la sanidad pública se protege con planes y recursos, no con lemas ni campañas mediáticas.