Los senadores del Partido Popular Cristina Díaz Moreno y Abdelhakim Abdeselam Al Lal han denunciado la “dejación y grave incompetencia” del INGESA, organismo dependiente del Ministerio de Sanidad, tras analizar la respuesta oficial del Gobierno sobre la situación de la psiquiatría en Ceuta, especialmente en la atención a menores. 

Según reconoce el propio Ejecutivo, la ciudad ha atravesado periodos prolongados sin psiquiatras en activo en el sistema público, una situación que el Ministerio intenta presentar como “coyuntural” e “imprevisible”. Sin embargo, esta falta de especialistas ha obligado a externalizar la asistencia y recurrir a derivaciones para sostener el servicio durante meses.

Para los senadores del PP, resulta especialmente grave que el Gobierno afirme que la atención psiquiátrica infanto-juvenil “no se ha visto interrumpida en ningún momento”, cuando los datos oficiales confirman que los menores han sido derivados fuera del circuito público ordinario, con cambios de profesional y ruptura de la continuidad asistencial. “Derivar no es garantizar la atención; es reconocer que el servicio público no podía prestarse con medios propios”, han subrayado.

La respuesta del Gobierno admite que al menos 99 expedientes de pacientes infanto-juveniles fueron reprogramados mediante derivación hasta el 13 de octubre de 2025, sin aportar datos posteriores ni aclarar cuántos menores han seguido siendo derivados desde entonces. Para Díaz y Abdeselam, este reconocimiento parcial evidencia una grave falta de transparencia del INGESA, que evita informar sobre la evolución real de un problema que no estaba resuelto.

Por este motivo, los senadores han registrado una nueva pregunta parlamentaria para conocer cuántos expedientes de menores han seguido siendo derivados desde el 14 de octubre de 2025, cuántos han tenido que salir fuera de Ceuta y cuántos han cambiado de profesional como consecuencia de esta gestión improvisada. “Si el Gobierno solo facilita datos hasta una fecha concreta y guarda silencio sobre lo ocurrido después, es porque no quiere o no puede explicar la dimensión real del problema”, han advertido. 

Además, consideran inaceptable que el Ejecutivo minimice la necesidad de psiquiatras infanto-juveniles, cuando el propio INGESA reconoce que habitualmente se asignan dos profesionales a esta atención. “Lo que ha quedado demostrado es que, cuando esos profesionales faltaron, no existía ningún plan eficaz de sustitución”, han señalado.

Finalmente, los senadores exigen al Gobierno de España que asuma su responsabilidad, abandone el “maquillaje político” y adopte medidas estructurales reales para dotar a Ceuta de un dispositivo público estable de psiquiatría infanto-juvenil, con profesionales suficientes, presencia efectiva en la ciudad y garantías de continuidad asistencial para los menores.