La tragedia ferroviaria de Adamuz, con 46 víctimas a consecuencia de una actuación que, de una u otra forma, todo indica que ha sido negligente por parte del Gobierno Sánchez y por derivación de su ministro de Transportes, por cuestiones de una falta de mantenimiento adecuado de las vías, de revisiones adecuadas y de un sinfín de cuestiones que han supuesto un "viaje hacia la muerte" de tantos inocentes. Sin embargo, pese a que se escuchan voces que reclaman justicia y que aducen responsabilidades penales por homicidio culposo en razón a comportamientos negligentes y carentes de la cautela adecuada para preservar riesgos, lo cierto es que Oscar Puente, el ministro "tik tok" se empeña en ocultar informes y explicitar que hasta 2030 nadie de explicaciones de una transparencia que se impone en memoria de las víctimas.

Los delitos por acción u omisión, las responsabilidades políticas que pasan por las dimisiones y pérdidas del cargo por incapacidad, aún no se han producido, como tampoco lo ha sido en esa decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que ha devuelto a la Audiencia provincial de Ceuta la sentencia del policía local que asesinó a su esposa, con el consiguiente "rapapolvo" a la presidenta del tribunal, la veterana -que ha solicitado 2 años más de prórroga laboral-, Rosa de Castro a quien ha ordenado el TSJA que en una nueva actuación judicial se aparte del caso como también el Jurado Popular que se encargó del pronunciamiento de la Sentencia.

Me llama poderosamente la atención que, cuando a nivel nacional se alude al homicidio culposo a los políticos, en Ceuta, esta figura jurídica pase desapercibida tanto para la Fiscalía como para la acusación porque en mi opinión sí existe responsabilidad penal, en toda la estructura política con influencia en la gestión de la Policía Local: Superintendente, consejero de Gobernación y presidente de la Ciudad. Permitir, todos ellos, que un policía local en tratamiento psiquiátrico maneje un arma y se le permita ejercer sus funciones con la misma, demuestra tal indolencia e irresponsabilidad que clama al cielo, por lo escandaloso del caso: Se le reconoce como atenuante sus problemas mentales y, sin embargo, es la causa fundamental para una posible imputación penal para Juan Vivas y sus subordinados con responsabilidad en la Policía Local que, por negligencia, no impidieron un asesinato de una inocente. Y el colmo de todo es resolver con una indemnización el asunto, como si la vida humana tuviera un precio tasado y estipulado, mientras los causantes por omisión de sus responsabilidades tuvieran que quedar indemnes de cualquier responsabilidad penal.

Si para Adamuz, los familiares de las víctimas reclaman responsabilidades por homicidio culposo, en el mismo caso están los familiares de la exfuncionaria del Juzgado a quien su marido asesinó porque sus superiores le permitieron disponer de un arma para la que no estaba facultado mentalmente.

En este caso, como en el Adamuz, hubo negligencia culposa, incumplimiento del deber de control de un individuo al que no se le sometió a revisión de su patología y un delito de dolo.

Ahora que el TSJA ha ordenado repetir el juicio contra el policía local de Ceuta condenado en 2025 por el asesinato de su mujer en 2022, al estimar el recurso de la defensa, ahora que se anula el veredicto del jurado por falta de motivación y el juicio deberá de celebrarse de nuevo con un nuevo jurado y otra magistrada, es el momento de introducir la petición de responsabilidades penales por homicidio culposo, ya que sería un escándalo que el acusado -como se ha publicado-, pudiera quedar libre si la repetición del juicio no concluya antes del 14 de marzo de este año, fecha en la que el acusado podría quedar libre, después de cometer el asesinato para el que la versión de la defensa era de "accidente".

Las responsabilidades políticas en la tragedia de Adamuz son equivalentes a la actuación negligente de los políticos de Ceuta en el caso del policía local con la tragedia que acabó con la vida de su esposa. De pasar por alto un hecho de estas características se está poniendo sordina a unos comportamientos que, de haber ejercido sus responsabilidades, tal vez, hubieran evitado la muerte de una inocente. No fue un "accidente", ni tampoco una simple casualidad, sino el desenlace a la negligencia de, al menos, tres responsables políticos: El Superintendente de la Policía Local, el consejero de Gobernación y el presidente de la Ciudad. Todos ellos permitieron utilizar un arma reglamentaria a quien no estaba capacitado mentalmente para hacerlo y se puso en sus manos un artilugio mortífero. Aquí también descarriló la conciencia, la responsabilidad y el sentido de vigilancia necesario para preservar con la suficiente cautela, un hecho doloso con resultado de muerte. Un fatal desenlace donde los políticos han quedado al margen, como si no fueran los superiores de este asesino.