El anuncio de la regularización extraordinaria de hasta 500.000 inmigrantes irregulares en España, aprobado el 27 de enero de 2026 que el Gobierno del PSOE dio a conocer, admitiendo la peticion de Podemos, ha desatado una oleada de críticas desde los sindicatos policiales. Alertan de un inminente colapso en las unidades de Extranjería y un "efecto llamada" que podría multiplicar las llegadas irregulares, beneficiando a las mafias de tráfico humano. A esto se suma la presión de una vasta "bolsa" de migrantes en África y el norte del continente, con Marruecos como principal plataforma de lanzamiento hacia España. 

Posiciones de los Sindicatos Policiales: "Irresponsable y sin medios"

Los principales sindicatos de la Policía Nacional —JUPOL, SUP y CEP— han coincidido en rechazar la medida, calificándola de "absoluta irresponsabilidad" y un "cálculo político" que sobrecargará los servicios sin refuerzos adicionales.

JUPOL, el sindicato mayoritario, advierte que las brigadas de Extranjería, ya saturadas con trámites de asilo, no están preparadas para procesar cientos de miles de solicitudes nuevas, lo que podría generar "colas de semanas" y desviar agentes de unidades contra el crimen grave. En un comunicado, JUPOL insta al Gobierno a rectificar y dialogar para una política migratoria "transparente y con seguridad operativa", endureciendo el asilo que ven como "regularización encubierta". 

El SUP enfatiza que la decisión "traslada toda la carga a la Policía Nacional", agravando la presión en fronteras y servicios saturados, y pone en riesgo la seguridad ciudadana. La CEP añade que rompe "dos décadas de consenso europeo" sobre migración, convirtiendo a España en un destino "desmarcado" de la UE, y alerta de un "impacto operativo y funcional" directo en Extranjería y Fronteras. Todos coinciden en que la medida es una "temeridad" que ignora la realidad operativa de la Policía, con JUPOL destacando en redes y medios que "la solidaridad con derechos humanos es compatible con luchar contra redes criminales". 

El 'Efecto Llamada': Incentivo para mafias y aumento de riesgos

Los sindicatos policiales insisten en que la regularización generará un "efecto llamada directo e inmediato", incentivando entradas irregulares y beneficiando a las mafias de trata de personas. JUPOL lo describe como un "balón de oxígeno" para estas redes, que usarán la promesa de legalización como "gancho comercial" para captar migrantes en origen, aumentando muertes en rutas peligrosas como la atlántica. El SUP advierte que envía un mensaje de "premio" a la irregularidad, fomentando la trata y desautorizando el trabajo policial contra el tráfico humano. La CEP subraya que programas similares actúan como factor de atracción, especialmente en países con comunidades migrantes establecidas, y podría traducirse en más presión en costas y seguridad ciudadana. 

Portavoces como Ibon Domínguez de JUPOL han enfatizado que esto hará que "miles se jueguen la vida en manos de mafias", demandando una política europea clara y no "errática a golpe de mitín". Críticos policiales coinciden en que, sin protocolos claros ni más agentes, la medida pondrá en jaque la seguridad operativa y alentará flujos descontrolados.

La Masiva bolsa de migrantes en África: Millones en espera de cruzar

África subsahariana y el norte del continente albergan una "bolsa" estimada en millones de migrantes potenciales, impulsados por conflictos, pobreza y cambio climático. Según Frontex, en 2024, 220.700 migrantes irregulares entraron en Europa, con un 60% desde el norte de África, donde se acumulan personas bloqueadas por controles en Libia, Túnez y Marruecos. 

En Marruecos, se estima que decenas de miles de subsaharianos esperan oportunidades para cruzar, con un aumento en el Sáhara Occidental hacia Canarias. Datos del Ministerio del Interior marroquí indican que en 2025 se abortaron casi 49.000 intentos de emigración irregular, un descenso respecto a 2024, pero con acumulación en costas atlánticas. Orígenes principales incluyen Mali (31% de llegadas a Canarias en 2025), Senegal (29%) y Guinea (12%), con perfiles vulnerables como sudaneses huyendo de conflictos. 

La UE y España han firmado acuerdos con Mauritania, Gambia y Senegal para frenar salidas, pero los expertos alertan de un "efecto embudo" que desplaza flujos hacia Marruecos. En total, África representa el 5% de los irregulares en España (alrededor de 42.000 de 840.000 estimados), pero con potencial para crecer si se percibe "facilidad" en la regularización. 

Marruecos como plataforma de salida: Presión estratégica y rutas letales

Marruecos actúa como principal "plataforma de lanzamiento" hacia España, controlando rutas mediterráneas (Estrecho de Gibraltar, Ceuta y Melilla) y atlánticas (hacia Canarias). El reino alauí ha reforzado seguridad, vaciando costas mediterráneas de subsaharianos, pero usa la migración como herramienta diplomática.

En 2025, las llegadas terrestres a Ceuta y Melilla crecieron 45%, con 3.850 personas, mayoritariamente marroquíes y argelinos. Sindicatos policiales temen que el "efecto llamada" reactive estas rutas, con Marruecos como "dique" que podría "abrirse" si percibe debilidad española. 

Programas como WAFIRA II (2026-2028), pactado con España, Francia y Marruecos, buscan migración circular para 3.000 trabajadores marroquíes, pero no abordan la irregularidad subsahariana acumulada. Los analistas advierten que, con millones en África occidental (Senegal, Mauritania, Sudán) esperando, cualquier percepción de "premio" en España podría disparar intentos, elevando riesgos en travesías letales.