El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, continúa recibiendo persistentes críticas por el abandono crónico de las comisarías de la Policía Nacional, donde miles de agentes trabajan en instalaciones vetustas, obsoletas y en muchos casos inhabitables.

Denuncias de sindicatos como JUPOL, SUP, CEP y UFPOL, junto a informes oficiales, pintan un panorama de deterioro estructural que pone en riesgo la salud, la seguridad y la eficacia de los cerca de 70.000 policías nacionales, mientras el Ministerio prioriza otras partidas y promete reformas que tardan en materializarse.

El Tribunal de Cuentas, en su informe más reciente sobre el periodo 2021-2024, alerta de que persisten deficiencias graves en más de 500 edificios policiales y militares, pese a una inversión de 589 millones de euros en mejoras materiales. De las 921 dependencias de la Policía Nacional, el 10% supera los 50 años de antigüedad y 313 se encuentran en estado regular o malo.

Entre 2019 y 2024 se clausuraron seis comisarías por inhabitabilidad, y otras seis presentan patologías estructurales severas. El promedio de edad de las comisarías ronda los 45 años, con problemas recurrentes como goteras, humedades, falta de calefacción o aire acondicionado, carcoma, instalaciones eléctricas deficientes y hasta amianto en techos.Casos concretos ilustran esta realidad: en La Línea de la Concepción (Cádiz), vídeos difundidos por sindicatos muestran a agentes con los pies bajo el agua por inundaciones durante lluvias, reflejo de un "estado ruinoso" sin soluciones efectivas del Ministerio. En Puente de Vallecas (Madrid), filtraciones y ausencia de calefacción afectan directamente a más de 200 policías...

La nueva Jefatura para Ceuta que nunca llegó

En Ceuta, el proyecto de una nueva Jefatura Superior —presupuestado en 8,5 millones de euros en el Plan de Infraestructuras de Seguridad del Estado 2019-2025— sigue paralizado por problemas con el terreno cedido (insuficiente y contaminado), incrementos de costes y falta de financiación alternativa, dejando a los agentes en dependencias de 1937 sin avances reales. La Jefatura de Colón se encuentra en un estado lamentable, "indigno" para la labor diaria del personal destinado en la ciudad autonoma.

Sindicatos como JUPOL y UFPOL acusan directamente a Marlaska de "abandono" y "desprotección institucional", señalando que las comisarías obsoletas no solo entorpecen el trabajo diario —con diseños inadecuados como grandes ventanales que exponen a los agentes— sino que generan riesgos laborales y un "penoso servicio al ciudadano". En el caso de Ceuta UFP, SUP, CEP, JUPOL y EYA, denuncian desde hace años el estado de deterioro que sufren las instalaciones de la Jefatura Superior de Policía.

En un comunicado conjunto, los sindicatos han solicitado “Soluciones, no más parches. Ya no valen los remiendos provisionales. Exigimos al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Policía una partida presupuestaria inmediata y adecuada para una reforma integral de la Jefatura Superior, o en su defecto el traslado a una nueva sede que cumpla con los estándares mínimos de dignidad, funcionalidad y operatividad para la correcta realización de nuestras funciones y el correcto y adecuado trato al ciudadano”. "No vamos a permitir que la desidia de la administración ponga en peligro la salud de los policías, y mucho menos la de los ciudadanos, cuando somos los propios policías los encargados de velar por su seguridad”, y adelantan el acudir a la Inspección de Trabajo, ante le "insorportable" situación que viven a diario, agravada por las intensas lluvias de estas semanas.

Críticas similares, en general y a nivel nacional, se extienden a la flota de vehículos y otros medios, con antigüedad excesiva que eleva costes de mantenimiento y limita operatividad, según el mismo Tribunal de Cuentas. El ministro ha defendido su gestión destacando ejecuciones en el Plan de Infraestructuras (Plise), como reformas puntuales o anuncios de 262,8 millones de euros hasta 2029 para 54 proyectos policiales. Sin embargo, el órgano fiscalizador critica la ausencia de planificación estratégica, la dependencia de fondos extraordinarios en lugar de dotaciones ordinarias y un presupuesto en 2023 un 34% inferior al de 2008. Esta insuficiencia ha llevado a agotar "cajas pagadoras" en comisarías, obligando a agentes a adelantar gastos personales, y a retrasos crónicos en obras clave.

La situación ha provocado protestas masivas de policías y guardias civiles exigiendo la dimisión de Marlaska por "no estar a la altura", junto a demandas por equiparación salarial, jubilación digna y mayor protección. Mientras el Gobierno destina recursos a modernizaciones selectivas o competencias autonómicas, los agentes denuncian que su labor diaria se desarrolla en entornos indignos y peligrosos, cuestionando la prioridad real del Ejecutivo en materia de seguridad pública.