El PSOE de Ceuta ha presentado una solicitud formal de información ante la Ciudad Autónoma tras detectar posibles irregularidades en el proceso selectivo para cubrir 11 plazas de bombero. Según la formación socialista, el procedimiento ha estado marcado por la falta de transparencia, la ausencia de justificación técnica y jurídica en la modificación de resultados, y la paralización del proceso durante casi seis meses sin comunicación oficial a los aspirantes.

La polémica surge a raíz de la publicación, el 18 de junio de 2025, de los resultados del reconocimiento médico, una fase eliminatoria con calificación de apto o no apto, tal y como establecen las bases. Tras el periodo de reclamaciones, el proceso quedó paralizado hasta enero de 2026, cuando el Tribunal Calificador publicó una nueva relación de resultados en la que tres aspirantes pasaron de “no aptos” a “aptos”, sin que conste públicamente la repetición de pruebas, revisión formal o motivación técnica que justifique el cambio, lo que podría contradecir las bases del proceso.

Ante estos hechos, el PSOE ha solicitado información detallada sobre las reclamaciones presentadas, los criterios técnicos y jurídicos aplicados, la existencia de revisiones médicas, los informes que fundamentaron la modificación de calificaciones y las razones por las que no se dio publicidad a las actuaciones realizadas entre junio de 2025 y enero de 2026.

Sandra López Cantero, secretaria de Política Institucional y adjunta de Organización del PSOE de Ceuta, ha subrayado que el objetivo es garantizar el respeto estricto a las bases y al procedimiento, asegurando los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público. “No podemos aceptar que se modifiquen resultados de una fase eliminatoria sin una justificación técnica y jurídica clara, pública y verificable. La opacidad en este proceso genera desconfianza y pone en cuestión la limpieza del procedimiento”, ha señalado López Cantero, quien advierte que el PSOE estará vigilante y no descarta nuevas iniciativas políticas o administrativas para defender la legalidad y la confianza ciudadana en las instituciones públicas.