Antes de cualquier análisis, antes siquiera de cualquier reproche, lo primero —y lo único decente— es mirar a las víctimas. Mirarlas sin el refugio cómodo de los tecnicismos ni el alivio cobarde de las explicaciones prematuras. A ese padre que ya no volverá a llevar a su hijo al colegio. A esa mujer a la que la vida se le interrumpió sin aviso. A ese estudiante al que el futuro se le cerró de golpe. A ese joven maquinista, de apenas 28 años, que salió a trabajar como cada día y nunca regresó. Es por ellos —por esas vidas concretas— por lo que la responsabilidad no puede aplazarse sin caer en la indignidad.

Porque cuando el dolor empieza a traducirse en cifras y la tragedia se ordena en estadísticas, algo esencial se rompe. Comparecen entonces los recuentos, los protocolos y las responsabilidades abstractas; comparece el debate político, siempre diligente para apropiarse del suceso y volverlo manejable. Ya no se habla de personas, sino de números; no de vidas truncadas, sino de balances provisionales. El dolor es lo que impide que la tragedia se archive: no reclama explicaciones que absuelven, sino responsabilidades claras; no sirve al relato, sino a la memoria incómoda.

Respetar no es callar. El silencio no honra a las víctimas: protege a los responsables. Precisamente porque hay víctimas, es imprescindible nombrar lo que otros preferirían diluir. Porque cuando el duelo pasa —y pasa siempre demasiado rápido— deja de incomodar y empieza a ser administrable. Es entonces cuando la tragedia se ordena, se explica, se enfría. Y ahí aparece la coartada.

Lo ocurrido en Adamuz no es una desgracia llegada de ninguna parte, sino la consecuencia lógica de una forma de gestionar lo público basada en la dejadez y en la impunidad. Infraestructuras envejecidas, sistemas fatigados, controles relajados y una Administración más preocupada por blindarse que por prevenir. Lo habitual.

La red ferroviaria española, que fue orgullo nacional, se ha convertido en un espejo del país: envejecida, mal mantenida y sometida a una lógica política donde lo importante no es la seguridad del ciudadano, sino el relato. Hay dinero para todo, menos para garantizar que un tren alcance su destino sin convertirse en una ruleta rusa. Lo importante no es que el tren llegue, sino que el relato no descarrile.

Y mientras se pide prudencia, silencio y respeto —siempre en nombre de una dignidad que nunca se exige a los poderosos— todavía hay cadáveres atrapados entre hierros, esperando. En otra circunstancia, esos trenes ya habrían sido retirados y desguazados. Aquí la muerte sigue a la intemperie. Y es una vergüenza. Vergüenza de quienes hoy reclaman calma y respeto y ayer incendiaron calles, rompieron duelos ajenos y utilizaron la tragedia como arma política cuando les convino. Entonces no había pudor ni espera; había prisa. El problema nunca ha sido politizar una tragedia, sino quién la politiza y para qué.

A las víctimas no se las gestiona. Se las honra con verdad y con hechos. La compasión sin consecuencias es una forma vomitiva de cinismo. No se honra a los muertos con minutos de silencio ni con declaraciones solemnes, sino con decisiones reales, con inversiones serias, con dimisiones cuando corresponde y con un principio que debería ser elemental y hoy parece olvidado: la vida de los españoles está por encima de la estabilidad de cualquier cargo.

Cada día que pasa sin responsabilidades y sin reparación, el abandono deja de ser negligencia y se convierte en encubrimiento. Un sistema que ha hecho de la huida hacia delante su forma de gobierno, que no corrige ni asume, y en el que la mentira y la corrupción forman parte del paisaje, acabará llevándose a España —y a sus hijos— por delante.