El absentismo laboral vinculado a las bajas médicas ha dejado de ser un fenómeno coyuntural para convertirse en uno de los principales problemas estructurales del mercado laboral español, tal y como advierte con claridad el último informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que alerta de un crecimiento descontrolado del gasto, de fallos de gobernanza y de una ausencia de mecanismos eficaces de control temprano.

Los datos son contundentes: en 2024, el gasto en incapacidad temporal alcanzó los 16.500 millones de euros, superando el 1% del PIB y situándose como la segunda mayor partida de la Seguridad Social, solo por detrás de las pensiones. En apenas una década, el gasto prácticamente se ha triplicado, pasando de algo más de 5.400 millones a los niveles actuales.

Pero el problema no es únicamente presupuestario, asegura la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), ya que, desde 2017, las bajas por contingencias comunes han aumentado cerca de un 60%, pasando de 21,4 a 33,9 procesos por cada 1.000 afiliados, mientras que la duración media ha crecido de 40 a casi 46 días. Es decir, hay más bajas y cada baja dura más tiempo, de 40 días a un mes y medio, lo que multiplica el impacto económico y organizativo.

La AIReF identifica además un patrón especialmente preocupante: el 25% de los trabajadores concentra el 55% de los procesos de incapacidad temporal. Es decir, que más de la mitad de las bajas se concentran en una cuarta parte de los trabajadores. Esta reiteración apunta a una falta de actuación temprana sobre los colectivos y patologías donde el problema se cronifica. El sistema actúa tarde, cuando la baja ya se ha alargado y su coste económico y productivo es mucho mayor.

El informe también señala un fallo de diseño institucional: los médicos del sistema sanitario público prescriben las bajas, pero el coste económico lo asume la Seguridad Social. Esta separación entre quien decide y quien paga dificulta la correcta internalización del coste y favorece prolongaciones innecesarias. A ello se suma una inspección médica que, según la AIReF, interviene demasiado tarde, cuando el proceso ya se ha consolidado.

El absentismo de corta duración, inferior a 16 días, se ha incrementado cerca de un 80%. Aunque estas bajas no generan el mayor gasto directo para la Seguridad Social, sí concentran el mayor impacto en las empresas, que asumen salarios, cotizaciones, reorganización interna y pérdida de productividad. Paralelamente, las bajas largas —las que sí disparan el gasto público— han crecido alrededor de un 30%, con duraciones medias que se han alargado más de un 40% en algunos tramos. Esto significa que hay un tercio más de bajas de larga duración que antes, y para algunos tramos, se han incrementado desproporcionadamente.

Las cifras, en Ceuta

En territorios frágiles como Ceuta, con un tejido productivo reducido, alta dependencia del sector servicios y fuerte peso del empleo público, el impacto del absentismo se multiplica. Con un PIB aproximado de 1.900 millones de euros, extrapolar de forma prudente el coste agregado nacional implica un impacto anual en torno a los 40 millones de euros. Para una ciudad como Ceuta, esto es casi el doble de lo que la ciudad gastará en inversiones reales (plan de vivienda, rehabilitación de fachadas o plan de barriadas) según el presupuesto para 2026.

Para una pequeña empresa ceutí, una sola baja media de un mes y medio puede suponer un coste directo de 3.000 a 3.500 euros, una cantidad que equivale a varios meses de beneficio. En sectores como la hostelería, dos bajas simultáneas pueden elevar la factura a 8.000–10.000 euros, además de provocar cierres parciales, reducción de horarios y pérdida irreversible de ingresos.

Impacto en el sector público

El absentismo también tiene efectos directos sobre la calidad de los servicios públicos, especialmente en territorios donde el empleo público es clave. Menos personal disponible implica retrasos, sobrecarga del resto de la plantilla, deterioro del servicio al ciudadano y mayores costes presupuestarios en refuerzos y horas extra.

No se trata solo de dinero. Se trata de eficiencia administrativa, de actividad económica bloqueada y de confianza ciudadana. Un expediente que se retrasa, una licencia que no llega a tiempo o un servicio que se deteriora tienen un impacto directo en la economía local.

Conclusiones

El informe de la AIReF es inequívoco: el sistema actual de incapacidad temporal presenta deficiencias estructurales de control, seguimiento e incentivos que están disparando el gasto, alargando las bajas y trasladando un coste creciente tanto al Estado como a las empresas. El absentismo laboral ya no es una cuestión menor ni un debate ideológico. Es un problema económico de primer orden, con efectos directos sobre la productividad, la competitividad empresarial y la sostenibilidad del Estado del bienestar.