Las asociaciones profesionales de la Guardia Civil han mostrado su rechazo contra la regularización masiva de extranjeros impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez. "Está en riesgo la seguridad", advierte el colectivo ante la posibilidad de sustituir el certificado oficial de antecedentes penales por declaraciones responsables.

En una carta enviada ayer al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, las cinco asociaciones del cuerpo expresan su preocupación por esta medida: "Es una modificación normativa gravísima" del Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

El proyecto de Real Decreto contempla que, si tras solicitar el certificado de antecedentes a su país de origen no se recibe respuesta en un mes, el solicitante podrá presentar una declaración responsable de inexistencia de antecedentes penales. Los guardias civiles denuncian que este cambio "deja sin efecto la garantía para la seguridad de la ciudadanía y genera un riesgo para los agentes de la autoridad, encargados de garantizarla".

La alternativa que proponen los representantes es que no se regularice a ningún inmigrante que no acredite oficialmente, y no mediante una simple firma personal, la carencia de antecedentes penales en sus países de residencia anteriores.