En el debate político contemporáneo se suele hablar de la derecha como si se tratara de un bloque homogéneo. Sin embargo, bajo esa etiqueta conviven proyectos profundamente distintos, cuando no abiertamente incompatibles. Hoy el contraste decisivo no es tanto entre derecha e izquierda como entre una derecha social y patriótica orientada al bien común y a la soberanía y una derecha liberal globalista que concibe la política como mera gestión del mercado y al ciudadano como consumidor global. Este contraste no es coyuntural ni táctico. Es antropológico, moral y político.

La derecha social y patriótica hunde sus raíces en una tradición europea y especialmente hispánica que entiende la política como custodia de una comunidad histórica concreta y como defensa activa de quienes la sostienen materialmente. La nación no es una abstracción jurídica ni un contrato reversible, sino una realidad viva construida por generaciones de personas que, con su esfuerzo cotidiano, dan forma al país real. Desde esta perspectiva, la legitimidad política no puede separarse del orden moral ni de la justicia social, y la libertad no puede desligarse del bien común. La persona es libre no cuando queda abandonada a su sola voluntad en un mercado impersonal, sino cuando vive integrada en estructuras que la protegen, la orientan y le permiten desarrollar una vida digna.

El patriotismo social implica reconocer que existe una comunidad humana fundacional con derechos preferentes derivados de su función constitutiva en la nación. El agricultor que mantiene vivo el campo, el trabajador industrial o de servicios que sostiene la economía urbana, el autónomo y el pequeño emprendedor que arriesga capital y arraigo no son meros agentes intercambiables, sino pilares de la comunidad política. Garantizar su estabilidad, su capacidad de prosperar y su continuidad generacional no es proteccionismo irracional, sino una exigencia de justicia y de soberanía. La economía, en este marco, debe estar subordinada a la vida nacional y no al revés. El mercado es un instrumento útil, pero no puede convertirse en una fuerza autónoma que destruya el tejido productivo, vacíe el territorio o fracture la cohesión social.

Frente a esta concepción, la derecha liberal promueve un modelo en el que la producción se deslocaliza, el trabajo se precariza y la nación se diluye en beneficio de grandes intereses económicos internacionales. En nombre de la eficiencia y de la maximización del beneficio, se fomenta la globalización de la producción, sacrificando al productor nacional, debilitando al campo español y sometiendo a las clases trabajadoras a una competencia permanente a la baja. El resultado es un mercado laboral cada vez más inestable, salarios presionados a la baja y una pérdida progresiva de derechos reales para quienes viven de su trabajo.

Este modelo se apoya además en la atracción de mano de obra barata mediante políticas migratorias descontroladas que no responden a criterios de integración ni de bien común, sino a las necesidades inmediatas del capital. La inmigración deja de concebirse como un fenómeno humano y social que debe ser ordenado y asimilado, para convertirse en una herramienta económica destinada a abaratar costes laborales y a debilitar la capacidad de negociación de los trabajadores nacionales. Este proceso tiene efectos profundos no sólo en el ámbito económico, sino también en el demográfico y cultural, generando dinámicas de sustitución poblacional y de desnaturalización de las identidades nacionales que erosionan la cohesión de los pueblos.

Desde esta lógica, las comunidades históricas pasan a ser un obstáculo. La disolución de identidades, tradiciones y solidaridades nacionales actúa como un mecanismo de neutralización política. Un pueblo fragmentado, precarizado y desarraigado ofrece menos resistencia a los intereses económicos globales que uno consciente de sí mismo, organizado y soberano. La derecha liberal, aun cuando se presenta como defensora de la libertad, termina favoreciendo un orden en el que las decisiones fundamentales se desplazan fuera del control democrático y fuera del alcance de las comunidades afectadas.

La diferencia última entre ambas derechas es una concepción radicalmente distinta de la persona y de la justicia. Para la derecha social, la persona es un ser comunitario, portador de derechos naturales que no se reducen al consumo ni a la movilidad, y cuya dignidad exige estabilidad, arraigo y protección frente a fuerzas impersonales. Para la derecha liberal, la persona es ante todo un agente económico intercambiable, definido por su capacidad de elegir en el mercado y adaptarse a sus exigencias. Allí donde la primera busca proteger a quienes construyen la nación, la segunda acepta su sacrificio como daño colateral del progreso económico.

La disyuntiva es clara. O se avanza hacia una derecha social y patriótica capaz de garantizar los derechos de los españoles frente a las imposiciones globales, de defender la soberanía productiva, de ordenar la economía al servicio del bien común y de preservar la continuidad demográfica y cultural de la nación, o se persevera en una derecha liberal globalista que, en nombre del mercado y de una libertad abstracta, acelera el desarraigo, la precarización y la disolución de los pueblos. No se trata de rechazo irracional al mundo contemporáneo, sino de reformar para conservar lo esencial. Allí donde todo se subordina al beneficio económico global, la nación acaba desapareciendo y con ella la libertad real y los derechos efectivos de quienes la hicieron posible.

Artículo de Fundación Denaes por Juan Sergio Redondo