En política no todo vale. Y cuando un Gobierno cruza determinadas líneas, no basta con votar; hay que explicar por qué se vota y, sobre todo, qué se está intentando ocultar. 

El Real Decreto 16/2025 es un buen ejemplo de cómo el Gobierno de Pedro Sánchez ha normalizado una forma de gobernar tramposa: utilizar las pensiones como rehén parlamentario. Se nos plantea un falso dilema: o apoyas un decreto ómnibus cargado de medidas ajenas y polémicas, o eres señalado como enemigo de los pensionistas. Ese planteamiento es profundamente injusto y deliberadamente engañoso. 

La revalorización de las pensiones no es una concesión del Gobierno. Es un derecho justo, necesario y plenamente compartido. El Partido Popular lo ha demostrado con hechos: hemos registrado una proposición de ley específica para garantizar esa revalorización. Si el Ejecutivo trajera un decreto limpio, exclusivo para las pensiones, sería aprobado sin problema. Pero no lo hace. ¿Por qué? 

Porque las pensiones no son el objetivo, sino la coartada. El objetivo real es colar, en un mismo paquete, medidas que nada tienen que ver con ellas y que merecen un debate separado. Medidas en materia de vivienda, fiscalidad, cotizaciones o protección social que el Gobierno sabe que no lograrían el mismo respaldo si se presentaran con transparencia. 

Uno de los ejemplos más graves es la protección de la inquiokupación. Bajo el supuesto “escudo social”, el Estado se desentiende de su responsabilidad y traslada el coste de su política fallida a pequeños propietarios, muchos de ellos pensionistas que dependen de un alquiler como complemento a una pensión ajustada. No es política social: es privatizar el coste de la inacción pública. 

Este modo de legislar degrada las instituciones. Convierte los derechos sociales en moneda de cambio y elude el control parlamentario real. No se gobierna así por necesidad, sino por cálculo político: para mantener pactos, tapar escándalos y sostenerse en el poder a cualquier precio. 

Decir no a este decreto no es decir no a las pensiones, ni a las personas vulnerables, ni a los trabajadores o a los autónomos. Es decir no a un chantaje político. Es negarse a aceptar que el bienestar de millones de personas se utilice como arma arrojadiza en el Congreso. 

La democracia exige claridad. Cada medida debe defenderse por lo que es, no esconderse detrás de otras que nadie discute. Y los pensionistas merecen respeto, no ser usados como escudos políticos. 

Por eso mi posición es clara y la explico sin ambigüedades: sí a las pensiones, siempre; no a los decretos trampa; no a una forma de gobernar que confunde protección social con manipulación parlamentaria. 

Cristina Díaz 

Senadora por Ceuta del Partido Popular