La gestión de la educación especial se ha convertido en uno de los problemas de mayor calado del sistema educativo actual, a juicio de una buena parte del profesorado (de manera más acusada en los centros de primaria). El desasosiego que cunde entre los docentes irá en aumento a medida que se aproxime la obligatoria supresión de los centros de educación especial (para lo que quedan, como máximo, cinco años). Ante esta realidad, parece más que conveniente que el conjunto de la comunidad educativa, y en especial el profesorado, afronte un debate amplio, sereno y riguroso sobre cómo abordar el futuro que ya es presente.

La primera cuestión que es necesario zanjar gira en torno al propio principio de inclusión, que trasciende del ámbito educativo. La inclusión es la piedra angular de la democracia. Define una forma de entender la vida y de estar en el mundo. Consiste en asumir, interiorizar y practicar el principio de que toda vida humana tiene un idéntico valor intrínseco y constituye un fin en sí mismo, diferente y singular, más allá de las circunstancias de toda índole que pudieran afectarle durante su existencia. Sobre esta cuestión no debe quedar el menor atisbo de duda. La inclusión es una característica axiomática de la democracia.

En consecuencia, el anhelo de llevar el principio de inclusión a las aulas tampoco es susceptible de discusión.  Es una obligación ineludible de toda la sociedad, con sus docentes a la vanguardia. Pero no está resultando fácil. En primer lugar, porque traducir las ideas o principios en hechos concretos siempre es difícil. Por otro lado, porque reformar las estructuras de un sistema educativo (con sus múltiples dimensiones y derivadas) es una tarea muy ardua y compleja que requiere tiempo y paciencia.

Impregnar la práctica docente cotidiana del principio de inclusión sólo puede hacerse partiendo de una premisa pedagógica aceptada por todos y todas, que informe el sistema, ordene la planificación y oriente las pautas de la acción docente individual. Originariamente, la inclusión se concebía como una “ayuda” a determinados alumnos y alumnas a integrase de la mejor manera posible en un entorno pedagógico rígido diseñado para los alumnos “normales”. La pedagogía moderna ha impugnado esta idea cambiado el paradigma. De lo que se trata es de diseñar entornos pedagógicos flexibles a los que todo el alumnado pueda acceder independientemente de sus características personales. Es necesario cambiar radicalmente “lo que hacemos en clase” para que lo puedan hacer todos y todas simultáneamente. Este es el reto.

Sin embargo, hemos de reconocer que estamos muy, muy lejos de este horizonte. En la actualidad, la educación especial se trata como un componente residual del sistema. Se puede afirmar que es una mera “inclusión formal” practicada sin ninguna convicción. Se asume que es obligatorio mantener a los alumnos y alumnas en las aulas porque tienen derecho… pero nada más. La consecuencia de este escepticismo generalizado es que la normativa existente está absolutamente desfasada, los recursos aplicados son muy escasos (sobre todo en lo relativo a profesionales complementarios) y la metodología está más que obsoleta. 

Cambiar este desolador panorama requiere un cambio radical de la política educativa. En primer lugar, asumiendo que la inclusión es cara. Disponer de un sistema educativo plenamente inclusivo, implica un esfuerzo inversor que la sociedad tiene que entender y asumir. A partir de ahí, emprender un ambicioso proceso de transformación en tres direcciones complementarias: normativa, metodológica y dotacional.

Pero un cambio de política es insuficiente si no va acompañado de un cambio de mentalidad del profesorado. De nada sirven normas (adecuadas), métodos (modernos) y recursos (suficientes) si no tienen incidencia en las clases. ¿Está el profesorado a la altura de este reto? Se está produciendo un fenómeno tremendamente pernicioso que se generaliza de manera muy preocupante: se clasifica y etiqueta a los alumnos y alumnas con la vitola “de PT” (este niño o niña es de PT) y eso se traduce en una inhibición automática en su proceso de enseñanza aprendizaje por parte de todo el centro, salvo de aquellos que profesores que son especialistas en educación especial. Frases que en sí mismas están en las antípodas de la vocación docente como “yo con este niño no puedo” o “este niño o niña no es de aquí” se adueñan del sentir de los claustros con demasiada facilidad y celeridad. La segregación psicológica es la peor de todas porque en ella está el origen de las demás. El profesorado, con sus sindicatos en primera fila, tenemos que reivindicar todos los cambios (que son muchos) necesarios para convertir la inclusión en una verdad, pero también tenemos que asumir con entusiasmo que “todos los alumnos y alumnas, sin excepción, son nuestros” y que “podemos educarlos a todos con éxito”. Aquel famoso adagio que decía: “Para educar a un individuo hace falta la tribu entera”, adquiere en este caso su más completo significado. Ese debe ser nuestro compromiso.